* Versión de las conclusiones del senador Roberto Gil Zuarth, durante la segunda mesa: Propuestas para el Fortalecimiento y Autonomía de las Instituciones de Procuración de Justicia, de las Mesas de debate “Hacia la consolidación del Sistema Penal Acusatorio”
La implementación del sistema es gradual y debe hacerse bajo la lógica de las aproximaciones sucesivas y, sobre todo, aprender de las realidades, corregir los errores y sobre todo tener una buena lectura de lo que pasa, de tal manera que podamos ir mejorando gradualmente la operación del funcionamiento del sistema.
Pero, como siempre, las respuestas dependen de cómo se formulen las preguntas, me parece que hay un problema crónico en el planteamiento- diagnóstico de la Conago, no creo que el problema de impunidad esté asociado con la reducción del uso de la prisión, que es un elemento esencial del Sistema Penal Acusatorio, ¿por qué?, porque está asociado con el principio de presunción de inocencia.
Estructuralmente, el Sistema Penal Acusatorio reduce sustancialmente el uso de la prisión, no solamente de la cárcel, sino también de la prisión preventiva, y eso es una realidad que debemos empezar a asimilar cultural y políticamente, ¿por qué?, porque es falso que más gente en prisión es igual a menos impunidad, eso no es cierto, esa tesis es absolutamente falsa, la impunidad se reduce en la medida en la que haya una pedagogía de las consecuencias y las consecuencias dependen de la probabilidad de que una persona sea cachada, investigada y sancionada cuando cometió un delito.
Durante mucho tiempo hemos hecho un populismo penal diciendo: más gente en la cárcel por más tiempo, y la verdad es que esa receta no ha funcionado, todo lo contrario, hay una parte muy importante de las personas que están en prisión, aproximadamente 53 por ciento están en prisión preventiva, es decir, son inocentes porque no han sido sentenciados y eso no ha reducido en nada el problema de la impunidad en el país.
El diagnóstico, a mi juicio, está equivocado, hay que hacer bien la reflexión y ponernos a arreglar los problemas, me parece que en el corto plazo el mayor problema es cómo le hacemos para mejorar las capacidades de investigación de la policía y la conducción del ministerio público sobre esa investigación y el desempeño del ministerio público frente a un juez, para probar una responsabilidad penal.
Centrémonos en eso, busquemos los recursos, los instrumentos, para poder resolver ese problema. No vamos a garantizar las condiciones de eficacia del sistema penal acusatorio, mientras exista la falla humana, y la falla humana tiene que ver con un déficit de capacidades institucionales fundamentalmente en el tema de la investigación.
Y vamos a abrir muchos debates de esta naturaleza porque cuando entremos a discutir el tránsito a la Fiscalía, vamos a tener que preguntarnos qué tipo de relación tiene ese fiscal autónomo con la policía que se quedará en la órbita del Ejecutivo, en cuanto a la institución de seguridad pública. No es un tema menor resolver esa relación. Es quizá el mayor dilema del tránsito a la Fiscalía General autónoma.
De hecho tenemos experiencias muy malas, por ejemplo, Nayarit, otra vez, en la cual la policía se envió a la procuración de justicia sobre el mando del procurador, la policía, además por convenio de mando único también mandaba sobre las policías municipales. De tal manera que cuando se corrompió ese fiscal, perdónenme pero se fregó todo.
Y tenemos otros modelos, en los cuales el divorcio entre el Ministerio Público y la policía de investigación es tal, que no se permite estructurar correctamente la investigación y vincularlo a los procesos penales.
Es decir, ahí hay un dilema específico que tenemos que resolver en una ley de la fiscalía, pero también creo en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Está clarísimo el pendiente que tenemos en materia de delincuencia organizada. Si algo está fallando en el país es el régimen de delincuencia organizada. Yo lo he visto en varios estados y de repente está muerto con armas largas y de repente la procuraduría local dice ese muerto es de la Federación porque es crimen organizado y la Federación dice no he atraído ese homicidio, es tuyo.
Oiga, pero tiene cara de Zeta, no importa no he atraído, ese homicidio es suyo y lo que pasa es que ese homicidio termina siendo nunca investigado y eso es igual a impunidad.
Tenemos que resolver el régimen de delincuencia organizada para evitar estos pretextos, pimponeos sobre jurisdicción entre los estados y la Federación.
Hoy tenemos un problema creciente de crimen organizado, por cambios de la fenomenología del problema que tiene que ver con que muchos de los homicidios y muchos de los delitos que se cometen son bajo ejecución de crimen organizado, porque hay dos, tres o más personas participando en ese ilícito.
Y en consecuencia en la zona gris de esta falta de definición de la jurisdicción se nos van muchos delitos que no se castigan en el país.
Creo que el llamado a la Conago es que revisemos el diagnóstico con total apertura para corregir el sistema, pero sí debemos insistir en esto: no debemos dar un paso atrás.
Corrijamos lo que sea necesario, pero sobre la base de la máxima exigencia que implica el Sistema Penal Acusatorio y la máxima vigencia de los derechos de todos.
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