Con el propósito de que los jóvenes cuenten con las herramientas para su pleno desarrollo y alejarlos del riesgo que representa la violencia y los antivalores, el Senado modificó la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para que defina e instrumente una política nacional en la materia.
Los senadores explicaron que la sociedad actual se caracteriza por un debilitamiento de los sistemas de apoyo para el desarrollo de la niñez y de la adolescencia, situación que hace insuficientes los programas de asistencia y recreación dirigidos a la población juvenil.
Advirtieron que “la delincuencia juvenil es el resultado de la combinación de diversos factores de riesgo y respuesta social, por lo que es indispensable incluir a todos los jóvenes al sistema educativo y generar oportunidades de trabajo y de una vida digna”.
Con 67 votos a favor, los legisladores avalaron que el INJUVE se encargue de políticas públicas para que los jóvenes se desarrollen en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, así como de otras que permitan ayudarlos a enfrentar situaciones de inestabilidad y desigualdad, en especial a los jóvenes de familias indígenas o de inmigrantes y refugiados.
Al pronunciarse a favor del dictamen, el senador perredista Antonio Mejía Haro afirmó que es importante tomar en cuenta a los jóvenes, no sólo porque representan el futuro, sino el presente, pues según información el Censo de 2008 “el país tenía cerca de 29.1 millones de personas entre 15 y 29 años, lo que equivale a decir el 29 por ciento”.
Agregó que distintos diagnósticos señalan que casi una cuarta parte de esos 29 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, lo que obviamente los predispone a la delincuencia juvenil, a la drogadicción, alcoholismo e inclusive a caer en el tráfico de drogas.
El dictamen pasó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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