El senador Francisco Castellón Fonseca propuso expedir la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil, a fin de establecer las normas mínimas para garantizar el acceso de niñas y niños en condiciones de calidad, seguridad y protección adecuadas a los centros de atención y cuidado para menores.
La iniciativa plantea una sanción de 10 a 40 años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza, “cuando a consecuencia de actos u omisiones de los servidores públicos se cauce la pérdida de la vida de una niña o niño, o de varias niñas o varios niños”.
Establece que el Estado asumirá la rectoría de los servicios, cuidado, aprendizaje y desarrollo integral infantil, por lo que tendrá la responsabilidad indeclinable de autorización, funcionamiento, monitoreo supervisión y evaluación de estas actividades.
Además, sugiere que los sectores social, público o privado podrán realizar esta actividad “siempre y cuando realicen un proceso de licitación pública en términos de la legislación respectiva”.
A nombre del PRD, PT y Convergencia, el legislador dijo “no se trata una ley sobre guarderías o estancias infantiles, sino de una ley marco que rescate los derechos fundamentales de los infantes.
En tribuna, Castellón Fonseca argumentó que el incendio de la guardería ABC --donde perdieron la vida 49 menores-- representa una de las más grandes tragedias ocurridas en el país y fue un hecho donde se cometieron graves violaciones a los derechos más elementales de cualquier ser humano.
Señaló que este accidente puso en evidencia las debilidades que existen en México en materia de operación y vigilancia de los centros de cuidado infantil.
“Por razones éticas, jurídicas, sociales y sobre todo de justicia, el Estado mexicano tiene el compromiso ineludible de llegar a la verdad de los acontecimientos, asentó del senador perredista.
En este sentido, aseguró que la propuesta es un reconocimiento a la lucha de los familiares y del movimiento ciudadano que demanda justicia ante la tragedia, pero sobre todo un esfuerzo por erradicar las causas estructurales y las circunstancias que propiciaron el accidente.
La propuesta, avalada por los tres grupos parlamentarios, se turnó a las comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estadios Legislativos, Primera.
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