El senador Tomás Torres Mercado demandó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) “formule denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de los funcionarios de Petróleos Mexicanos que afectaron el patrimonio y la riqueza nacionales al contratar con sobreprecio el arrendamiento de 4 buques tanque”.
En un punto de acuerdo que presentó ante el Pleno del Senado, el legislador por el PRD también solicitó que la SFP rinda un informe detallado sobre el proceso de las denuncias correspondientes.
Lo anterior, dijo, con el objetivo de combatir “la coalición de los servidores públicos para cometer delitos de fraude, peculado y otros que afectan no sólo el interés patrimonial del organismo, sino las reglas y legalidad en el país”.
Refirió que la Función Pública sancionó a 14 servidores públicos de PEMEX por manipular procesos de licitación y contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques tanque a casco desnudo por cinco años, en operaciones que ascendieron a más de 23 millones de dólares.
De acuerdo con el resultado de las auditorías, los funcionarios que pertenecían a las gerencias de Operaciones Marítimas y de Administración de la paraestatal, manipularon y pagaron contratos 18 por ciento por encima del precio general en el mercado.
Además, solicitaron servicios sin que PEMEX contara con suficiencia presupuestal ni con autorización multianual por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los involucrados en este “mega fraude”, agregó Torres Mercado, fueron inhabilitados para desempeñar cualquier trabajo en el gobierno federal por 10 años y deberán pagar en conjunto casi 5 mil millones pesos por concepto de multas.
“Lo cierto --subrayó-- es que en el contexto actual marcado por una violencia extrema y por el desafío constante a la autoridad del Estado, resulta fundamental reivindicar un valor cada vez más escaso: la lealtad institucional”.
“Lamentablemente PEMEX ha sido y es nido de deslealtades y corrupción”, enfatizó.
En este sentido, resaltó el legislador en el punto de acuerdo que se turnó a la Comisión de Energía, es necesario impulsar acciones que permitan combatir la deslealtad institucional en Petróleos Mexicanos.
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