La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que establece la prohibición de todo tipo de discriminación, incluso la motivada por “las preferencias sexuales”.
Entre otros cambios, con la enmienda se deroga la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea la CNDH quien indague hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.
Lo anterior, cuando así lo juzgue conveniente o lo pida el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso, gobernador, el jefe de gobierno del D.F. o las legislaturas estatales.
Asimismo, se dispone que las autoridades tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Pedro Joaquín Coldwell afirmó que con las modificaciones se protegen los derechos humanos de segunda y tercera generación contenidos en los tratados internacionales que ha firmado el gobierno mexicano y ratificado el Senado de la República.
Se realizó --dijo-- una restructuración del Artículo 29 de la Carta Magna, a fin de establecer “que hay un piso de derechos humanos que bajo ningún concepto, así haya una grave perturbación del orden público o calamidad natural, se pueden suspender”.
De esta manera, enfatizó, los derechos de los niños, de conciencia, a profesar creencia religiosa alguna, a la vida e integridad personal, a la protección de las personas, entre otras garantías, no podrán restringirse.
Aclaró que la incorporación de las preferencias sexuales como causante de discriminación brindará mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales.
“El derecho a la no discriminación por preferencias sexuales --subrayó-- no concede un fuero o un privilegio indebido, pues se relaciona con el de la igualdad y cómo tal debe ser entendido de buena fe y de manera sistémica con el resto de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales”.
“Estamos --señaló-- frente a la reforma más importante de los últimos 25 años. Desde que se creó la Comisión de los Derechos Humanos, no se había llevado a cabo en nuestro texto constitucional una reforma de gran calado para modernizar los derechos fundamentales de los mexicanos”.
Al respecto, el senador panista Santiago Creel Miranda mencionó que gracias a la conducción que se dio en las comisiones dictaminadoras, la reforma no quedó atrapada en debates ideológicos insuperables en una mesa de negociación.
En este sentido, aclaró que hay aspectos que los partidos políticos defienden, ya que “es parte de nuestra doctrina que nos da identidad, son cosas que defendemos porque nos diferencian a los partidos”.
Sin embargo, precisó que esos principios no estuvieron en la mesa de negociación “porque pensamos que en todo caso quien debe dirimir estas cuestiones no es una mesa de negociaciones, sino las urnas”.
Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam expresó que en el momento “tan difícil, tan crítico que vivimos, en el que nos hemos visto obligados a aprobar cuestiones de excepción, con la más pura intención de que sean excepcionales y cortas en su duración, esta reforma busca cumplir con los propósitos esenciales del Estado”.
Asimismo, explicó que se pretende establecer tres cuestiones en la vida del Estado: equilibrio, armonía e igualdad, ya que “acercarnos a ellas permitirá que nadie sea discriminado incluso por sus errores”.
Evitar que si alguien tiene que ser sancionado en los términos de su conducta que no sea en los de discriminación y desigualdad; esto habla de madurez ciudadana y de Estado, puntualizó.
En tanto, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez destacó que con esta reforma el Congreso da una respuesta a la tendencia de restringir libertades.
“Responde con un decreto para consagrar y ampliar libertades y derechos, así como para que el Estado garantice su pleno ejercicio”, subrayó.
En este sentido, recalcó: “es una manera de responder a los aires dominantes que apuntan hacia el establecimiento de un Estado policiaco”.
A su vez, el senador Arturo Escobar y Vega dijo que la trascendencia de esta reforma y la importancia que tiene en el fortalecimiento de la vida institucional del país, son razones suficientes para expresar el pleno consentimiento del grupo parlamentario del PVEM.
Consideró razonable incorporar las preferencias sexuales, a fin de brindar mayor certeza jurídica y protección a los heterosexuales y no heterosexuales en el ámbito social.
Resaltó que la instrumentación de esta reforma ha sido un claro ejemplo de coordinación en el trabajo legislativo de ambas cámaras.
A su vez, el senador del PT, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que la reforma constitucional “constituye el saldo de una cuenta pendiente en materia de actualización de nuestro ordenamiento fundamental”.
Señaló que en lo general con el dictamen se avanza “hacia la consolidación de un régimen democrático y del Estado de derecho”, pues incorpora categorías conceptuales del derecho internacional para dar congruencia teórica y técnica a la Carta Magna.
Sin embargo, en su opinión, contiene “una serie de inconsistencias que riñen con el propósito fundamental” de la propuesta, pero “estamos frente una reforma de las más transcendentes en la historia del constitucionalismo mexicano, que ha merecido la crítica positiva de los organismos internacionales de derechos humanos en el mundo”.
Por Convergencia, el senador Dante Delgado coincidió en la conveniencia de actualizar el régimen legal adoptado en los tratados internacionales y resaltó que la reestructuración del artículo 29 “da avances porque la suspensión de garantías tiene limitantes”.
Sin embargo, estimó que la supresión de la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su trasferencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “puede implicar acciones que a la larga repercutan en la creación de un instrumento burocrático pesado”.
Antes de presentar sus reservas al dictamen que cambia la denominación De las garantías individuales del Capítulo I del Título Primero de la Carta Magna por la de De los Derechos Humanos y sus Garantías, los senadores aprobaron la reforma en lo general por 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
En la discusión los legisladores presentaron reservas a los artículos 1, 11, 29, 97 y 102 del dictamen.
Además, el pleno avaló una modificación propuesta presentada por el senador Sergio Álvarez Mata, del PAN, al Artículo 102, apartado B Constitucional, para que se preservara la redacción de su último párrafo propuesta por el Senado el pasado 8 de abril de 2010.
Así, la CNDH ejercerá facultades de investigación, sin que autoridad alguna pueda negarle la información que requiera y mantendrá la reserva de la misma con ese carácter que se le proporcione.
Luego de avalar los artículos reservados, el dictamen se devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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