El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 84 votos, una minuta por la que se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que sustituirá a la de las Personas con Discapacidad, emitida en 2005.
De esta manera, se emite un marco jurídico que armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llena de huecos en la legislación vigente y evita posibles controversias e incertidumbre jurídica.
Con esta nueva ley, el Estado está obligado a promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
Entre las medidas contra la discriminación de las personas con discapacidad, destacan la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que tenga.
Además, contiene acciones positivas de apoyo para prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
Para ello, se prevé la creación de un Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, que formulará políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la propia ley.
Las personas con discapacidad a gozarán del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación, mediante programas y servicios considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible.
Para el desarrollo profesional, la legislación prevé la obligación de la Secretaría del Trabajo para emprender la promoción del derecho al empleo de las personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.
También, la ST deberá diseñar políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso.
Para el acceso a la educación, se procurará equipar planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille y equipos computarizados con tecnología para personas ciegas.
Al fundamentar el dictamen, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirmó que con la nueva ley se rompe el paradigma que lesionaba a las personas con discapacidad y sus familias.
La propuesta contempla las directrices necesarias para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en circunstancias de igualdad, aseveró.
Expuso que para llegar hasta este momento, se ha transitado por un largo camino, que representa más de dos años de reuniones y consensos, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
A su vez, el senador priísta Alfonso Elías Serrano sostuvo que con la aprobación de la nueva legislación, México se ubica a la vanguardia a nivel mundial.
Además –dijo— esta ley será un parteaguas en materia de respeto a los derechos de este grupo de la sociedad mexicana que requiere atención pero también igualdad de oportunidades.
Por el PRD, el senador Tomás Torres Mercado expresó la aprobación de esta ley es el prólogo de un dictamen que está pendiente de votación en el Pleno del Senado y que reivindica centralmente modificaciones en lo que hace al reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
Solicitó a las comisiones desahogar la reforma constitucional que aborda derechos humanos y establece mecanismos de protección y control en la Ley de Amparo, a fin de que exista congruencia con esta nueva ley.
Finalmente, el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, indicó que era apremiante para la legislación nacional ser consecuente con algunos tratados internacionales, pero sobre todo realizar una armonización legislativa en materia de discapacidad.
Informó que tan sólo en México hasta 2003 había 9.7 millones de personas con discapacidad, que además forman parte de los grupos más discriminados del país, lo cual hace urgente la integración social de estas personas.
“Las personas con discapacidad requieren equiparación de oportunidades y aún más el apoyo efectivo del Estado y la sociedad civil; no necesitan compasión, necesitan comprensión, respaldo e instrumentos jurídicos para su inclusión social”, enfatizó.
El dictamen se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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