El grupo plural de senadores que da seguimiento al proceso de negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones (ACTA) recibió en audiencia pública a representantes de la sociedad civil, a fin de revisar las ventajas, desventajas y consecuencias de la ratificación del convenio.
En la reunión, el senador Eloy Cantú Segovia, del PRI, recordó que de acuerdo a la Constitución, el Senado de la República tiene la responsabilidad de aprobar los tratados y convenios internacionales que negocia el Ejecutivo.
Por ello, el grupo plural tiene la finalidad de coadyuvar en la transparencia de las negociaciones multilaterales, así como garantizar que las disposiciones de dicho acuerdo se encuentren con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que prevé la Carta Magna.
La senadora panista María Beatriz Zavala Peniche expresó que la Cámara de Senadores tiene que velar porque se garantice el derecho patrimonial de la creatividad, pero también el derecho al conocimiento, difusión y socialización de la cultura.
Bajo está óptica, agregó, “estamos revisando las cláusulas y términos que contiene el convenio”.
“Como senadora --aseveró-- no podré estar de acuerdo con ningún convenio internacional que viole garantías individuales, que vaya en contra de la Constitución o no sea compatible con el derecho jurídico mexicano”.
Por el PRD, el senador Carlos Sotelo García asentó que ante cualquier reforma para combatir la falsificación de obras es indispensable un marco jurídico equilibrado que preserve los derechos de propiedad intelectual y las garantías fundamentales.
Sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones subrayó que la ley dispone que cualquier organismo de la administración pública federal, que represente a México, está obligado a informar al Senado sobre el inicio y avance de las negociaciones legales de los instrumentos internacionales.
El reporte, acotó, debe contener los beneficios y ventajas que se esperan obtener, las consecuencias de no hacerlo, así como un programa calendarizado del proceso, pero con este convenio “nada de esto ha sucedido”.
Dijo que en nuestro país se tiene que hacer un esfuerzo independiente para llegar a un acuerdo entre senadores, ciudadanos y la industria para realizar los cambios legales que se requieran al respecto.
Para su compañero de bancada, senador Francisco Castellón Fonseca, se requiere tener muy claro el marco conceptual en el cual se discute el acuerdo comercial.
Por su parte, Alejandro Pisanty Baruch, presidente de la Sociedad Internet de México, expresó que no se puede firmar o ratificar un acuerdo internacional para la protección de la propiedad industrial e intelectual sin revisar el ámbito digital.
En el ACTA, subrayó, “hay vaguedades, indefiniciones y contradicciones muy difíciles de tratar respecto al entorno digital”, por lo que se requiere especificar los conceptos.
En contraste, el autor del libro Integración Social Digital, Sergio Alfonso Gutiérrez Garay, reconoció que hay desconfianza en la sociedad civil respecto a las negociaciones del ACTA, pero es “una gran oportunidad para el país, pues México destaca a nivel mundial en industrias creativas y el acuerdo servirá para protegerlas”.
A su vez, José Ángel Quintanilla, director general de la Editorial Édere, aseguró que de acuerdo a la Ley del Derecho de Autor “bajo ninguna circunstancia se pueden pasar archivos, copias o reproducciones del material protegido sin autorización y si esto se realiza debe haber una compensación”.
“La reproducción no autorizada de una obra --enfatizó-- es un delito, quien la hace está cometiendo una falta señalada por la ley y quien la favorece es su cómplice”, pero reconoció que en ámbito digital no hay una normatividad para sancionar estas conductas.
En este sentido, consideró que la firma del ACTA permitirá proteger y promover nuestra cultura en un mundo globalizado, sin fronteras digitales.
Daniel Gershenson Shapiro, de Alcomsumidor, señaló que por la “opacidad en las negociaciones del Acuerdo”, la sociedad civil tiene razones suficientes para dudar de sus bondades y el Senado no debería ratificarlo, pues constituye una camisa de fuerza y “la posibilidad de que se le ponga un bozal al uso y disfrute de Internet”.
Por la Asociación Mexicana de Internet, Agustín Ríos, destacó que México ha ratificado 10 tratados internacionales en materia de derecho de autor, “que sumados a la legislación nacional, da un total de 17 ordenamientos legales para sustentar cualquier acción legal” para proteger este derecho.
A su vez, Jesús Robles Maloof, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que el convenio no debe ser firmado ni ratificado por el Senado, pues no tiene beneficios para el país en términos del interés público.
En el encuentro participaron el cantante Reily Barba, el compositor Felipe Gil y los ciudadanos Óscar Mondragón, Gerardo Arrache Murguía, Francisco Marín Paz, Antonio Martínez Velázquez, Jesús Soto, Alberto Cárdenas, Ana Leticia Castie Cedillo y Alberto Escorcia.
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