La bancada del PRI en el Senado de la República propuso exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que emita un decreto revocatorio de los títulos de concesión correspondientes a la Licitación 21, “ante la existencia de graves irregularidades registradas durante el proceso de la misma”.
En este sentido solicitó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones inicie la reposición del proceso a la brevedad posible, mediante la publicación una nueva convocatoria.
Al presentar la propuesta, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo aseguró que el otorgamiento de seis títulos de concesión correspondientes a la Licitación 21, por parte de la SCT, “constituye un ejemplo de la inseguridad jurídica que se genera en nuestro país, pues se realizó mediante un procedimiento plagado de irregularidades”.
Aunado a lo anterior, dijo, “es fácil observar cómo se ha fomentado la opacidad y corrupción al interior de la propia COFETEL, la cual representa uno de los órganos reguladores de mayor trascendencia para el desarrollo económico”.
Por ello, el legislador consideró necesaria la reposición el proceso de la Licitación 21, a fin de la participación en el sector de las telecomunicaciones se realice de forma equitativa y transparente, pero sobre todo con especial certeza jurídica para los propios participantes.
Argumentó que “la falta de transparencia por parte del Gobierno federal en esta y otras materias, ocasiona la pérdida de oportunidades para lograr mejores condiciones de competencia en este mercado”.
En este sentido, advirtió que el sector de las telecomunicaciones es uno de los motores del crecimiento económico que está expuesto a las influencias políticas, electorales y empresariales para el otorgamiento de permisos y concesiones, por lo que es indispensable impulsar la independencia del órgano regulador en la materia.
“En aquellos países donde las telecomunicaciones han tenido un desarrollo formidable, y por lo mismo, han contribuido al crecimiento y al empleo, el modelo imperante es aquel donde el órgano regulador goza de independencia respecto de cualquier tipo de presión”, enfatizó.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
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