La Comisión de Energía, que preside el senador priista Francisco Labastida Ochoa, citó a comparecer al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, por las notas de prensa que han aparecido sobre presuntos actos de corrupción en la paraestatal.
El encuentro se realizará el próximo jueves 2 de diciembre, a las 17:00 horas, en las instalaciones del Senado de la República.
Al respecto, Labastida Ochoa informó que la Comisión a su cargo solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, información oficial.
Sin embargo --precisó -- “hasta el momento no hemos recibido alguna respuesta, hemos insistido y lo volveremos a hacer y tan pronto la tengamos la haremos oficial.”
Recordó que la Junta de Coordinación Política ha instruido a crear un grupo de trabajo al seno de la Comisión de Energía para dar seguimiento al problema de corrupción dentro de la CFE.
Por su parte, el senador panista Rubén Camarillo Ortega mostró su desacuerdo en conformar un grupo de trabajo que investigue los presuntos actos de corrupción.
“Lo que me llama mucho la atención –enfatizó-- es que se forme un grupo de trabajo para investigar, y yo creo que los senadores de la República no estamos para investigar”.
En caso de que exista un “evento que políticamente hablando convenga analizar”, el legislador panista propuso que sean las entidades investigadoras, como la PGR, las que proporcionen información sobre esta supuesta conducta delictiva, para que “en la Comisión la podamos analizar”.
Por su parte, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez dijo que este grupo de trabajo puede realizar una investigación para propósitos “de orden político como el juicio político contra el director general de la CFE”.
Explicó que investigar políticamente en el contexto en que se han dado estas denuncias también puede tener intenciones legislativas, ya que podría generarse de ahí una acción para tratar de corregir aquellos elementos que no están bien ajustados y así impedir determinadas actos que puedan ofender o perjudicar al organismo.
Por ello, se pronunció a favor de pedirle información directamente al “responsable político, que en este caso es el director general de la CFE”.
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