El Senado de la República aprobó con 93 votos a favor y una abstención, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Como un punto fundamental de dicha ley, se contempla la creación de la Policía Investigadora que sustituirá a la Policía Judicial no solo en nombre, sino en prácticas y métodos de actuación al priorizar la investigación científica con apego y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, para que conforme al plan de investigación y a las instrucciones que en cada caso le dicte, la Policía de Investigación desarrollará sus diligencias durante la averiguación previa, y realizará indagaciones, citaciones, cateos, notificaciones, detenciones y presentaciones que se le ordenen.

Además, lo senadores señalaron que la nueva policía ejecutará las órdenes de aprehensión y otros mandamientos que emitan los órganos jurisdiccionales.

De igual forma, resolvieron establecer al Ministerio Público en el Distrito Federal, a cargo del procurador General de Justicia, el cual ejercerá por sí, por los agentes de la Policía de Investigación bajo su conducción y mando, así como por conducto de sus auxiliares.

Para ello, explicaron, se propone reforzar las atribuciones del MP, con el fin de que de manera ágil y eficaz integre las averiguaciones previas al desarrollar las diligencias y actuaciones necesarias para determinar con prontitud la probable responsabilidad penal de las personas sujetas a investigación, incidiendo de manera directa en el libramiento de los mandamientos judiciales y en los autos de término constitucional.

También, tendrá atribuciones para el otorgamiento de las órdenes de aprehensión, comparecencias y autos de formal prisión por parte de los jueces competentes, lo que conllevaría a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos del delito, además de evitar la impunidad.

En el documento avalado por el Pleno, se precisa que el MP podrá realizar visitas a los centros de reclusión y de ejecución de sanciones del D.F. a efecto de que los internos, procesados o sentenciados, estén en posibilidad de formular querellas o denuncias de hechos probablemente constitutivos de delito,.

Aunado a ello, la Procuraduría podrá requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del D.F. administración pública federal, de los estados y municipios de la República, así como, a través del órgano jurisdiccional, en materia de extinción de dominio.

Por otro lado, destaca que los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando inmediato o directo del MP, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su consideración y dictamen.

Asimismo, el dictamen busca reforzar el servicio profesional de carrera como un instrumento que no solo respalde la continuidad del personal que cumpla con los requisitos y objetivos de la institución, sino que asegure que los empleados de nuevo ingreso cumplan con el perfil necesario y con los valores de honestidad, compromiso y capacidad laboral requeridos.

En este sentido, puntualiza que se incluirán tanto estímulos, reconocimientos y recompensas a los agentes investigadores que desarrollen su trabajo de manera satisfactoria, como la aplicación de sanciones irrestrictas a quienes cometan alguna irregularidad o infracción.

En cuanto a la Dirección General de Asuntos Internos, ésta dependerá de la oficina del Procurador, la cual llevará a cabo la investigación previa que servirá de base para la instrumentación del procedimiento contra investigadores que comentan alguna irregularidad.

El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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