Las comisiones unidas de Asuntos Fronterizos Sur y de Población y Desarrollo, recibieron de parte de Organizaciones No Gubernamentales y Académicas, e integrantes del Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria, observaciones acerca del Proyecto de Ley Migratoria.
El senador Francisco Herrera León, del PRI, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, señaló que la legislación no resolverá el problema migratorio, pero dará al Estado un instrumento para combatirlo e impulsará políticas públicas que deriven en acciones y programas que conviertan a la frontera sur en un área de oportunidad.
A su vez, Humberto Andrade Quezada, el titular de la Comisión de Población y Desarrollo, manifestó que con las aportaciones de las Organizaciones No Gubernamentales se busca mejorar la ley migratoria.
El legislador de Acción Nacional precisó que la solución no está en desaparecer una dependencia o crear otra, sino dar un tratamiento y seguimiento al procesamiento del problema, mediante la creación de un articulado que garantice los principios asentados en la iniciativa.
El también panista Sebastián Calderón Centeno, estimó que en el proyecto se debe atacar a las bandas criminales que se dedican al traslado de migrantes a México, pues en ello convergen la trata de blancas, el secuestro y asesinatos.
Además, pidió todo el peso de la ley para esas bandas que también transportan drogas y armas blancas y de fuego, ya que “agarran a los migrantes como carne de cañón para sus propios beneficios”.
Por su parte, los senadores Martha Leticia Sosa Govea y Ángel Alonso Díaz Caneja, ambos del PAN, apoyaron los planteamientos de las ONG’s, porque pueden perfeccionar el proyecto, ya que van desde el enfoque de género, el lenguaje inclusivo hasta la homologación y uso de la terminología.
En tanto, el senador José Luis Máximo García Zalvidea, reconoció que la cuestión de fondo es la falta de desarrollo económico en los países expulsores de migrantes, por lo que este es el problema a combatir.
Subrayó que su grupo parlamentario, el PRD, estará pendiente de que la política migratoria no sea facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación, porque ésta es más integral y transversal, y se deben incluir otras dependencias y varios niveles de gobierno.
A su vez, Favienne Venet, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM), manifestó que aprecian la búsqueda de cambio de paradigma que se observa en la exposición de motivos de la iniciativa, al considerar a los migrantes como sujetos de derechos humanos independientemente de su situación migratoria.
Gretchen Kuhner, cofundadora del Instituto de Mujeres en Migración (IMUMI), se congratuló porque la iniciativa abre la oportunidad de contar por fin con una ley migratoria, cuyo principio rector será el enfoque de género.
La hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, directora ejecutiva de Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, expresó que “desafortunadamente hay experiencias que hacen ver que la discrecionalidad de la Policía Federal, entre otras autoridades que realizan operativos de verificación, ponen en riesgo la vida de los migrantes”.
Consideró que en la nueva legislación se deben limitar las funciones del Instituto Nacional de Migración.
José Antonio Guevara, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, aseguró que las autoridades migratorias trasgreden la Constitución y Tratados Internacionales, en casos como el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su estancia en México, los retenes, filtros migratorios y visitas de verificación que violan los derechos de los migrantes.
Añadió que el INM debe dejar de lado funciones policíacas y ser congruente con lo que México reclama para la defensa de los ciudadanos en el exterior y hacer lo propio a nivel interno.
Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras, destacó la disposición de la organización para discutir la iniciativa, a fin de no dejar vacíos a la discrecionalidad de quienes la aplican.
Miguel Pulido, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, refirió que para tener una legislación eficiente y con impacto real también se debe incluir lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas.
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