El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva, expresó que las secuelas de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, “siguen subsistiendo”, por lo que el Senado de la República continuará con el seguimiento puntual a esta preocupación.
En la audiencia pública del grupo de trabajo de participación ciudadana de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción, Capítulo México, con la agrupación Familia Pasta de Conchos, el legislador dijo que el accidente “es un asunto que consternó y sigue ocupando en buena parte la preocupación de muchos de los mexicanos”.
Desde que se suscitó el hecho, agregó, el Senado y la colegisladora trabajaron para que las autoridades y los responsables, sobre todo, “actuaran para atender la desgracia. No obstante, las secuelas de la misma tragedia siguen subsistiendo”.
En este contexto, consideró necesario conocer los testimonios de los familiares de los mineros que perdieron la vida, a fin de que “podamos, armónica y organizadamente, encontrar respuestas” y solucionar los problemas que se generaron.
Por su parte, el senador José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo votos para que la audiencia pública contribuya a “presionar, gestionar y encontrar, dentro de las posibilidades, algunas alternativas para los familiares de quienes les tocó sufrir la tragedia”.
El legislador panista, destacó que el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006 fue uno de los momentos más difíciles que ha tenido nuestro país.
Agregó: “Estoy seguro que esta audiencia servirá para que encontremos algunas salidas, espacios y soluciones a un hecho tan doloroso como el que sucedió en Pasta de Conchos”.
Su compañero de bancada y presidente de la GOPAC Capítulo México, senador Ricardo García Cervantes, refirió que uno de los objetivos de esta primera audiencia “es sacar del dolor que generó la perdida de los trabajadores, la fuerza suficiente para honrarlos a través de mejores condiciones para los mineros vivos”.
La señora Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, quien perdió la vida en la mina 8, manifestó que en cinco años “hemos exigido a Industrial Minera México, agotado las instancias gubernamentales, pidiendo que se recuperen los restos y no hemos sido escuchados”.
Señaló que la empresa no se ha responsabilizado de la recuperación los cuerpos y solicitó el apoyo de los senadores para gestionar una audiencia con el presidente de la República, Felipe Calderón, con el propósito de expresarle sus demandas.
Tania Zúñiga, hija de uno de los mineros siniestrados, advirtió que lo ocurrido “no fue el primer accidente que hubo ni tampoco fueron los primeros mineros muertos”, en la región carbonífera; era para que el Gobierno se hubiera dado cuenta de que algo no estaba bien.
“Y si después de Pasta de Conchos hubo más accidentes en minas y pozos, qué está pasando con la seguridad; eso quiere decir que algo no está bien”, expresó.
Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos, afirmó que la región carbonífera de Coahuila “es una suma de todos lo males”, pues hay un desorden en la cuantificación de la minas existentes y un desfasamiento de la información para auditar el pago de derechos mineros.
Además, aseveró que el IMSS presentó a los diputados un informe en el que documentó que la explotación de la minería en el estado registra el 46 por ciento de las incapacidades permanentes en todo el país.
Aunado a lo anterior, subrayó, hasta el 2003 el ramo de la minería adeuda al IMSS el 12.44 por ciento de la cartera vencida.
En su turno, Manuel Fuentes, representante legal de dicha agrupación, aseguró que el marco jurídico vigente en materia minera tiene deficiencias que sirven para “esconder problemas y ofrecer impunidad a servidores públicos y empresarios”.
Refirió que el Artículo 512-D de la Ley Federal del Trabajo “es la garantía” para que los empresarios mineros eviten que las minas puedan ser cerradas de inmediato, por lo que es necesario reformarlo, a fin de que se faculte a los inspectores para que cuando haya peligro inminente puedan en ese momento cerrar el centro minero.
Al respecto, el senador Eloy Cantú Segovia, del PRI, dijo que la Comisión de Comercio y Fomentó Industrial aprobó un punto de acuerdo para solicitar al titular de la PGR un informe sobre las investigaciones en torno al caso Pasta de Conchos y el rescate de las personas que perdieron la vida.
Además, se pide al secretario de Economía un informe sobre el estado actual que guarda la mina y si se revocó el permiso para seguir explotando ese yacimiento a la empresa Industrial Minera México.
La exposición de motivos del resolutivo señala que se obstruyó la impartición de justicia y se impidió castigar a los responsables del trágico accidente y por la información que se tiene parece que no se quiere recuperar los cuerpos de los mineros fallecidos.
Por Acción Nacional, la senadora María Serrano Serrano manifestó que “no podemos seguir con la explotación minera con estas condiciones”, por lo que los legisladores “necesitamos reformar todas la leyes que sean necesarias”.
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