Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y a través del cual saludo a los señores ministros de ls Suprema Corte de Justicia de la Nación;
Saludo especialmente a mis compañeros senadores que hoy están aquí presente y, en justicia, son quienes desde el primer momento reciben un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el libro blanco, y trabajan con enorme esmero hasta construir esta nueva reforma Constitucional;
No podría omitir el trabajo --porque sería injusto-- tanto del senador Pedro Joaquín Coldwell, del senador Santiago Creel Miranda, del senador Jesús Murillo, del senador Alejandro Zapata, como del senador Tomás Torres Mercado, quienes hicieron un excelente trabajo como Cámara que inició esta reforma Constitucional
Señoras; señores:
Hoy es un día señalado para las instituciones de la República y el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, porque se concluye un proceso legislativo de gran trascendencia como es la modernización de una figura jurídica, de la cual fuimos precursores en América Latina, y que distingue al ordenamiento legal mexicano: el Juicio de Amparo.
Esta reforma constitucional nos demuestra, con claridad meridiana, que el esquema de división y equilibrio de Poderes nos ha permitido adaptar las instituciones y el régimen jurídico atendiendo el deseo ciudadano de vivir en un país de libertades y derechos plenos.
Por ello, desde el Senado de la República ratificamos nuestra vocación por el cambio pacífico y la reforma institucional, convencidos de que la gobernabilidad democrática atraviesa, a un mismo tiempo, por la actualización de las leyes y la construcción de nuevas instituciones.
En esta ocasión podemos congratularnos de haber concluido una reforma constitucional que, a la par de la Reforma en materia de Derechos Humanos y la de Acciones Colectivas, representan un hito en la transformación del sistema jurídico y sus instituciones.
Estas reformas aseguran más derechos y más libertades a la sociedad: abren, en forma considerable, el acceso de los ciudadanos a las instancias de justicia; protegen y hacen valer los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano; y, a nuestro juicio, consolidan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal de Control Constitucional.
Por ello nuestro reconocimiento a esta iniciativa de Reforma Constitucional al Amparo, que se propuso en el libro blanco de la Reforma Judicial en 2006, y que el Senado de la República incorporó al proceso de debate y los trabajos de la Reforma del Estado en 2007, para llegar, después de diversos esfuerzos legislativos, a la aprobación de la Reforma Constitucional en diciembre del año pasado y proceder a su ratificación por la mayoría absoluta de las Legislaturas Estatales, hasta la promulgación que hoy nos convoca en esta ceremonia solemne.
Merecen mención especial las observaciones y el trabajo de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados, Jueces, académicos, profesionales y legisladores especializados en el estudio de nuestra ley fundamental y en la acción de amparo, cuyas aportaciones técnicas hicieron posible esta reforma constitucional y habrán de ser igualmente indispensables para llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria, con la finalidad de concretar los grandes objetivos trazados en la reforma y facilitar su ejercicio por los ciudadanos y los intereses colectivos.
Con la promulgación de esta Reforma Constitucional en materia de Amparo, se demuestra que la vocación reformadora de los Poderes públicos es fundamental para mejorar y preservar las instituciones y el marco jurídico que los mexicanos hemos construido.
Se demuestra también que no hay rezago que no sea posible de vencer cuando los encargados de servir a las instituciones entienden la necesidad de restituir su utilidad, ampliar la procedencia de sus figuras jurídicas y hacer expeditos sus procedimientos, con el fin último de garantizar que la justicia impere, ordenar los diversos aspectos de la vida pública, mejorar la calidad de la convivencia social y garantizar el derecho de las personas a vivir en paz, libertad y plenitud.
Por eso entre los muchos méritos de esta reforma constitucional, está el establecer que los Tribunales Federales resolverán toda controversia que se suscite por la aplicación de normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución, en el marco de una noción amplia que reconoce como parte agraviada al titular de un derecho o de un interés legítimo de carácter individual o colectivo.
Señoras; señores:
Frente a los enormes retos que aún enfrentamos en materia de impartición de justicia, impunidad, desigualdad social e inseguridad pública, recordemos que la figura jurídica cuya modernización celebramos, fue introducida en dos momentos cruciales de la historia nacional: 1841, como una respuesta liberal y de origen local a la dictadura de Santa Anna; y 1847, cuando la integridad de la Nación estaba en riesgo.
Es que el régimen de derechos, libertades y también de responsabilidades, ha sido resguardado a lo largo de nuestra historia, aún en las horas más difíciles, por la convicción inquebrantable que tenemos de que el reconocimiento jurídico de la dignidad de las personas, el apego irrestricto a la ley y los derechos humanos, así como la continuidad de los procesos institucionales, aseguran la capacidad del Estado para hacer frente a cualquier exceso de la autoridad o amenaza contra la integridad de la Nación.
Ceder en cualquiera de estos aspectos básicos de la vida institucional, o en los procesos de renovación periódica de los mandatos de autoridad, así sea de manera excepcional, sería conceder y abdicar ante quienes desprecian la voluntad popular y tienen todo que perder en un país de leyes y de justicia, que es la aspiración más preciada de los mexicanos y sus poderes públicos.
El nuevo juicio de Amparo es uno de los pilares de nuestro estado de derecho y por eso nos congratulamos de una reforma constitucional que fortalece su vigencia y contribuye a consolidar nuestra vida democrática.
Por esto, no sería honesto ni justo, dejar de mencionar que, el Congreso y su pluralidad, no obstante las naturales y legítimas diferencias, han acompañado la firme decisión de este gobierno y en especial de su titular, el Presidente de la Republica, de avanzar combatiendo el flagelo lamentable y agraviante de la delincuencia, con toda la fuerza del Estado; dándole nuevos instrumentos jurídicos al Gobierno Federal y asumiendo, ambos, los riesgos que ya aparecen en el inevitable debate, pero sin descuidar, también los dos, Congreso y Ejecutivo, el constante fortalecimiento de las instituciones que garanticen un régimen de libertades y un país que asegure el respeto a los derechos fundamentales del ser humano.
Con esta Reforma en materia de Amparo, y las que sobre Derechos Humanos y Acciones Colectivas hemos construido, plasmamos en la Constitución el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas, cuya trascendencia revela el significado del Constituyente Permanente dentro de la Constitución de 1917.
Esto, sin duda, es motivo de alegría para todos en este día memorable y de satisfacción para aquellos que en este tiempo han tenido el privilegio y la responsabilidad de estar al frente de las instituciones de la República.
Muchas gracias.
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