Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, iniciaron el proceso para la designación del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la comparecencia de los magistrados Jorge Higuera Corona, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán.
Los candidatos aspiran a ocupar la vacante que se generó por el fallecimiento del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
En su intervención inicial, Higuera Corona consideró que quien aspire al cargo de ministro de la SCJN, deberá desempeñarlo conforme los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, así como desde la perspectiva del derecho y “no a partir de presiones o intereses extraños al juzgador”.
Dijo que se debe “juzgar con ausencia de designio anticipado o prevención a favor o en contra de alguna de las partes y dictar resoluciones judiciales por razones que el derecho le suministra al juez y no derivadas de su modo personal de pensar o sentir”.
Por su parte, Pardo Rebolledo reconoció que en término generales “nuestra sociedad no confía en sus jueces, pues hay un sentimiento generalizado de insatisfacción con la impartición de justicia”.
Dijo que se han dado pasos importantes para revertir esta situación, sobre todo en el ámbito de rendición de cuentas en el trabajo judicial.
La Suprema Corte, enfatizó, debe constituirse en un factor muy influyente para ampliar los derechos de los mexicanos, por lo que debe tener participación activa en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México.
Por último, Pérez Dayán comentó que la Corte tiene como encomienda establecer el equilibrio entre los Poderes al resolver las contiendas en temas de competencia constitucional.
Para ello, explicó, se cuenta con instrumentos como la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, donde los ministros, entendidos de la responsabilidad de interpretar la Constitución, deben ejercerlas siempre con apego de la carrera judicial que la institución les da.
En la ronda de preguntas, los senadores cuestionaron a los aspirantes sobre la aplicabilidad en México de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fuero militar y los salarios de los integrantes del Poder Judicial.
Además, se interesaron en conocer sobre el crecimiento de la estructura del Poder Judicial de la Federación y el procedimiento de notificación y la limitación de los particulares a contratar propaganda durante comicios electorales.
En respuesta, Higuera Corona afirmó que dentro de parámetros razonables “sí es factible” la aplicación de las sentencias de la Comisión Interamericana, “porque hay un compromiso internacional suscrito por el Ejecutivo federal y del Senado para honrar la palabra comprometida”.
Respecto al fuero militar, respondió que “desde tiempo atrás quedó muy claro que cuando un militar está fuera de servicio y comete un delito es sancionado por un tribunal civil; el problema, agregó, es que en el intento por frenar a la delincuencia existan los llamados “daños colaterales”, que es una expresión lamentable porque son vidas humanas.
Asimismo, consideró que “no sólo en el ámbito del Poder Judicial, sino incluso en el de los municipios se han otorgado salarios verdaderamente excesivos que son una bofetada para el salario mínimo” que ganan millones de mexicanos y “no puede haber esas desproporciones salariales”.
A su vez, Pardo Rebolledo dijo que la reforma al sistema de justicia es una muy buena oportunidad para implementar mejoras en el área penal y consideró necesario que el juicio de amparo se adapte al esquema de la oralidad.
Añadió que la especialización en la impartición de justicia es un derecho de la sociedad, pues eso garantiza que los juzgadores tengan un conocimiento más profundo y técnico de las controversias.
A pregunta del senador Ricardo Monreal Ávila, el magistrado aseveró que las resoluciones en su carrera judicial no han estado motivadas por ningún tipo de vínculo político, amistad, presión, amenaza o cualquier elemento ajeno a su trabajo jurisdiccional.
“No me interesa llegar a ser ministro de la Corte por recomendación, compromiso o vínculo con nadie, tengo un compromiso con la objetividad y la imparcialidad”, acotó.
Sobre la disposición constitucional que limita a los particulares a contratar propaganda durante comicios electorales, Alberto Pérez Dayán dijo que se debe cumplir con lo estipulado en la Carta Magna, pues se realizó una reforma sobre el tema apegada a ella.
“No hay nada por encima del Constituyente; “somos constituidos y debemos vigilar que la palabra de éste se cumpla”.
Los legisladores que cuestionaron a los aspirantes fueron Santiago Creel Miranda y Sergio Álvarez Mata, del PAN; María del Socorro García Quiroz, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del PRI, así como Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, del PRD.
Por el Partido del Trabajo participó el senador Ricardo Monreal Ávila; del PVEM, Jorge Legorreta Ordorica y Dante Delgado, de Convergencia.
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