Ante los hechos deleznables y vergonzosos en los que se involucran a funcionarios públicos que intervienen en los procesos electorales, el senador panista Juan Bueno Torio propuso sancionarlos con una amonestación pública y una multa de hasta 140 mil días de salario mínimo, según la gravedad.
Señaló que es urgente en el país concluir con tan repetidos casos en que funcionarios públicos alteran la equidad en las contiendas electorales y cambian la percepción de los ciudadanos de que no reciben sanción alguna después de haber cometido violaciones a la ley.
Por ello, dijo, es necesario reformar el Artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Al presentar su iniciativa el legislador sostuvo que las malas prácticas de funcionarios han “originado un desencanto por parte de los ciudadanos hacia la política, por lo que en muchas encuestas y estudios de opinión la imagen de los políticos en general y de los legisladores particularmente se ha desprestigiado”.
Recordó que durante la existencia del Instituto Federal Electoral se han registrado reformas en 1993, 1994 y 1996 que modificaron sus atribuciones, funcionamiento, capacitación de ciudadanos, promoción y construcción del Padrón Electoral, sin que el tema de sanciones a funcionarios públicos estuviera presente.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos.
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