Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Senado de la República exhortó a las secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes para que verifiquen la participación accionaria extranjera, la venta de acciones y funcionamiento de la empresa Servicio Pan Americano de Protección, dedicada a proporcionar servicio de autotransporte de fondos y valores.

Asimismo, solicitó a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública Federal, de Hacienda y de Defensa Nacional, así como de la PGR que investiguen los hechos que pudieran derivarse de la compañía norteamericana “Brink´s Inc.”, de adquirir 80 por ciento de SERPAPROSA.

Lo anterior, a propuesta del senador priista Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y del senador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

González González alertó que el acuerdo al que están llegando estas empresas es peligroso, pues dicho capital social ya adquirió 20 por ciento del paquete accionario, con lo que de tomar el 80 restante ya se constituiría con el 100 por ciento de las acciones de esa empresa nacional.

Dijo que con ello se estaría violando la ley, puesto que la empresa transporta valores de todo tipo, hace cabotaje en puertos, pero lo más grave es que su personal está armado y cuenta con una licencia colectiva para portación de armas y quedarían bajo el mando de extranjeros.

Por su parte, Arroyo Vieyra resaltó que en fechas recientes y por cuenta de distintos medios de información, la empresa estadounidense ha manifestado su intención de adquirir el 80 por ciento restante de las acciones de SERPAPROSA, cuya propiedad al día de hoy es de diversos bancos.

Explicó que actualmente los bancos se dividen la propiedad en diferentes porcentajes: Santander con el 20.19, BBVA Bancomer con el 15.91, Banamex 15, HSBC 10.08, Scotiabank con 9.83, Banorte el 8.75 y finalmente Banobras con el 0.24 por ciento de las acciones.

Los legisladores recordaron que dicha empresa ya fue objeto de una sanción de revocación de permiso de autotransporte, derivado de una inspección por parte de la SCT en 1993, mediante la cual se verificó que tenía participación accionaria de origen extranjero proveniente de la estadounidense Brink´s Inc.

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