Senado de la República

SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

CELEBRADA EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017

PRESIDENCIA DEL SENADOR

PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (12:13 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum. 

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Señoras legisladoras y  legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 22 legisladores.

Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

(Pasa lista)

Tenemos 33 legisladores y legisladoras presentes.

Señor Presidente, hay quórum.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Monreal.

Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes  9 de mayo de 2017, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

El orden del día está disponible para su consulta, en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor  Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. 

Aprobada el acta. 

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de  Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada los días 28 y 29 de marzo  del año en curso.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Se recibió un oficio del Banco de México, con el que remite copia del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de los Diputados.

Siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo,  con el que hace llegar copia del dictamen a los estados financieros y del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gastos de Operación, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de los Senadores y de la Cámara de los Diputados.

Siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron del Congreso del estado de Jalisco, los siguientes proyectos de decreto:

Uno, por el que se reforma el artículo 123 constitucional en materia de pago de salarios por despido injustificado. 

Otro, por el que se reforma el artículo 116 constitucional en materia de requisitos para magistrados del Poder Judicial de las entidades federativas.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnense ambos asuntos a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados.

Siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  También del Congreso del estado de Jalisco se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de aplicación supletoria de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo, el Congreso del estado de Jalisco remite  un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en materia de normas para la calidad de los bioenergéticos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de los Diputados.

Siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que este día se realizó su reunión de instalación.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió también una comunicación  de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación en la segunda parte de la sesión ordinaria 2017 del Consejo de Europa, que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017, en Estrasburgo, Francia.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea se ha dado por enterada.

Siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su decisión de separarse del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y que continuará sus actividades legislativas como Senadora sin grupo parlamentaria.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.  

Comuníquese a la Cámara de los Senadores.

En el apartado de iniciativas se concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Hilda  González Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de conservación de expedientes.

La Diputada Martha Hilda González Calderón: La suscrita, Martha Hilda González Calderón, Diputada Federal en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de lo siguiente:

El Constituyente Permanente determinó, para el fortalecimiento de la función jurisdiccional, encargar a la Federación la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el 31 de diciembre de 1994, se le reservaron las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforma que a su vez consolidó a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional al ampliar sus facultades para dictar resoluciones con efectos generales sobre la constitucionalidad de leyes, dirimir controversias entre los diversos niveles de gobierno y al fortalecer su carácter como principal garante del federalismo, relevándola de las tareas concernientes al desempeño de los tribunales de circuito y juzgados de distrito. 

En ese orden, si bien la administración de los órganos jurisdiccionales en comento se convirtió en responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal, el legislador ordinario reservó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resguardo del Archivo Central e Histórico y el correspondiente a los tribunales de circuito y juzgados de distrito, este último, en tanto, se consolidaba el funcionamiento integral del Consejo de la Judicatura Federal. 

Durante este período, el Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte, ha realizado diversos trabajos de rescate, organización, inventario, catalogación y conservación de los acervos archivísticos encomendados por el legislador secundario, especialmente los expedientes históricos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, es decir, aquellos con más de 50 años de haber sido ordenado su archivo, y que en su mayoría se encuentran depositados en las casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En ese sentido, bajo el Programa Nacional de Archivos, antecedentes de las casas de la Cultura Jurídica, se logró el rescate, inventario y catalogación preliminar de cerca de 5 kilómetros lineales que equivalen aproximadamente a 710 mil expedientes históricos que habían sido depositados en diversos archivos estatales, municipales o de otras instituciones en cumplimiento de un acuerdo del pleno del alto tribunal, de fecha 22 de agosto de 1978, como una solución de urgencia frente a la problemática que implicaba el resguardo de la documentación en las instalaciones de los juzgados de distrito. 

De igual manera, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normatividad de transparencia, se ha difundido la consulta-investigación-histórico jurídica de los expedientes históricos depositados en las casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el máximo aprovechamiento institucional y social, a partir de los cuales se han desarrollado una gran cantidad de trabajos editoriales en los que se da cuenta de la administración de la justicia federal en diversos períodos de nuestra historia del país a partir de proyectos ordenados por el pleno del alto tribunal, series de televisión del Canal Judicial y una gran cantidad de publicaciones como tesis de grado, artículos y monografías relacionados con estos expedientes emblemáticos que enriquecen el conocimiento de la evolución de las instituciones jurídicas en la entidad y que están asociados a la personalidad de la Casa de la Cultura en esa localidad. 

Por lo que resulta conveniente que dicho acervo archivístico histórico continúe bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Documentación y Análisis y las casas de la Cultura Jurídica para dar continuidad a su difusión y máximo aprovechamiento social. 

En el contexto destacado, a más de 20 años de funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, se ha desarrollado la infraestructura técnica, normativa, humana y material para la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los tribunales de circuito y juzgados de distrito destacados en esta iniciativa, lo que permitirá relevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esa amplia tarea administrativa en beneficio de la función, que como tribunal constitucional encomendó el propio poder revisor. 

Lo anterior permitirá agilizar la sistematización de los archivos, las acciones de consulta que sirven como apoyo y antecedente de la importante tarea jurisdiccional que se ha realizado, al igual que propiciará la atención oportuna de las solicitudes de información vía transparencia que le fueron presentadas a estos órganos favoreciendo la tutela judicial efectiva y potenciando el derecho humano a la información. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone reformar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, necesarias e idóneas para que el Consejo de la Judicatura Federal asuma la responsabilidad administrativa señalada. 

En la iniciativa se determina transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se encuentra asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis, de reglamentar los criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo judicial correspondiente a los juzgados de distrito y tribunales de circuito con excepción del Archivo Histórico de estos, así como el Archivo Central e Histórico que responde al máximo tribunal. 

La instrumentación de esta iniciativa deberá garantizar el adecuado traspaso de los archivos de concentración de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, al establecer en su legislación transitoria los principios que habrán de atender para regular la entrega, la temporalidad dentro de la cual deberá llevarse a cabo el traspaso de los archivos, garantizar que éste se realice atendiendo a la normativa aplicable, y que no implique un incremento en los presupuestos aprobados para el Ejercicio Fiscal 2017. 

La propuesta de reforma establece que aquellos recursos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone al servicio de la organización, administración o resguardo de los archivos de concentración de los juzgados y tribunales de circuito, se transfieran al Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de evitar que el traspaso signifique un ejercicio de recursos adicional a los que ejerce el órgano de administración judicial. 

Para estar en aptitud de materializar acorde a los principios de oportunidad, racionalidad y eficacia la presente iniciativa, se determina que las casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte se coordinen con las administraciones regionales del Consejo de la Judicatura Federal en la asunción de las nuevas responsabilidades en apoyo a la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los órganos jurisdiccionales adscritos a su ámbito competencial. 

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley General del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue: 

Artículo 11, fracción XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan, la estadística informática de la Suprema Corte de Justicia y el Centro de Documentación y Análisis que comprenderá la Biblioteca Central los Archivos Históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de circuitos, así como el Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia, la compilación de leyes y el archivo de actas, y cuando lo estime conveniente podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de dicha compilación se realice. 

Artículo 81, fracción XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de servicios al público, así como para la organización, administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta ley corresponden a la Suprema Corte de Justicia emitir la regulación suficiente para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la firma electrónica de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Fracción XXXIV.- Administrar los bienes, muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los documentos integrados al Archivo Judicial de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de todos los circuitos judiciales del país, garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia. 

Transitorios.

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá adecuar su normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios para la organización y administración y resguardo del Archivo Judicial de los Órganos Judiciales Federales a cuya transferencia se refiere este decreto. 

Tercero.- La transmisión de los archivos de los órganos judiciales federales, bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere el presente decreto, se efectuará una vez realizada las adecuaciones normativas previstas en el transitorio segundo. 

Cuarto.- La transferencia de los archivos de los tribunales federales, bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal, deberá realizarse con pleno acatamiento a lo establecido en la ley de la materia en los ordenamientos normativos de carácter administrativos emitidos al respecto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. 

Quinto.- Los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales, referidos en el presente instrumento, se transferirán al Consejo de la Judicatura Federal dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto. 

Sexto.- Las casas de la cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyarán a las áreas regionales del Consejo de la Judicatura Federal para que estas últimas asuman las atribuciones y realicen las acciones que correspondan para la organización, administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales radicados en la circunscripción territorial de su competencia. 

Séptimo.- A la entrada en vigor del presente instrumento se suspenderán las transferencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expedientes de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, aun cuando ya se encuentren programadas. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Diputada González, si va concluyendo, estamos un poco excedidos en tiempo. 

Gracias, qué amable, Diputada. 

La Diputada Martha Hilda González Calderón: Octavo.- El centro de documentación y análisis conservará bajo su resguardo los expedientes históricos de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito depositados en las casas de cultura jurídica conforme a lo establecido en las normas administrativas generales que para tal efecto expide el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Dado en el Salón de Sesiones de esta Comisión Permanente, a los ocho días del mes de mayo del 2017. 

Muchas gracias. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Hilda González Calderón. 

Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 constitucional, en materia de segunda vuelta electoral. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, Senador Presidente. 

Primero, compartirles que esta iniciativa ya la había presentado hace algunos años, la estamos reviviendo, tratando de sacarla de la congeladora, y yo espero que de cara al proceso electoral 2018 podamos estar discutiendo un tema de enorme relevancia. 

Es prioritario que el Congreso lo discuta pronto, necesitamos, requerimos una Presidencia de la República con amplio respaldo que no solamente la gane quien obtenga mayor número de votos, sino también quien cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. 

Y esto es que empecemos a discutir, compañeras y compañeros, la posibilidad de la segunda vuelta electoral. 

Yo sé que hay varias iniciativas que han sido presentadas en congresos locales en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero recientemente con algunos triunfos que se han dado en la región y el último, la victoria en la segunda vuelta electoral en Francia del Presidente elector Emmanuel Macron, nos abre también la posibilidad de empezar a debatir este tema. 

Sabemos que la aprobación del Presidente Peña Nieto se encuentra en los niveles más bajos desde que se ha medido esta variable, ha habido algunos diarios de circulación nacional que nos dicen que solamente el 21 % de los mexicanos creen que Peña Nieto ha hecho un buen trabajo, lo cual es reflejo de que las cosas no van nada bien. 

Particularmente sorprende la baja aprobación de este gobierno, pues ha contado con condiciones únicas e incluso históricas, la posibilidad de que este Congreso les diéramos las reformas estructurales y que hayan sido completamente desaprovechadas. 

Y prueba de ello son algunos de los resultados que podemos ver en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, en materia de infraestructura y empleo, sólo por poner algunos ejemplos. 

Acercándonos ya a las elecciones presidenciales de 2018, identificamos que derivado de nuestro sistema político electoral contamos hoy desafortunadamente con un Presidente de la República que es electo por una muy pequeña minoría de ciudadanos, pues desde su origen en las urnas no es electo por una mayoría. 

En 2012 Peña Nieto resultó electo con el 38.21 %, lo cual significa que solamente 19 millones de mexicanos eligieron al Presidente que gobierna a 112 millones de mexicanos, esta tendencia en los últimos años ha sido sostenida, en el 88, en medio de una elección turbia, el Presidente fue electo con el 50 % de los votos, desde entonces el porcentaje ha ido disminuyendo, cada vez las elecciones son más competidas, está el caso del año 2006, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 0.56 %, y en 2012 fue de 6.62 %. 

A nivel mundial vivimos una época en la que los populismos extremistas suponen una amenaza al orden constitucional y a los valores universales de solidaridad y multilateralismo, centrándose en el nacionalismo y proteccionismo en un mundo que cada vez enfrenta problemas más complejos, cuya arma para hacerle frente es una mayor articulación en la cooperación global. 

En 2016, concretamente en noviembre, vivimos una jornada histórica electoralmente hablando en Estados Unidos, en la que resultó electo un Presidente que ha roto todas las formas, atacado a todos sus socios y aliados que ha desestabilizado las divisas a nivel mundial, pero que en la práctica ha sido incapaz también de generar consenso, incluso dentro del propio partido que lo postuló. 

En Francia, insisto, el domingo pasado se enfrentaron en las urnas dos proyectos antagónicos, por un lado, la extrema derecha que pugnaba por la desarticulación de la Unión Europea y con un discurso en contra de los migrantes, mientras que por otro lado un proyecto que le apuesta a reformar las instituciones europeas sin romper la cooperación y que reconoce a las minorías como parte de la sociedad francesa. 

Como todos sabemos, Emmanuel Macron ganó la elección con una amplia ventaja, pero cuál es la diferencia entre ambas elecciones, que tienen muchas similitudes.  Los mecanismos electorales. 

Mientras que Estados Unidos cuenta con un sistema basado en un colegio electoral  que permite que el candidato que tenga menos votos sea envestido Presidente. 

Francia cuenta con la segunda vuelta que lleva a los dos candidatos ganadores de la primera vuelta que no cumplieron con una determinada ventaja a enfrentarse nuevamente para que sean electos por una verdadera mayoría. 

En este sentido estamos presentando, insisto, ojalá que la mayoría pueda sumarse, una reforma  constitucional al artículo 81, para implementar la segunda vuelta en la elección presidencial. 

Tiene como objetivo fortalecer al Presidente electo, al recibir el apoyo de la mayor parte del electorado, evitando que la sociedad se polarice o que se detone una crisis poselectoral de legitimidad democrática, como ha ocurrido en los últimos procesos federales. 

Este mecanismo permite que los ciudadanos puedan  darse la oportunidad de evaluar las propuestas de los candidatos más votados e inclinarse por uno de ellos, mientras que las fuerzas políticas, pues se ven también en la necesidad de generar alianzas, de generar consensos. 

La segunda vuelta no es un tema nada más de países en Europa, en la región. en América Latina, varios presidentes han sido  votados por la mayoría de sus ciudadanos y, bueno, tenemos el caso de presidentes como Mauricio Macri, de Argentina; Juan Manuel Santos, de Colombia; Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; Lenin Moreno, en Ecuador; Michelle Bachelet, en Chile; y Tabaré Vázquez, del Uruguay, fueron electos mediante la segunda vuelta electoral. 

Yo lo que les quiero decir, y para concluir, es que no tengamos miedo, compañeros a aprobar en este  Congreso la segunda vuelta electoral. 

Nos va a permitir tener autoridades mucho más legitimadas por la mayoría de la población y también el darle la oportunidad a la gente de que escuche las propuestas de los dos más votados o más votadas y que podemos tener un Presidente de la República con más del 50 % de los votos y que permita realizar las alianzas necesarias. 

Es cuanto, Presidente. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo. 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores. 

Senadora Gómez del Campo, para suscribir su iniciativa. La Senadora Laura Rojas, que sí, por supuesto. Y Servicios Parlamentarios, si alguien más desea, por favor, la Diputada y los Senadores pueden suscribirla. 

Gracias. 

Enseguida tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián,   del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º constitucional, en materia de interrupción del embarazo. 

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. 

Compañeras y compañeros legisladores:  

La presente iniciativa es un asunto de salud pública, es un asunto de libertades, es un asunto de derechos, es un asunto de la vida, de la vida de las mujeres de nuestro país. 

Los derechos no se consultan, no se niegan y, sobre todo, no se asumen compromisos mediante acuerdos firmados para no respetarlos. Pensarlo, proponerlo y hacerlo, ni más ni menos es una clara muestra de ignorancia y de menosprecio a las personas, así con todas sus letras. 

Resulta lamentable que nuestro país con tal de ganar votos y adeptos, candidatos de los partidos políticos se comprometan a no respetar los derechos y a negar una realidad que cobra vida de miles de mujeres. 

La semana pasada, el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo y la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota firmaron acuerdos o se pronunciaron contra la interrupción del embarazo, ni más ni menos, se comprometieron a negar el derecho de las mujeres para que decidamos sobre nuestro cuerpo y asumieron su postura  de atentar contra la autodeterminación que tenemos las mujeres como ciudadanas de este país. 

Además de lamentable, resulta penoso y alarmante que base en sus pretensiones de querer gobernar una entidad poniendo sus convicciones personales e ideológicas por encima de los derechos y la vida de las mujeres. 

Es algo ruin, que sólo se entiende para quedar bien con ciertos sectores sociales que piensan, les darán votos. 

Es paradójico que en el Estado de México, la entidad con el mayor número de feminicidios en el país, donde las mujeres son violadas, donde se les tortura y se les desaparece, donde se les tira los canales, los que quieren ser gobernadores se muestran en contra de nuestros derechos. 

El derecho sobre nuestro cuerpo es una decisión  que única y exclusivamente nos compete a nosotras, ni el Estado, ni la Iglesia, ni los partidos políticos, ni los gobernantes en turno tienen derecho a tomar decisiones que afectan nuestro proyecto de vida, y que por hacerlo en condiciones  inadecuadas, por hacerlo en condiciones insalubres, por hacerlo en condiciones clandestinas cobra la vida de las mujeres, donde tenemos sus registros, porque cuando llegan a los hospitales se les pone cualquier otro diagnóstico y no el origen de lo que significa  haber abortado y por eso quedar mutiladas o quedar muertas. 

Y, sobre todo, por los problemas que esto genera, las mujeres que abortan en su mayoría son mujeres católicas, el 88 %. Es decir, su religión, sus creencias religiosas no les impide tomar esta decisión, que es la decisión más difícil de sus vidas y que derivado de esto, con las muertes de las mujeres estamos teniendo problemas sociales, porque la mayoría de las mujeres que toman esta determinación ya tienen  más de 2 o 3 o 4 hijos. Es decir, es su última opción. 

Mucho menos se tiene derecho de imponer su ideología sobre nuestros cuerpos y criminalizarnos, querer hacerlo es mezquino, y es una muestra de esa incapacidad que se tiene para llevar las riendas de un gobierno, de una entidad tan importante como lo es el Estado de México. 

También quiero hacer aquí un paréntesis, porque nuestro país, nosotras y nosotros, muchos de mi generación crecimos con la campaña de la familia pequeña vive mejor. 

La planificación familiar en los 70’s fue un boom en nuestra ciudad. De ahí que las mujeres empezamos a tener y empezaron a tener familias pequeñas,  2 o 3  hijos, y todo esto fue un proceso en la incorporación y en la capacidad de las mujeres de incorporarnos a otras actividades sociales. 

Pero eso  en este país se ha abandonado, no hay políticas plenas migrantes de planificación familiar. 

Ya no se reparten condones, ya no se ponen DIUs, ya no se regalan ni se dan de manera masiva cremas y pomadas que permitan que las mujeres no queden embarazadas. 

Esto es algo muy importante, porque en 12 años del PAN y lo que llevamos del PRI, nuestras políticas de planificación familiar han quedado en el olvido. 

Hago un llamado a que en este país regresemos a planificar las familias, que las mujeres tengan la opción para tomar los medicamentos que son necesarios para que puedan seguir adelante con sus vidas. 

La decisión de interrumpir un embarazo puede ser por circunstancias múltiples, un aborto provocado por violencia física o psicológica o bien un embarazo forzado por violencia sexual o un embarazo inesperado, porque los métodos anticonceptivos también fallan. 

Estamos hablando de un problema de salud que cobra la vida de miles de mujeres en México por la práctica de abortos clandestinos en condiciones de insalubridad,  que no cuentan con las más mínimas condiciones para que ejerzamos nuestros derechos.

Miren ustedes lo absurdo.

En la Ciudad de México, hace diez años, se aprobó la interrupción del embarazo hasta las doce semanas. En estos diez años tenemos 177 mil abortos aproximadamente, de los cuales el 44 %, o sea, casi el 25 % son de mujeres del Estado de México.

¿Cómo negarles a las mujeres su derecho a conservar su salud y la vida?

Es un asunto de justicia social, además, porque son las mujeres pobres las que ponen en riesgo su vida; las mujeres con posibilidades económicas van con médicos porque en México la interrupción del embarazo es legal a nivel nacional para quien cuenta con dinero para ir a una clínica y hacérselo; las mujeres pobres son las que quedan enfermas.

Además del drama de enfrentar una interrupción del embarazo se pretende que sigan escribiéndose historias cotidianas en diversos sistemas de salud donde se obliga a niñas y jóvenes y a adultas a llevar un embarazo no deseado, incluidos los que son producto de violaciones.

El PRD, firme en su convicción de respeto y promoción de los derechos humanos, propone reformar la Constitución con la finalidad de garantizar el derecho de decidir de manera libre e informada el número y esparcimiento de los hijos, de esa manera se establece la obligación de las autoridades para prestar diversos servicios de salud, sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo decida.

Quiero decirles, además, que debemos hacer honor al Estado laico.

El Estado laico conquistó, que fue una conquista de los liberales mexicanos, que es lo que nos ha permitido consolidar esta nación poniendo por encima la cosa pública por delante de los intereses religiosos, de quienes están en los gobiernos, en el Legislativo y en el Ejecutivo.

El pensamiento conservador ha penetrado los partidos políticos, tenemos bancadas que responden a intereses religiosos de manera abierta y clara, y ahora algunos candidatos a gobernadores son sus portavoces.

Por eso es importante que a partir de la propuesta del Estado laico, que ha sido la base para muchos de los adelantos en nuestro país, retornemos pensando en lo que implica para las mujeres de nuestro país tener esta opción, no como la única, sino como la opción final, como una de las opciones más difíciles que las mujeres tomamos y que necesitamos que exista este marco jurídico, que además vaya reforzado por la ampliación de las políticas de los derechos sexuales y reproductivos de nuestro país.

El respeto de los derechos humanos es una cuestión de convicciones y no de ganar elecciones. 

No decidan por nosotras, tampoco ustedes candidatos; tampoco el Congreso, por eso llamamos a no tener acciones que violentan nuestra vida.

Es cuanto, Diputada Presidente.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA

KARLA KARINA OSUNA CARRANCO

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en materia de compra consolidada de medicamentos.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señora Presidenta.

Bendito Canal del Congreso, para que alguien nos escuche y no sea sólo a través de sus teléfonos celulares porque parece que venimos aquí, a pesar de que peleamos pertenecer a la Permanente, para que caigamos en oídos sordos.

Escuché con atención los discursos de mis compañeras la Diputada Martha Hilda, la Senadora Mariana y la Diputada Maricela Contreras, porque cada una de las iniciativas tiene una importancia trascendente.

La que hoy presento a nombre del Verde tiene que ver con la que la sociedad nos exige, que es transparencia, eficiencia y rendirle cuentas, es cumplir con nuestro trabajo.

Sabemos todos que en muchas de las compras de los gobiernos hay prácticas obscuras, comisiones, corrupción; en el sector salud se han dado mucho más que en otros lugares y es por eso que el gobierno federal, porque no todo es malo, lo ha hecho entre el 2012 y 2014 a través de compras consolidadas.

Estas compras consolidadas también se han hecho con los estados a través de acuerdos, pero esos acuerdos no siempre son respetados porque sólo 25 estados se han ceñido a firmarlos para hacer una compra que puede ser más eficiente, que permita tener mayores recursos y que haya menos corrupción.

¿Qué debemos hacer?  ¿Y es lo que proponemos en el Verde?

Reformar la ley para que sea obligatorio para todos los estados, junto con el gobierno federal, compras consolidadas en el sector salud, eso va a permitir ahorros importantes, eliminar corrupción y, sobre todo, porque hay reclamos en muchos estados, más dinero para salud, para regularizar la nómina, para atender las carencias de hospitales y para muchas otras necesidades que tiene nuestro sistemas, debemos así reconocerlo.

¿Qué les pido, compañeros?

Que si no escuchan cuando menos la estudien y nos apoyen para llevarla adelante.

Antes del celular debe haber sido difícil ganar la atención; después del celular es bien difícil.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre de los Diputados Alfredo Basurto, Roberto Cañedo y Mario Juárez, del grupo parlamentario del Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de eliminación de carta de antecedentes penales.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señora Presidenta.

Vengo a presentar a nombre de los Diputados Alfredo Basurto Román, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Cañedo Jiménez, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa para terminar con la práctica discriminatoria en que incurren los empleadores al establecer como requisito el que los solicitantes de empleo presenten cartas de antecedentes penales.

La discriminación es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la humanidad desde hace largo tiempo.

Si bien en otras épocas era algo común y hasta incluso tomado de forma natural, la mentalidad humana ha evolucionado lo suficiente como para comenzar a creer en la tolerancia.

En México existe una práctica discriminatoria sistemática para solicitar a los aspirantes a un trabajo una constancia de no antecedentes penales. En caso de que la persona que busque empleo tenga antecedentes penales o se niegue a tramitar y presentar dicha constancia es motivos suficiente para que se les niegue el empleo.

Esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo 1º de la Carta Magna, así como del principio de reinserción social que persigue el nuevo Sistema Penal Acusatorio y la Presunción de Inocencia porque castiga hechos pasados y futuros, no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han compurgado penas.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

Las personas que han vivido la condición de sentenciados, condenas a la pérdida de la libertad, o aquellos que simplemente fueron sentenciados culpables por algún delito, sin ser merecedores a penas privativas de libertad, cuentan por este hecho con datos registrales de identificación personal.

En estos casos, los antecedentes penales se han convertido en un estigma institucionalizado, y quienes se encuentran en este supuesto llevan consigo una  huella o marca permanente, simbólica y administrativa, lo que hace que una persona tenga un estigma disminuyéndole sus derechos y afectando su dignidad.

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 133, fracción I, que se prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.

Sin embargo, la solicitud de antecedentes penales es una práctica sistemática, la expedición administrativa de este documento por parte de la autoridad ha perpetuado y fomentado esta práctica.

La reforma constitucional del 10 de  junio de 2011, en materia de derechos humanos, conlleva una ampliación de los derechos fundamentales mediante la inclusión de principios fundamentales como la no discriminación, así como la obligación expresa de las autoridades para observar los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y obliga a la progresividad de los derechos humanos a través de la inclusión del principio pro persona.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó un pronunciamiento oficial el 26 de agosto del año pasado sobre este tema, y en sus puntos relevantes señaló que debe privilegiarse el derecho de la reinserción social efectiva, que deben cancelarse de oficio los antecedentes penales, que debe reformarse el artículo 27, fracción V, inciso g) de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la Cancelación de los Antecedentes Penales. 

Es por ello que de manera adicional a la iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para la cancelación de los antecedentes penales que se lleve a cabo en todo.

Morena está a favor de los derechos humanos en todos los casos, y en contra de cualquier tipo de discriminación.

Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Compañeros legisladores, en virtud del gran número de iniciativas inscritas en la agenda del día, daremos paso a una segunda ronda. 

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la tribuna a la  Diputada Claudia Sánchez Juárez, a nombre del Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia de tatuajes.

La Diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, Diputada Presidenta. 

En los últimos años la actividad del tatuaje se ha vuelto muy común en las poblaciones del país. Si bien, cada vez se encuentran establecimientos que cumplen bien con las medidas sanitarias requeridas, también hay que reconocer que aún hay muchos sitios donde no se toman las previsiones sanitarias mínimas.

Lo que trae consigo riesgos cuyas implicaciones requieren del fortalecimiento de nuestro marco jurídico en aras de prevenir daños a la salud de la población, principalmente infantil y juvenil.

Actualmente la gran influencia que generan la publicidad en  nuestra sociedad fomenta en nuestros niños y jóvenes la necesidad de someterse a un proceso de pigmentación permanente y doloroso, que trae consigo un grave riesgo de contraer una serie de infecciones que pueden derivar en complicaciones severas en su salud, como granulomas, Queloides, sin mencionar el grave riesgo de enfermedades como el tétanos, la hepatitis B y C, por supuesto, el VIH, entre otras.

El uso de los tatuajes temporales o provisionales se ha intensificado por la incursión de estilos y modas que llegan de otras latitudes, principalmente ahora con el avance de las comunicaciones y de los medios como Internet y televisión que influyen en las conductas de las nuevas generaciones sin medir sus consecuencias.

La gran influencia que genera la publicidad en la actividad comercial que tiene el propósito de vendernos un bien producto o servicio ya sea en artículos de consumo masivo, así como en alimentos y bebidas al incorporarles una serie de promocionales tales como calcomanías adheribles, que sirven para que las niñas y niños se las adhieran al cuerpo simulando tatuajes; la publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión modeladora de actitudes y comportamientos en el  mundo actual.

En el afán mercantil desmedido de empresas que con su publicidad y  mercadotecnia envuelven y atrae a los incautos consumidores en infinidad de productos conocidos como chatarra que se expenden profusamente no solo en centros educativos, sino en cualquier  expendio de alimentos la niñez y la juventud resultan ser presa fácil del consumo de estos productos.

Del análisis de esta situación resulta que la Ley General de Salud no precisa las medidas para el control de los productos de consumo humano, ya que al autorizar el envase o empaquetado de productos alimenticios y su contenido no prohíbe que se incluya, agregue o adhiera otro elemento que contenga, por ejemplo, las calcomanías y tatuajes en forma promocional.

Compañeras y compañeros legisladores: 

El fomento e incitación de estas prácticas a temprana edad constituye un factor de riesgo toda vez que los menores no poseen la madurez suficiente para asumir con plena conciencia y responsabilidad las consecuencias de sus actos en detrimento de su salud y limitar las posibilidades futuras en otros ámbitos.

Por tanto esta iniciativa pretende establecer que en caso de que alguna empresa o particular introduzca, adhiere o adjunte tatuajes temporales a los productos de consumo humano, así como a quienes se encarguen de su distribución y venta, sean acreedores a sanciones económicas y administrativas de la autoridad reguladora.

El objetivo es reforzar  los controles sanitarios en materia de publicidad y prevenir que nuestras niñas, niños y jóvenes incurran en este tipo de prácticas que representan un riesgo a la salud.

Más aún a consecuencia de las prácticas indiscriminadas por parte de las empresas y de la mercadotecnia que emplean para la venta de sus productos.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Se concede ahora el uso de la palabra en tribuna al Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 constitucional, en  materia de desplazamiento forzado interno.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidenta, con su  permiso. 

Compañeras y compañeros Senadores:

La migración es un asunto multifactorial que afecta a millones de personas en todo el orbe, y que en los últimos años se ha convertido en un tema central en el debate político en todo el mundo, principalmente debido a que la misma se ha convertido en el único  medio que muchas personas tienen para poder mantenerse con vida.

En este sentido lamentablemente millones de personas en el mundo se han visto obligadas a migrar de sus lugares de residencia debido a crisis económicas, faltas de oportunidades de crecimiento y desarrollo, guerras civiles, desastres naturales, represión y persecución  por parte de algún Estado, entre otras muchas razones lo que las deja indefensas ante toda clase de peligros, principalmente para las niñas, niños y adolescentes, y las mujeres.

Ejemplos claros de este fenómeno lo hemos visto en diferentes regiones del mundo, donde por la magnitud del problema destaca la crisis de refugiados sirios que huyen de la guerra civil en su país y que encuentran la muerte en el Mediterráneo en manos de traficantes o se ven encapsulados en algunas partes de Europa, principalmente en aquellos países que han cerrado sus fronteras como Macedonia, Bulgaria, Rumania o Hungría.

Lo anterior no es ajeno a nuestro país, puesto que acá se vive una situación similar. México al ser un país de origen tránsito, destino y retorno de migrantes, se ha visto inmerso desde décadas atrás, en una crisis migratoria, no solamente por la falta de políticas adecuadas que mejoren la calidad de vida de las y los mexicanos, y eviten su migración, sino que por nuestra posición geográfica representamos un puente que una a Centroamérica y a los Estados Unidos, lo cual ha originado un aumento exponencial en el flujo de migrantes de dicha región hacia nuestro país, con miras a llegar a la Unión Americana.

De esta manera, millones de hermanos centroamericanos y latinoamericanos que se atreven a cruzar nuestro país, viven un verdadero calvario en su intento por alcanzar en ya muy efímero sueño americano.

No solamente debido a la política migratoria que impuso Barack Obama, y que ha agravado Donald Trump, sino que en nuestro país sufren constantes vejaciones por parte del crimen organizado, y principalmente, vaya paradoja, por los asuntos del Instituto Mexicano de Migración, quienes han, hay que decirlo, han sido señalados de violar reiteradamente los derechos más fundamentales de estas personas.

De acuerdo a Christopher Gascon, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, por sus siglas, cada año se estima que más de 450 mil personas, principalmente centroamericanos, cruzan el territorio nacional hacia los Estados Unidos.

En este sentido, analistas y expertos han señalado que estos flujos de migrantes podrán quedarse varados en nuestro país, debido al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, aumentando los desafíos para nuestro país.

Lo anterior se ha visto patente en algunos municipios del país, Tijuana y Mexicali, desde septiembre del año pasado, miles de haitianos se quedaron varados, debido a la restricción impuesta por Barack Obama, lo cual se ha agudizado con Donald Trump, de acuerdo con Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano de los naturalizados afromexicanos, hay cerca de 3 mil 700 migrantes en municipios donde el 80 % se concentra en Tijuana, asimismo, más de mil cubanos varados en nuestro país, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al eliminarse la política conocida como pies mojados-pies secos.

Ante este desolador panorama, es necesario que se legisle a favor del reconocimiento del derecho de las personas migrantes, independientemente de su status migratorio, en plena consonancia con lo estipulado en el artículo 1º constitucional. 

En ese sentido, uno de los objetivos de la presente iniciativa es el de especificar en nuestra Carta Magna la obligación de los tres niveles de gobierno, de implementar medidas y programas para la acogida de migrantes, entendida ésta, como el acto por el cual un Estado recibe en su territorio a personas migrantes, les ofrece la protección y el amparo del Estado mismo, con el fin de salvaguardar sus derechos humanos.

El otro objetivo que planteamos, es el de elevar a rango constitucional el reconocimiento y la visibilización del lamentable fenómeno de desplazamiento forzado interno. Este fenómeno afecta a de mexicanas y mexicanos que debido principalmente a la violencia y la inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional, se han visto obligados a abandonar sus hogares, y lo han hecho hacia el interior de la República.

De acuerdo al informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, dado a conocer por la  Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo de 2016, varias autoridades estatales y municipales, a solicitud de la Quinta Visitaduría General del organismo, refirieron que entre 2012 y 2015 se registraron 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, principalmente en Tamaulipas, entidad que acaparó el mayor porcentaje, al contar con 20 mil casos, seguida de Guerrero, Chihuahua, con 2 mil 044, y 2 mil casos, respectivamente.

Si bien la cifra antes señalada demuestra sólo eso, una cifra, la realidad es que esta crisis de desplazamiento forzado interno ha desgarrado el tejido social, ha truncado los anhelos y sueños de miles de personas que han tenido que empezar prácticamente de cero, y a las que el Estado mexicano no las ha apoyado en nada.

Lo anterior queda constatado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual en el informe antes referido menciona que el problema de desplazamiento forzado interno, no ha sido visibilizado, ni las víctimas atendidas de forma adecuada, para efecto de proteger o garantizar sus derechos humanos, lo que se agrava ante la resistencia de las autoridades para conocer y reconocer de manera abierta la existencia de este problema.

Reconocemos que la última reforma a la Ley General de Víctimas incorpora disposiciones avanzadas en materia de protección a los derechos de quienes sufren desplazamiento forzado interno. Sin embargo, es necesario que son su visibilización, en la Carta Magna sea posible la construcción de un andamiaje completo e integral que combata la situación que viven estas personas.

De esta manera la iniciativa que presentamos incorpora un nuevo párrafo segundo al artículo 11 de la Constitución, recorriendo el subsecuente, con el fin de visibilizar el problema de desplazamiento forzado interno, además de obligar a la Federación de las entidades federativas, a diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconoce como víctimas.

Aunado a lo anterior, con la adición de este nuevo párrafo IV, se garantiza la acogida de personas migrantes, así como de aquellas que busquen y reciban refugio, asilo y protección internacional en México, a la que el Estado mexicano en su conjunto deberá atender y proteger de manera amplia, velando siempre por la protección de sus derechos humanos.

Finalmente, es de mencionar que algunos de los textos de esta propuesta recogen los esfuerzos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para proteger a las personas migrantes y a quienes estén en situación de desplazamiento forzado interno, en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que reunió los esfuerzos de constituyentes de las diversas fuerzas políticas en la ciudad, a propuesta de la Diputada Constituyente y Senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barron.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.  

Les pido que inserten los dos documentos al Diario de los Debates, por favor, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Claro que sí.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Por acuerdo de los grupos parlamentarios, daremos paso al apartado de la agenda política para abordar el tema de los hechos ocurridos en el estado de Puebla, provocados por los grupos delictivos dedicados al robo de combustible.

Conforme al resolutivo Décimo Noveno del acuerdo para normar las sesiones de la Comisión Permanente, harán uso de la palabra los legisladores en orden progresivo, hasta por cinco minutos cada uno.

La Diputada Karina Sánchez Ruiz, el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, Diputada Norma Rocío Nahle García, Senador Miguel Barbosa Huerta, Diputada Lia Limón García, Senadora Dolores Padierna Luna, Diputado Javier Neblina Vega, Diputado Benjamín Medrano Quezada.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Diputada Karina Sánchez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Nueva  Alianza.

La Diputada Karina Sánchez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

El más reciente incidente de robo de combustibles en el país, ocurrió en el municipio de Acajete, en Puebla, donde una explosión originada en una toma ilegal, interrumpió el tránsito de la carretera Puebla-Córdoba en ambos sentidos.

Otra tragedia derivada de la acción de los grupos criminales que se dedican a estas acciones, cobró la vida de 10 personas, entre ellos cuatro militares, al tratar de asegurar una toma clandestina y ser recibidos a balazos por los delincuentes.

No hay forma de reparar ese  daño o compensar a las víctimas de estos acontecimientos. No podemos permitir que ocurra una desgracia más, debido a las tomas clandestinas de combustibles. 

El incremento del robo de combustible, en nuestro país, es exorbitante. Tan solo basta mencionar que durante el año 2010, Pemex detectó 691 tomas clandestinas, y que para el 2016, la cifra fue de 6 mil 873. 

Según los datos proporcionados por Petróleos Mexicanos, el daño financiero originado por tomas clandestinas en 22 entidades federativas, durante el año 2016, fue de casi mil millones de pesos. 

La lista, desde el año pasado, está encabezada por Puebla, seguida por Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México. 

El Estado mexicano no ha sabido poner fin a este tipo de acciones, que no sólo ocasionan un daño al patrimonio nacional, sino que también han puesto en peligro la vida de miles de personas y de comunidades enteras, como en esta ocasión. 

En Nueva Alianza, tenemos como compromiso dotar al Estado de las herramientas jurídicas necesarias para acabar con el robo de combustible. 

Lamentablemente la delincuencia ha rebasado a la autoridad, como en este caso ha acontecido. 

Hemos buscado, desde este grupo parlamentario, aumentar las penas para que este tipo de acciones se terminen. Pero también consideramos que es preciso ser más eficaces en el combate a este tipo de acciones. 

Para Nueva Alianza, seremos siempre partícipes de todas las medidas que se requieran para acabar con este robo en el país. 

Sin embargo, entendemos que para lograr estos objetivos, es imprescindible una eficaz coordinación de todos los órdenes de gobierno, así como de la misma participación de la ciudadanía, como hasta este momento ha sido. 

Confiamos y consideramos que la unidad es nuestra fuerza para lucha con este crimen. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

(Aplausos)

La Diputada Presidenta Karla Karina Osuna Carranco: Gracias. 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Partido de Movimiento Ciudadano. 

El Diputado Macedonio Tamez Guajardo: Gracias. Buenas tardes. 

No voy abrumarlos, compañeros, con cifras y estadísticas, ya han sido estas mencionadas en demasía, pero sí hacerles notar las dos ominosas realidades que nos permiten conocer y reconocer los acontecimientos de Puebla. 

En primer lugar, la terrible impunidad que nos agobia, la falta de castigo o de consecuencia de derecho para los que en este país, cometen delito. Eso no es otra cosa más que una incompetencia de las autoridades, por indolencia, por complicidad, por comodidad, por lo que sea, pero no es posible que después de tantos años, habiendo miles de tomas clandestinas, casi no haya detenidos, y estos cuando son detenidos salen libres. 

Creo que es momento de llamar la atención a quien tiene la competencia, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal, para que cumplan con su deber y dejemos de ver estas atrocidades. 

La segunda realidad, también ominosa y alarmante, es la base social del delito. Salta a la vista que comunidades enteras del estado de Puebla y, por supuesto, que también de otras entidades, viven del delito, viven del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal. 

Cuando en una sociedad, la gente hace cosas indebidas, cosas malas, y sabe que está mal y se puede arrepentir y puede rectificar, todavía hay esperanza y remedio; pero cuando una sociedad, la gente hace, comete delitos y piensa que es bueno cometerlos, ya difícilmente se piensa que se tiene remedio. 

Es por eso que a mí me alarma esta base social, es por eso que me alarma y preocupa la tolerancia del delito, y que incluso haya políticos quienes lo apoyan y que dicen: “Que es por la sociedad social”. Tampoco debemos permitir eso. 

Por lo tanto, vaya mi comentario en el sentido de reflexionar de hacerle un exhorto al Poder Ejecutivo para que cumpla con su deber y estudiar, introducir, averiguar las causas de esta base social que verdaderamente es lo que más debe preocupar en este tipo de acontecimientos. 

Es cuanto lo que tengo que decir. 

Muchas gracias. 

(Aplausos)

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Movimiento de Regeneración Nacional. 

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, Presidenta. 

Este es un tema muy importante que se ha dejado por más de una década avanzar. Y cuando decimos que más de una década, vamos a hacer historia. 

Cuando termina el sexenio, el Presidente Zedillo, había un informe sobre el robo de hidrocarburos, pero no era de una dimensión desproporcionada como lo tenemos ahora. 

Cuando entra el Presidente Vicente Fox, este acto delictivo se incrementa en una forma alarmante, y son ciertos estados donde se reporta la incidencia: Puebla, Guanajuato, Veracruz, donde pasan los ductos, Querétaro, y de ahí se convierte en otro negocio, tanto de gente que trabaja dentro de Pemex, tanto de funcionarios de primer nivel del gobierno, como de personajes de la delincuencia organizada. 

Posteriormente, en el sexenio de Felipe Calderón, se empieza a disparar todavía más este delito. 

Vemos que en el 2009, por ejemplo, había 13 millones 259 mil millones de litros perdidos; y en el 2012, ya había 18 mil millones 456 mil millones de litros que se perdían. Hablamos, en términos redondos, de más de 62 mil millones de pesos que se dejaron de invertir o que se dejaron de asignar. 

¿Qué pasó en todos estos sexenios? 

¿Dónde se vende la gasolina? 

La gasolina robada se vende en muchas gasolineras, y otras se venden en la orilla de las carreteras o en los locales, pues, que están escondidos en los municipios. 

Pemex, con todas sus bombas tiene un control para decir: La bomba número tal que está en Durango, en Aguascalientes, donde sea, lleva el control de sus ventas, que debe de coincidir con la factura que Pemex le surte al gasolinero, por ejemplo. 

Hoy vemos que con una reforma energética abierta, que van a traer gasolina de donde quieran y de donde sea, pues, vamos a ver cómo se va a dar este control, más bien dicho, cómo va a aumentar este descontrol. 

Hoy, con el Presidente Peña Nieto, pues, los huachicoleros, como se le llama, se ha incrementado en una forma alarmante. 

En el 2016, tenemos el informe oficial que son más de 30 mil millones 836 de litros que se pierden por el robo de combustible. Para que esto suceda, es porque hay corruptos y corruptores, y que desde adentro de la empresa del gobierno se permite que las tomas clandestinas que hay y que tiene un seguimiento por cada kilometraje de ducto, se llaman manómetros de presión. Se pone el manómetro, si cae la presión, quiere decir que en  ese momento están ordeñando el ducto y puede haber una medición en todo el país, pues, se no se registra, nadie sabe, Pemex no se da cuenta, y ahora ya no es Pemex el responsable, porque todo se le carga a Pemex, es la Sener. 

Yo creo que Pedro Joaquín Coldwell nos debe de venir a informar cómo va a ser el seguimiento de medición de todos los ductos que también está concesionando y está entregando, ahora los privados cómo van a tener este control, todo esto es un desorden, una corrupción que empieza de funcionarios, de clase política y que termina con los huachicoleros de las regiones. 

Lo que pasó en Puebla, la semana pasada, es alarmante, lamentable, no estábamos viendo imágenes de Venezuela ni imágenes de otros lados, estábamos imágenes de México, nuestro más sentido pésame a las familias de los soldados y de las personas que fallecieron allí. 

¿Qué estamos diciendo? Orden, terminar con la corrupción, porque no es con este desorden ni con la ley del garrote como vamos a controlar este delito, un orden financiero administrativo donde una reforma energética abierta le está entregando a buenos y malos la rebanada del pastel más grande en este país, y que lastima la columna vertebral de la economía de México. 

Es cuanto, señora Presidente. 

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el Senador Miguel Barbosa Huerta, del Partido del Trabajo. 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias a la Mesa Directiva. 

Como si no bastara la violencia desatada por los narcotraficantes, como si no fueran suficientes los terribles casos de trata de personas, los feminicidios, los desaparecidos y los secuestrados, ahora México enfrenta una nueva modalidad del crimen organizado, el robo de combustible. 

Ojalá nos pusiéramos atención cuando hablamos, porque es una forma de respetar no sólo al orador, sino al recinto, al funcionamiento de la Cámara, pero se abstraen los visitantes y los legisladores que están en este Pleno para seguir sus pláticas, es más importante que atender a lo que se dice. 

Gracias, Agustín, por venir a distraer la sesión. 

En los últimos días, en el estado de Puebla, epicentro de este fenómeno, las llamadas bandas de los huachicoleros han enfrentado a nuestras fuerzas armadas con una capacidad que sólo pueden acumular verdaderas organizaciones criminales. 

Llamo a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que asumamos una actitud responsable ante este fenómeno delictivo. 

La ordeña de ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción, en Pemex, y entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno. 

Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero su falta de castigo, lamentablemente, es uno de los principales incentivos para que la actividad no sólo se siga realizando, sin que se expanda. 

La impunidad es uno de los principales incentivos de este delito, la expansión de este robo la han convertido no sólo en un fenómeno criminal, sino también en uno de carácter social, en el que segmentos de varias comunidades del llamado Triángulo Rojo, que incluye los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, en Puebla, participen en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de hidrocarburos robados, o los que reciben elevados ingresos económicos. 

Cómo detener y desmantelar a las bandas de huachicoleros sin soslayar la necesaria presencia de fuerza pública para enfrentar grupos criminales con elevada capacidad de fuego, el mejor envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema.

El fenómeno debe atacarse de manera integral, dicho plan debe de incluir, por ejemplo, el combate a la corrupción que también otorga soporte al robo de hidrocarburos, desde la colusión de cuerpos de seguridad pública, pasando por trabajadores de Pemex que participen en este ilícito hasta las complicidades políticas de funcionarios de los tres niveles de gobierno. 

Revisando notas sobre este asunto dan datos de cómo vehículos oficiales de muchos municipios de estos el llamado Triángulo Rojo, y otros, usan combustible robado. 

Que las instalaciones públicas de muchos de estos municipios sirven para almacenamiento de vehículo robado y de que, inclusive, vehículos oficiales han servido para transportar vehículo robado. 

No podemos pasar por alto que existe un soporte social del robo de hidrocarburos, el cual tiene su origen, también hay que decirlo, en la pobreza y la marginación, cualquier plan eficaz debe incluir un programa para la generación inmediata de empleos, la reactivación económica de la zona, dignificación de espacios públicos y viviendas, así como la reconstrucción de infraestructura de servicios de salud y educación. 

No debe repetirse el error que se ha cometido en otras regiones del país al combatir a grupos de la delincuencia organizada sólo con la fuerza de las fuerzas del orden, el cual consiste únicamente en el descaecimiento de éstos y dejarlos intactos en su infraestructura. 

Nos solidarizamos con el Ejército Mexicano, nos solidarizamos con las familias de los cuatro soldados que perdieron su vida en recientes hechos, expresamos nuestra preocupación y llamamos a una eficaz coordinación de las fuerzas del orden, pero también reconocer el origen de la pobreza y la marginación, hay que reactivar esa zona del estado de Puebla y, sin duda, hay que hacer un plan nacional para combatir esta nueva forma de delinquir, recuerden que también está Guanajuato, está Querétaro, está Jalisco, están muchos otros estados que sufren de este flagelo, así es que mantengamos los órganos del Estado una posición de solidaridad con quienes fallecen, con las víctimas, pero de preocupación por el desorden que se ha instalado en diversas zonas del país. 

Gracias, Presidenta. 

Gracias Mesa Directiva. 

(Aplausos)

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la Diputada Lia Limón García, del Partido Verde de México. 

La Diputada Lia Limón García: Con la venia de la Presidencia. 

Compañeros legisladores y legisladoras: 

El robo de hidrocarburos, como ya se ha dicho aquí, es un delito preocupante, no sólo por las implicaciones económicas que tiene, sino por los graves riesgos que representa para la seguridad de las personas y también para el medio ambiente. 

Nadie en esta Asamblea puede estar de acuerdo o tratar de justificar lo que está sucediendo, justificar delitos es hacerse de algún modo cómplices de ello, mucho menos  tratar de achacar responsabilidades sin hacer un análisis a fondo y entender que la coordinación y el trabajo conjunto de las distintas instancias es fundamental. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que el robo de hidrocarburos, que aqueja a nuestro país, provoca la pérdida de alrededor de 15 o  20 millones de pesos al año, además de los riesgos ecológicos y de seguridad que se provocan. 

Pemex, por su parte, señala que pierde  todos los días alrededor de 27 mil barriles diarios como resultado del robo de combustible, que lleva a cabo principalmente bandas de delincuencia organizada. 

En el Poder Legislativo hemos atendido este tema desde nuestro ámbito de competencia, el 12 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Industria Petrolera, lo que vino a cubrir varios vacíos legales que permitían a la delincuencia evadir la acción de la justicia, contribuyendo con esto a evitar la impunidad en este tema. 

Ojalá  esta nueva ley contribuya al combate de este delito y verdaderamente permita a las autoridades actuar evitando los huecos legales que existían y permitan, entonces que haya mucho más sanciones de las que existen hasta hoy en este tema. 

Además, recientemente fueron aprobadas reformas en la Cámara de Diputados a esta misma ley con el objetivo de incrementar las penas relacionadas con el robo de hidrocarburos, con el objeto de que quienes cometan estos ilícitos reciban las sanciones que se ameritan y también, obviamente con el objeto de inhibir la comisión de este tipo de delitos. 

Como bien saben, en los últimos días hemos  sabido de diversos incidentes que generan un impacto social profundo que deviene en un riesgo para la seguridad  y el patrimonio de miles de familias mexicanas, aunado a la merma significativa a las finanzas del Estado. 

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México, primero que nada, nos solidarizamos con las fuerzas armadas por las pérdidas de vidas que hubo y con las familias de los cuatro soldados acaecidos. 

Estamos convencidos que las acciones para el combate  a esta modalidad delictiva tienen que tener su base en el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y entre los distintos poderes, tanto federal como entidades federativas, tanto para la prevención  como para la persecución de este tipo de delitos. 

También creemos que no basta con acciones gubernamentales, sino que es necesario generar conciencia  en la sociedad de que cuando una persona compra gasolina en el mercado negro o en el mercado clandestino se vuelve parte de esta cadena delictiva afectando a la sociedad y beneficiando a bandas criminales, en particular, en este caso  a los llamados “huachicoleros”. 

Esto de ninguna manera significa trasladar la obligación del Estado a la sociedad, significa crear conciencia de la importancia  de trabajar de manera conjunta en el debate de este tipo de delitos y también crear conciencia de que  estas bandas, las bandas criminales que se dedican a la explotación ilegal de combustibles, no sólo tienen ese tipo de delitos, sino una serie de otros delitos que dañan  enormemente a la sociedad, y por lo tanto el combate a dichas bandas, generando conciencia del daño que genera la compra ilegal de combustible, nos parece fundamental. 

Asimismo, insistimos en la importancia  de lograr una mejor coordinación, no sólo policial en este tema, sino también de las fiscalías locales que juegan un papel fundamental en la persecución y sanción de estos ilícitos. 

Y me parece que había también que revisar  las reglas que existen en cuanto a la distribución de competencias. Es decir, hay una parte que tiene que ver y que es competencia, sí, de la Federación, pero otra parte también importante que es competencia local, y si no logramos tener claridad en eso y también en que por ello es fundamental la coordinación, poco podremos avanzar  en el número de personas que sean castigadas por este tipo de delitos. 

Por eso en el Verde, consideramos además, que es fundamental redoblar esfuerzos, y como ya se decía y se proponía aquí, sí trabajar de manera seria un programa enfocado en el combate al robo de hidrocarburos, tomando conciencia del inmenso daño y peligro que conforma en nuestra sociedad. 

Es cuanto, Presidente. 

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la Senadora Dolores Padierna Luna, del PRD. 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, Presidenta. 

El enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Palmerito, Puebla, entre efectivos militares y pobladores acusados de robar combustible en los ductos de Pemex, dejó un saldo trágico de al menos 10 personas muertas, seis de ellas civiles y cuatro soldados, 11 heridos, 14 detenidos y una situación de tensión política y social que urge ser atendida más allá de la violencia registrada en estos días. 

La Procuraduría General de la República anunció que abrió una indagatoria por los delitos  de posesión, portación de armas de fuego y otros que resulten, al mismo tiempo  anunció que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales. 

Sin embargo, la propia PGR no ha anunciado hasta el momento, ninguna investigación sobre la responsabilidad de los servidores públicos, ni de Pemex, ni del Cisen, ni de ninguna otra dependencia vinculada por este tema, que ya sea por acción o por omisión han permitido que estos delitos vayan en un incremento exponencial muy riesgoso.

No podemos centrarnos únicamente en la acción delictiva de las personas que roban combustible, si bien es cierto forman parte de una red criminal que afecta el patrimonio nacional y la seguridad de las personas, es nuestra obligación como legisladoras y legisladores ampliar la mirada de este fenómeno hacia las causas estructurales que han facilitado y permitido la proliferación de este tipo de grupos delictivos. Que en una palabra pudiéramos resumir: “la causa principal es la impunidad”.

A raíz de la reforma energética impulsada por este gobierno, Pemex se ha visto debilitado en cuanto a su capacidad de inversión, de seguridad y de resguardo de sus propias instalaciones. Esta desinversión ha colocado a la red de distribución y transportación de hidrocarburos en uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena de producción de la paraestatal.

Paralelamente, las investigaciones que se tiene que desarrollar por los actos delictivos, que se traducen en el robo de combustible, resulta indispensable que se haga una investigación de carácter político sobre las responsabilidades de las y los servidores públicos que han conducido a Pemex a este momento de debilidad y de crisis institucional en la que se encuentra.

Lo ocurrido en Puebla es una tragedia largamente anunciada por tres razones fundamentales que nos habla de negligencia, corrupción y complicidades al más alto nivel.

En los 13 años transcurridos, de 2003 a 2016, desde la primera vez en que el gobierno de Vicente Fox dio la orden de coordinarse e incluso formó una Comisión Interinstitucional con las instituciones Pemex, Secretaría de Gobernación, PGR, Sedena y Marina para enfrentar este flagelo del robo ilegal de combustibles, el número de tomas clandestinas creció 10 %, y nadie hace nada.

Pemex ha tratado de lavarse las manos de su propia responsabilidad con la vigilancia de los ductos. 

En agosto de 2003, la paraestatal informó que existe un grupo de trabajo interinstitucional del gobierno federal en el que participa Pemex con el propósito de delinear estrategias, dar seguimiento al programa de combate al mercado ilícito de combustibles y ejercer las acciones legales procedentes.

Se desconoce hasta la fecha cuáles fueron los resultados de estos grupos interinstitucionales, han pasado seis directores de Pemex desde entonces. Tres Secretarios de la Defensa Nacional, tres Secretarios de Marina, ocho titulares de la PGR, ocho Secretarios de Energía y no se ha informado ningún avance que hayan tenido éstas autoridades.

En 2010 desapareció el presupuesto federal de la partida para el Programa de Combate al Comercio Ilícito de Hidrocarburos, anunciado en 2002 para Pemex. No se ha explicado por qué se disminuyeron estos recursos, ni el comercio ilegal de combustibles y por qué éste se incrementó.

Entre 2008 y 2015 se incrementó de 57 a 100 el número de perforaciones ilegales.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto han crecido las tomas clandestinas de combustible a un ritmo mayor que en los otros dos sexenios anteriores.

Informes de Pemex revelan que tan sólo en los dos meses de este 2017 se realizaron mil 646  tomas clandestinas, una cuarta parte de lo que se perforó en la infraestructura de los ductos de Pemex.

En promedio diario, los grupos delictivos han realizado 28 perforaciones entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2017; nueve perforaciones más diarias del promedio en 2016.

Cuando este delito alcanzó niveles históricos de 6 mil 873 tomas clandestinas, y cuando el Congreso de la Unión, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobamos la ley contra el, para tipificar este delito de robo de hidrocarburos.

Otro elemento preocupante es el vínculo entre algunos grupos políticos locales con grupos del robo de combustible y la posible obtención de recursos financieros ilícitos para el financiamiento de algunas campañas.

La Auditoría Superior de la Federación año con año relata los diversos distintos modus operandi de este delito de robo de hidrocarburos. Le ha hecho, año con año, todo el trabajo de investigación a las autoridades judiciales y ni así se hace nada al respecto, reina la impunidad más absoluta.

Quiero terminar diciendo que necesitamos analizar las consecuencias de la fallida reforma energética, y tenemos que analizar también las responsabilidades de quien a fuerzas quiere convertir a la gallina de los huevos de oro en el avestruz de los huevos robados.

Este ilícito que está afectando y que ha traído ya muertes y una enorme violencia en algunos estados tiene que traducirse en algo más que esta exposición de los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente.

Debemos llamar a comparecer al titular del Cisen porque él es el encargado de llevar a cabo la inteligencia y ubica perfectamente los domicilios, los horarios de dónde ocurre este delito.

Al titular de Pemex porque ellos tienen los horarios de distribución de los combustibles y son los responsables de la vigilancia de los ductos.

Al titular de la Secretaría de Energía porque a ellos les corresponde hacer respetar el calendario de apertura del mercado de combustibles, y sus decisiones erráticas se han traducido en efectos muy perniciosos para el país.

Y convocar a la comparecencia al Procurador General de la República porque él es el encargado de investigar los delitos, de impartir justicia a las víctimas, y sólo ha mostrado  indolencia ante este mal.

Estos debates sí sirven para hacer llamados y conciencia social, pero se deben de tomar acciones concretas por la Comisión Permanente para que se hagan valer las leyes que hemos aprobado como Congreso de la Unión y se finquen responsabilidades contra los responsables.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias.

Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el Diputado Javier Neblina Vega, del Partido Acción Nacional.

El Diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, señora Presidenta.

Legisladoras y legisladores:

La ordeña de ductos de Pemex no es un tema nuevo, es un problema que ha venido creciendo por décadas, sin que ninguna autoridad le haya querido entrar de frente, tuvieron que morir 10 personas en Puebla, cuatro soldados del Ejército y seis presuntos delincuentes dedicados al robo de gasolina para que el gobierno federal anunciara un plan integral contra la ordeña de hidrocarburos.

El pasado 4 de mayo, en la comunidad de Palmarito, Puebla, los elementos del Ejército fueron atacados de manera cobarde por huachicoleros, quienes usaron a niños y mujeres como escudo para que los soldados no pudieran repeler la agresión.

Desde esta tribuna, Acción Nacional se solidariza con los familiares de los soldados caídos en el cumplimiento de su deber y respaldamos la actuación del Ejército Mexicano.

El robo de combustibles por ordeña de ductos de Pemex es un problema grave que hay que atender de manera integral.

Según los últimos datos con que se cuenta esta actividad lícita representa pérdida de miles de millones de pesos, no para la empresa Pemex, sino para todos los mexicanos.

Pemex informó que ha gastado más de 4 mil millones de pesos para inutilizar las tomas clandestinas realizadas por los huachicoleros, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, son delincuentes que roban combustibles.

Ahora bien, más allá de estas pérdidas el robo de gasolina es un problema mucho más complejo y multifactorial que tiene que ver con  cuestiones sociales, económicas, falta de oportunidades de empleo, corrupción, delincuencia organizada y complicidades. 

Para erradicar este problema se requiere una solución integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, así como terminar con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos.

Acción Nacional está consciente del problema, por eso impulsamos reformas legales sobre el robo de combustible durante el pasado período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, mismas que fueron incluidas en el dictamen aprobado durante la última semana del período y que ahora esta minuta está en poder de la Cámara de Senadores. 

Y aquí quiero dejar clara la posición del Partido Acción Nacional, presentó un Diputado del PAN del estado de Puebla una iniciativa que, por supuesto respaldó toda la bancada del PAN, para otorgar de manera oficiosa, prisión preventiva para aquellos que se dedican a esta actividad ilícita; pero eso, sin duda, es la consecuencia del acto delictivo.

En Acción Nacional consideramos necesario un plan de prevención, un plan integral de largo plazo para terminar con el robo de gasolinas de los ductos de Pemex, es  necesario elaborar programas de empleo específico para las comunidades dedicadas a esta actividad ilícita. La solución al problema del robo de hidrocarburos requiere de la voluntad política del gobierno federal y la aplicación estricta de la ley, requiere de acciones concretas del Estado, requiere que terminemos de una vez por todas con la corrupción y con la impunidad.

Es cuanto, por su atención muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR

PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Benjamín Medrano Quezada.

El Diputado Benjamín Medrano Quezada: Gracias Presidente, con su  permiso. 

Yo quisiera, antes de iniciar, mandar un saludo afectuoso a todas las madres de México y especialmente a las Diputadas y Senadoras que son madres, ya que el día de mañana no las podremos ver para abrazarlas como lo haremos hoy.

Yo quiero  este cuestionamiento del PRI que me tocó la fortuna de dar. Resumirlo en tres puntos que son importantes.

Yo creo que la fuente del desarrollo y de la riqueza es la expresión y la identidad de los orgullos nacionales, el petróleo representa un recurso invaluable, un patrimonio nacional que debemos proteger, por ello, quien roba petróleo le roba a México.

En el año 2014, en México se registraron pérdidas por un valor de más de 1,159 millones de dólares derivadas de los robos de los hidrocarburos. Además, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el crimen organizado podría estar controlando el día de hoy hasta el 20 % del mercado nacional de los combustibles; sumado a  lo anterior, las pérdidas por reparaciones a la infraestructura y las tecnologías afectadas por el crimen organizado han alcanzado niveles hoy alarmantes.

Lo anterior, se ha traducido en un constante desabastecimiento en regiones del país que afectan hoy en día a cientos de estaciones de servicio, de abasto de combustible automotriz y, por lo tanto, termina perjudicando a los que, como ustedes y yo, somos consumidores.

En Puebla el robo de combustible se ha convertido en un negocio de los pueblos inmiscuidos en la región conocida como El Triángulo Rojo, ya tan mencionada.

Hace un rato el señor Secretario de Hacienda hizo un señalamiento que yo quisiera compartirles. Hoy en día nos cuesta entre 15 a 20 mil millones de dólares al año de pérdidas por el robo de combustible, pero además, esto provoca que se recaude más, perdón, menos IEPS en la gasolina.

En el 2015 se detectaron 815 puntos de ordeña en Puebla, más del doble que el año anterior; y el primer semestre del año pasado se localizaron 601 tomas clandestinas que representan casi la tercera parte de éstas a nivel nacional.

Compañeras, compañeros Senadores y Diputados: 

El pasado martes una familia fue brutalmente atacada por presuntos huachicoleros en la carretera México-Puebla, quienes asesinaron a un bebé de apenas 2 años, y violaron a una niña de 14 años, así como a su madre.

Tan sólo un día después se registraron dos enfrentamientos entre fuerzas federales y criminales dedicados al robo de la gasolina en el municipio de Quecholac en los que  perdieron la vida cuatro soldados.

Cobardes, cobardes los delincuentes, pues ocuparon a niños a mujeres de esta comunidad como escudos humanos para impedir la incursión militar.

Ya lo dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hace unos días, el robo de combustible es un delito, quienes  lo practican exponen a sus familias y dañas a sus comunidades.

La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito. 

Convencidos de la necesidad de salvaguardar los recursos de nuestra nación, los Diputados priistas aprobamos considerar como delitos graves, así como castigar la sustracción, compra, enajenación y adquisición de los hidrocarburos de manera ilegal para salvaguardar nuestros recursos energéticos.

Hace apenas dos semanas, señoras y señores, aprobamos endurecer las penas en materia de robo de hidrocarburos, imponiendo sanciones de entre 25 y 30 años de cárcel en aras de combatir eficazmente este delito y castigar a quienes dañen el recurso que nos pertenece a todos los mexicanos.

Sensible ante esta situación que vive hoy Puebla, responsable de la necesidad de hacer valer el Estado de derecho, el pasado viernes el Presidente giró instrucciones a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a Pemex para que instrumenten una estrategia integral que venga a combatir este ilícito que se da en toda la geografía nacional.

Asimismo, desplegará más de 2,500 efectivos militares, que junto con 500 oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, desarticularán seguramente a esas organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos en El Triángulo Rojo que tanto daño nos han hecho.

Compañeras y compañeros: 

El robo de combustibles es un delito que afecta nuestro patrimonio, pero también lacera las instituciones del Estado mexicano y, sobre todo, pone en riesgo a las familias, es un delito que no podemos tolerar, y mucho menos permitir.

Los legisladores del PRI celebramos y respaldamos la decisión del Ejecutivo Federal para combatir frontal e integralmente a la delincuencia organizada, que hasta hoy ha gozado de total impunidad en Puebla.

Debemos estar conscientes que su futuro, como el de la nación toda dependerán de las decisiones que con responsabilidad podamos tomar hoy.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. 

Muchas gracias, Diputado Benjamín Medrano Quezada.

Y para rectificación de hechos, tengo registrada a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, hasta por tres minutos.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente. 

Compañeras Senadoras, Diputados, Diputadas, de nuestra Permanente. Este es un tema que hoy nos debe ocupar a todas y a todos en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes.

No podemos soslayar estas cobardes agresiones ocurridas este 3 de mayo en esta localidad de Palmarito,  Puebla; éste es un llamado de atención fuerte de qué es lo que estamos haciendo; desde la parte legislativa, los grandes esfuerzos que hemos llevado a cabo a través de las reformas estructurales en  materia energética.

Este problema que hoy nos ha lastimado y que vemos víctimas, vemos familias; y el reconocimiento al Ejército, al orden que ha querido llevar a poner, pero no a estas medidas de privación de vida, de libertad. 

Es un problema que no es reciente, es un problema que nos ha llevado ya muchos años, pero lo más sorprendente es que ha ido creciendo, ha sido un combate frontal, debido a que se ha vuelto a grupos delictivos que están siendo fuerza de hoy en día, vemos que han aglutinado incluso hasta a muchos jóvenes que están trayendo este grupo de personas.

Creo que estas cifras que han expuesto aquí los compañeros, estos operativos que se han hecho para combatir el delito, han sido insuficientes. De ahí la importancia que debemos de fortalecer más estrategias al incremento que se puedan hacer para poder ya lograr estas tomas clandestinas que puedan ser cerradas, pero además que estas personas que han sido involucradas, paguen con las penas correspondientes, no podemos permitir que tomen más fuerza, que cada vez con más frecuencia puedan tener más poder y que estén impunes.

Hoy hago un llamado exigente, a que podamos lograr que se paguen todos y cada uno de estos delitos.

Otro aspecto que también debemos destacar, las operaciones que han realizado los denominados huachicoleros, se han incrementado, y que prueba de ello, estas actividades ilícitas, han rebasado ya incluso este Triángulo Rojo, y se han visto ya más de 30 municipios. 

Éste es un problema no solamente de gobiernos locales, es un problema también que tiene que ver con un gobierno que está dando su mejor esfuerzo, pero que tenemos que continuar estas estrategias ¿cómo? Con la prevención, eso tiene que ver también con educación, esto tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con investigación y persecución del robo de este combustible, va a exigir más compromisos de las autoridades, como mencionaba, en estos tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, también hay que reconocer que Petróleos Mexicanos ha fortalecido sus controles en estaciones de servicio ha colocado diversos circuitos cerrados en terminales de almacenamiento y de distribución, fortaleció sus sistemas en línea, aumentó los mecanismos de mediación y rastreo, de autotanques y amplió la vigilancia aérea en la Red Nacional de Ductos, quiere decir que estamos haciendo esfuerzos también.

Con responsabilidad hemos visto al Presidente de la República, recientemente que ha girado instrucciones para instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburos.  Para este fin convocó a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y de Crédito Público, así como  a la Procuraduría General de la República y a las autoridades de Petróleos Mexicanos.

Reconocemos el trabajo del Ejército Mexicano y de sus elementos adscritos a estas tareas para prevenir el robo de combustibles y la proliferación de tomas clandestinas. Estos robos de hidrocarburos son responsabilidad de todos, poder combatir esta actividad ilícita que pone en riesgo la seguridad de miles de vidas, de familias, de servidores, pero lo más importante es que hoy aquí que tenemos esta oportunidad histórica, podamos generar los mecanismos legislativos que nos den mejores resultados y opciones para que podamos tener una transparencia en este tan desafiante problema que es el robo de combustibles.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora.

Informo a la Asamblea que las proposiciones relativas al robo de combustibles, inscritas en nuestra agenda del día, se tendrán por presentadas y se turnarán a la Primera Comisión.

Compañeros legisladores:

Informo a ustedes que recibimos una comunicación que suscribió la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, por la que informa que este día por la mañana se realizó su reunión de instalación.

Hago ahora de su conocimiento que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios, para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permita el Resolutivo Décimo Segundo del acuerdo aprobado.

Las proposiciones que cumplieron segunda inscripción se turnarán a  comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del acuerdo aprobado.

Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

Las intervenciones de la agenda política se insertarán en el Diario de los Debates.

La Diputada Hortensia Aragón Castillo: (Desde su escaño) Habíamos solicitado para hechos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿A quién se lo solicitaron? 

Servicios Parlamentarios no me lo informó. 

La Diputada Hortensia Aragón Castillo: (Desde su escaño) Si usted autoriza, Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí. 

¿Si me indican a quién?  

¿A quién se  lo solicitaron? 

¿A quién de Servicios Parlamentarios?  

Con mucho gusto.  

Sí, pero para que no vuelva a suceder. Pasen por favor.  

¿Usted Diputado Zambrano?

El Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Una disculpa, Presidente.  Con su permiso.

Compañeras y compañeros legisladores:

Sólo para puntualizar y remarcar algunos aspectos. 

Yo me pregunto y me digo: ¿Es necesario endurecer las penas por el robo de hidrocarburos, como lo hemos planteado nosotros en iniciativas y en minutas que ya están en el Senado? Sí, por supuesto que sí.

Yo diría que a estas alturas es aún más necesario y urgente, el tomar las medidas para combatir a las mafias, y para esto se requieren labores de inteligencia verdadera, profunda, de identificación de sus lugares de operación, de los mecanismos que tienen para hacerlo, sus redes de comercialización, todo esto, si no, pues nada más vamos a estar en el papel, desarrollando aspectos de penalizaciones mayores. Pero mientras no se actúe con lo que se requiere del Estado mexicano para hacer efectivo todo esto, no vamos a detenerlo. Y entonces para esto se requiere, como decía, inteligencia policiaca.

Miren, se habla por ejemplo de que alrededor del 80 % del robo de combustibles, de las famosas ordeñas, se debe a que personal de Pemex, y especial, particularmente, de los grupos dirigentes del sindicato petrolero, participan de una operación de este tipo, para saber cuándo cierran ductos, cuándo cierran bombas, qué tanto se bombea, qué tanto se conduce, etcétera. 

Y que hay una información que se fuga, que se manda hacia las bandas delictivas que operan en determinados lugares de la República, y entonces junto con el manejo de pipas, junto con, insisto, todo lo que tiene que ver con la comercialización. 

Aquí se ha hablado de varios estados de la República, está también la zona de los complejos azucareros, del estado de Veracruz, por ejemplo, en donde operan bandas delictivas, ya ha habido ahí un crecimiento de los índices delictivos alrededor de este tipo de operaciones de huachicoleros también en esta región.

Entonces, es necesario que sepamos qué medidas se están tomando, qué decisiones está el Estado mexicano asumiendo, particularmente los órganos encargados de esto, y desde la propia paraestatal o empresa productiva del estado, Pemex.

Por eso lo que se planteaba por las bancadas del PRD aquí, es absolutamente necesario, que se venga y que se informe por parte de Pemex mismo, qué medidas preventivas están tomando, qué inversiones están pensando en hacer para que podamos modernizar todos los esquemas de monitoreo de la conducción, de flujo, etcétera, de los combustibles, de lo que sale y de lo que no sale, lo que se produce, todo esto cómo está sucediendo.

Que PGR encargada de la investigación y persecución de los delitos, por supuesto que debe informar qué se está haciendo, qué está haciendo el Cisen alrededor de todas las labores de inteligencia, y como lo planteaba también la Senadora  Dolores Padierna, a nombre del grupo parlamentario del PRD, que la Sener dé una información, y al mismo tiempo decimos nosotros, que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, valore en qué medida y con qué ritmo se debiera continuar con el calendario de apertura de mercados en el otorgamiento de ductos, porque seguirlo haciendo así, sin una vigilancia, sin un monitoreo por parte de las autoridades del Estado mexicano, tratándose ya a estas alturas de un asunto de seguridad nacional que le compete al gobierno de la República, pues entonces vamos a correr un riesgo mayor, si proseguimos en este proceso.

Éstas son las cuestiones que nosotros queremos llamar, sobre las que queremos llamar la atención, y espero que podamos lograr acuerdos en este sentido para que podamos tener, como Comisión Permanente, legisladoras y legisladoras, todo lo que correspondiente a la información que tiene que ver con este delicadísimo tema. 

Por su atención, muchas gracias. 

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Zambrano. 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, solicitó dar turno directo a sus proposiciones, las que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer su función de control y fiscalización dentro de un proceso de licitación internacional del IMSS. 

Y la que exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a observar la moción del Comité de Participación Ciudadana al Sistema Nacional Anticorrupción en el proceso de nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Se reciben y se turnan a la Primera Comisión. 

Los textos de las efemérides…

La Senadora Graciela Ortiz González (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Denle volumen, por favor, a la Senadora. 

¿Con qué objeto, Senadora? 

Denle volumen en su escaño. 

La Senadora Graciela Ortiz González (Desde su escaño): Si me permite una participación muy breve, señor Presidente, solamente para hacer acotación de algunos hechos en relación al tema que hemos estado tratando. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: A ver. 

Le pediría a la Asamblea dos minutos de su atención. 

Es importante, para que el debate tenga una secuencia, que lo hagamos en el momento oportuno. 

Como hace unos momentos se lo hice y le dimos el uso de la palabra al Diputado Zambrano, pues, también se lo doy a usted. 

Y entonces, lo que voy a hacer es consultar a la Asamblea ¿si el tema está suficientemente discutido? para que tenga una secuencia. Si están de acuerdo. 

Adelante, Senadora.

La Senadora Graciela Ortiz González: Le agradezco mucho, Presidente. 

Solamente una intervención muy rápida, porque me parece que vale la pena, en la atención de este tema que nos tiene preocupados aquí en la Comisión Permanente, hacer algunas precisiones, que es importante conozcan los mexicanos y que es importante lo reflexionemos los legisladores que hemos estado abundando sobre este tema. 

Yo quisiera, solamente para poner en perspectiva la situación actual, que es parte de la preocupación que han mostrado algunos legisladores, la información que la misma empresa y que el mismo gobierno tiene al respecto. 

Tan solo en el 2016, Pemex detectó 6 mil 873 tomas clandestinas, se comentó aquí, y el número, por sí mismo, nos reflejaría que ha habido, efectivamente, un incremento en la ubicación de estas tomas clandestinas de combustible. 

De este incremento, llama la atención el que son dos estados donde fundamentalmente se concentra el mayor número de tomas clandestinas, uno de ellos es el estado de Puebla, que es donde se dan recientemente los hechos que todos lamentamos y que desde luego todos condenamos en estos días; y el otro, es el estado de Guanajuato. 

Cuatro de cada diez tomas se están dando en estos estados en la geografía de estas entidades. 

Entre 2011 y 2016, estas tomas clandestinas, detectadas en el estado de Puebla, presentaron un incremento de mil 971 %, al pasar de 74 a mil 533, respectivamente. 

Los municipios con más denuncias presentas por esta actividad ilícita, son justamente Puebla, Tampico, Irapuato, Culiacán, Reynosa o el municipio de Texcoco, en el Estado de México. 

Según la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, cada 24 horas se extraen ilegalmente 23 mil 500 barriles de hidrocarburos, esto representa una ganancia de más de 21 mil millones de pesos para el crimen organizado, y esto nos refleja el tamaño del desafío que tiene el Estado mexicano para atender esta problemática que viene a sumarse a la tarea delictiva que llevan a cabo las organizaciones criminales. 

¿Qué significa esto? Significa, entonces, que el tema debe de ser visto, como bien se dijo aquí, con una integralidad que permita su mejor atención, su mayor atención y una eficacia mayor de la que hasta ahora hemos revisado. 

A mí me parece que el comentario que se hizo, que para mí es muy pertinente y desde luego relevante, es en el sentido de revisar cómo vamos a asumir Federación, estados donde se está dando con mayor frecuencia este delito, y municipios, donde también se presenta la presencia del crimen organizado, cómo vamos a trabajar en conjunto para que podamos resolver este fenómeno que, insisto, viene a sumarse a las acciones de la delincuencia organizada. 

Aquí se trataron muchos temas, desde el tema de la seguridad en cuanto a la supervisión de todas las áreas de seguridad pública, y también se tocaron temas de pobreza que, desde luego, me parece que todos aceptamos como uno de los fenómenos que hay que resolver. 

Este fenómeno ha dado como resultado que, de enero a la fecha, solamente se hayan registrado ya seis ataques con armas de grueso calibre de huachicoleros en contra del Ejército, principalmente en dos municipios de Puebla, Palmar de Bravo y Palmarito. 

En el grupo parlamentario del PRI, desde luego, no somos ajenos a esta situación. Hay, incluso, presentado ante el Senado de la República una iniciativa que se promovió para llevar a cabo la aprobación de una Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. 

Esta iniciativa fue presentada por nuestro entonces compañero Senador, Omar Fayad, hoy gobernador del estado de Hidalgo, y cuando fue presentada ya en el grupo parlamentario del PRI, avizorábamos que era un tema que teníamos que afrontar para darles los instrumentos y la legislación jurídica necesaria al Estado mexicano para enfrentarlo de mejor manera. 

Se buscaba en esa legislación fortalecer ese andamiaje jurídico institucional necesario para prevenir, para combatir, para erradicar el mercado ilícito de combustibles, al verlo de manera integral. 

¿Qué ha hecho Pemex hasta el momento para contrarrestar este mercado de combustibles? Ha establecido una estrategia que tiene varios frentes, no voy a ser exhaustiva, porque seguramente muchos de ustedes ya conocen algunos de los temas que se han llevado a cabo. 

Pero entre otras cosas, está buscando esta integralidad en la atención al fortalecer la coordinación y la colaboración con la Procuraduría General de la República, con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el SAT, con el Sistema Tributario, con la Policía Federal, con las policías estatales y municipales, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y esto ha permitido ya el recuperar 13 millones de litros de hidrocarburos en 2016. 

Totalmente de acuerdo en la necesidad de que veamos este tema con una integralidad y una profundidad mayor, para que podamos juntos en acuerdo y en concordancia con la preocupación que hoy tenemos, trabajar nuevamente como legisladores, y desde luego, como Estado mexicano, nuevamente unidos en búsqueda de la solución de este problema que está afectando a la población, a México y, desde luego, a su patrimonio. 

Muchas gracias. 

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Graciela Ortiz. 

Le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido. 

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. 

Los que estén a favor. 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa. 

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, Presidente. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. 

Muchas gracias a todos.

Los textos de las efemérides inscritas sobre el Día Mundial de la Cruz Roja, Día Mundial de la Libertad de Prensa, Día Mundial del Síndrome de la Fatiga Crónica, Día de las Madres, Día Mundial del Cáncer de Ovario, 150 Aniversario de la Declaración del Benemérito de las Américas, Batalla de Puebla, Día Internacional de las Familias, Día Mundial del Lupus, Día Internacional de la Enfermería, Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, se insertarán también en el Diario de los Debates. 

Pasamos al siguiente asunto. 

Dé lectura. 

El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al orden del día de la próxima sesión del próximo miércoles 17 de mayo. (Leyó)

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Secretario. 

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión pública el miércoles 17 de mayo, a las 11:00 horas, en este recinto. 

Se levantó la sesión a las 14:28 horas