El Senado de la República ratificó la necesidad de promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellos.

Lo anterior, debido a que México depende en más del 90 por ciento de recursos fósiles para la generación de energía.

Por ello --señala el dictamen-- resulta pertinente que las dependencias públicas utilicen en sus inmuebles dichas energías, en la medida de las características de cada uno de ellos, de su ubicación y de las posibilidades técnicas y financieras.

El dictamen, que reforma la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, resalta que el país cuenta con un potencial importante en materia de energías renovables, como son la eólica, la solar, la maremotriz y que éstas no han sido desarrolladas ni aprovechadas de manera suficiente.

Al hablar a favor del dictamen, el senador petista Ricardo Monreal Ávila señaló que este proyecto es un avance para transitar al uso de energías más limpias.

“Qué mejor que el gobierno y las entidades públicas prediquen con el ejemplo”, subrayó el legislador.

En este sentido, los senadores aprobaron otro dictamen que modifica dicha ley, a efecto de que se elabore y publique el Atlas Nacional de Zonas Factibles para Desarrollar Proyectos Generadores de Energías Renovables.

El documento señala que es necesario contar con un atlas de las zonas propicias para llevar a cabo proyectos generadores de energías renovables, ya que permitiría contar con un instrumento técnico de gran utilidad para el desarrollo energético del país.

Asimismo, el mapa podrá facilitar la reunión de información geográfica para una adecuada toma de decisiones y así conocer las regiones más viables para desarrollar proyectos generadores de energías limpias.

Más adelante, el Pleno aprobó un dictamen que modifica la Ley de Energía para el Campo, cuyo objetivo es que la asignación de la cuota energética sea pública.

Para lo cual --señala el documento-- al inicio de cada ciclo productivo se publicará en Internet el listado de los beneficiarios de la misma, así como el de las solicitudes desechadas y estará a disposición de los usuarios en las delegaciones y subdelegaciones de la SAGARPA.

Por otro lado, los senadores reformaron la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a fin de que la SAGARPA, en coordinación con las dependencias públicas coadyuve en la formulación y ejecución de programas que diversifiquen las fuentes de ingresos de los pescadores cuando se presenten situaciones extraordinarias.

Lo anterior, debido a que la actividad pesquera atraviesa por una severa crisis producida por la disminución de captura, falta de rentabilidad de las pesquerías, conflictos sociales que día a día se agudizan, entre otras.

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