Versión estenográfica de la exposición del C. Alfredo Domínguez Marrufo, durante su comparecencia en la reunión a distancia de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, como candidato a ocupar el cargo de Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
A todas y a todos, muy buenos días. Aunque estemos a la distancia y por el bien de todos, saludo con aprecio al presiente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar; y al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Napoleón Gómez Urrutia.
Al mismo tiempo que saludo que saludo a las senadoras y senadores integrantes de ambas comisiones y en especial, desde luego, a la senadora Indira de Jesús y Sylvana Beltrones, secretarias de la Comisión de Puntos Constitucionales; y a la senadora Patricia Mercado, quien es secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Al igual que al secretario, senador don Carlos Aceves del Olmo.
Les agradezco mucho permitirme poner a su consideración las razones de mi disposición y compromiso para ocupar la titularidad del organismo público descentralizado, al que el Presidente de la República me ha distinguido al proponerme como parte de la terna que hoy comparece ante ustedes.
Con su venia, procedo a exponerles rápidamente mis motivaciones.
Hace ya dos décadas que, después de una larga travesía de luchas ciudadanas e innumerables esfuerzos de los partidos políticos, nuestro país logró transitar a la democracia electoral. Hoy, nos toca hacer lo propio para que la democracia llegue al mundo del trabajo y lograr que los trabajadores puedan ejercer su voto en forma personal, libre, directa y secreta para elegir a sus dirigentes, para aprobar sus contratos colectivos y rescatar la negociación colectiva, como el instrumento más eficaz de concertación social y productiva.
Para lograrlo, ya México cuenta afortunadamente, por fin, con los cimientos jurídicos necesarios. Las reformas a los artículos 107 y 23 constitucionales, apartado A), del 24 de febrero de 2017; el Convenio 98 de la OIT, ratificado el 20 de septiembre de 2018, luego de 78 años de espera; la histórica reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo del 1º de mayo de 2019; el anexo laboral, anexo 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor este pasado 1º de julio.
Y, finalmente, la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se publicó el 6 de enero, como regalo de Reyes, en este año.
A este centro me referiré en lo sucesivo como el Centro Laboral, por economía procesal.
No dejo pasar esta oportunidad para reconocer el rol tan destacado que han desempeñado ustedes, las senadoras y senadores de la presente Legislatura, en la construcción de estas bases normativas que son fundamentales para el nuevo modelo de justicia laboral en nuestro país.
Ya se ha comentado en general, cuál es la relevancia de este Centro federal de Conciliación y Registro Laboral; evidentemente que son tres funciones relevantes, tres tareas estratégicas.
Primero, ser la instancia de conciliación en materia federal, tanto individual como colectiva.
Segundo, llevar el registro sindical y de los contratos colectivos a nivel nacional.
Y tercero, verificar los procedimientos de democracia sindical.
¿Por qué decimos que la conciliación es la gran apuesta del nuevo modelo laboral?
La Constitución le asignó a dicho centro, al igual que a los centros de conciliación locales, ser la instancia previa que trabajadores y patrones habrán de agotar antes de acudir a un Tribunal, como la etapa previa a juicio, en la que, sin imposiciones ni renuncia de derechos, desde luego, las partes diriman sus diferencias y alcancen arreglos razonables y justos.
Esta gran apuesta consiste en instituir la conciliación como el instrumento por excelencia para solucionar conflictos, que hoy, como ustedes saben, es uno de los medios alternativos de solución de controversias que se han venido implementando en las naciones con mayor bienestar y desarrollo.
En este sentido, el nuevo modelo laboral no puede confiar en que sean los tribunales los que resuelvan la mayor parte de los conflictos, porque entonces el sistema de justicia que apenas se está implementando, se verá rebasado al saturarse nuevamente de litigios que pudieron haberse conciliado.
La experiencia nacional e internacional, nos demuestra que la prevención de los conflictos es la clave para resolverlos. La conciliación profesional y el diálogo social permanente, que la Organización Internacional del Trabajo ha venido promoviendo desde hace décadas, hacen posible que las reglas básicas de la ley tengan concreción en gran diversidad de trabajo, tanto del campo como de la ciudad; sea en una empresa transnacional o en un modesto taller o negocio, pues muchas veces olvidamos que las micro y pequeñas empresas son la principal fuente de empleo en nuestro país.
En tales circunstancias, para establecer una conciliación exitosa, propondría lo siguiente:
Primero, implementar un Servicio Profesional de Carrera de avanzada, que retome las mejores en la materia y deseche todos aquellos vicios de los servicios de carrera actuales, la simulación, entre otros, así como garantizar que los concursos de selección de conciliadores se realicen con estricto apego a los principios de competencia, imparcialidad, transparencia y objetividad.
Asegurar que las y los conciliadores asuman plenamente el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en el desempeño de sus tareas, y lograr que el centro laboral sea un organismo transparente, abierto al escrutinio público y promotor del diálogo social y productivo.
Que sus procedimientos adopten la mejora continua, que atiendan las recomendaciones que sobre su desempeño emita el Comité Nacional de Concertación y Productividad, instancia tripartita que la reforma laboral rediseñó como un espacio de diálogo y construcción de acuerdos entre autoridades, empresarios y organizaciones sindicales.
En cuanto a la función registral del centro, que es otra de las funciones estratégicas, el reto es constituirlo como un pivote de la nueva legalidad democrática laboral.
Aquí hay que insistir que el papel del Estado en materia de registro laboral, se replanteó integralmente, por lo que esta función registral será notoriamente distinta, dado que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe ser el garante de que se cumplan dos principios constitucionales de reciente inclusión; esto es, el de representatividad y el de certeza.
El principio de representatividad, implica respetar la voluntad mayoritaria de las y los trabajadores y el de certeza, entraña garantizar que los procedimientos de negociación colectiva sean efectivamente auténticos y no producto de simulaciones.
Esto significa, por ejemplo, que cuando un sindicato pretenda firmar un nuevo contrato colectivo, deberá contar previamente con una constancia de representatividad para demostrar que cuenta al menos con el respaldo del 30 por ciento de las y los trabajadores.
Asimismo, en caso de que dos o más sindicatos soliciten la constancia, el centro laboral organizará una consulta para determinar cuál es el sindicato que cuenta con el respaldo mayoritario.
Así también, este centro laboral debe garantizar que los registros y tomas de nota se ajusten a las reglas de representación proporcional de género, de libertad y democracia sindical, así como de transparencia y rendición de cuentas que estableció el nuevo modelo laboral.
La autonomía técnica operativa y presupuestaria, así como de decisión y de gestión, que la Constitución le otorgó al centro laboral, será su mayor protección y una de las razones principales para que ni este, ni los gobiernos que le sigan, utilicen la entrega de registros sindicales, las tomas de nota o el depósito de los contratos colectivos como instrumentos para apremiar a líderes afines o castigar a disidentes.
Mi propuesta para sacar adelante la Función Registral, se basta fundamentalmente en lo siguiente:
Primero. El Centro debe ser una institución de vanguardia, que aproveche al máximo las soluciones que la tecnología aporta; que no sea un laberinto de trámites burocráticos y expedientes extraviados.
Debemos optar por la digitalización documental y lograr que la mayor parte de los trámites se puedan realizar a distancia, de manera ágil y sencilla.
Segundo. Para que esto sea viable, debe apoyarse en plataformas digitales de bajo costo y de software libre, para que trabajadoras y trabajadores puedan consultar sus estatutos sindicales y su contrato colectivo o el destino de sus cuotas sindicales.
Para ello, el centro laboral debe brindar orientación y apoyo a quienes carezcan de conocimientos o equipo para el uso de estas tecnologías y puedan consultar estos documentos.
Hay que echar mano de todos los recursos técnicos disponibles para que la información de los sindicatos sea cada vez más transparente y accesible, tal y como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Tercero. Un principio fundamental de nuestra legislación laboral de carácter transversal, es el de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres trabajadoras.
Este principio debe ser asumido a cabalidad por el centro laboral y, por ello, deberá garantizar que no exista ningún tipo de discriminación, a la vez que impulsar el acceso de todas y todos a las mismas oportunidades.
Esta decisión del Legislador, es consecuente con la promoción de una cultura de igualdad que se reflejó finalmente en 15 disposiciones que se plasmaron en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1º de mayo del año pasado.
Por ello, habrá que velar por que el principio de proporcionalidad de género en las dirigencias sindicales no sólo se incluya en los estatutos, sino también que se cumpla en la práctica.
El tema complementario, decimos, de esta gran reforma laboral y que se reflejó en una de las atribuciones especiales de este centro laboral, es la verificación de consultas y elecciones sindicales.
Decimos, pues, que además de estas funciones de conciliación y registro, el centro debe atender esta función que consiste en verificar los procedimientos de elección de directivas, sea que lo solicite el propio sindicato o por lo menos el 30 por ciento de sus afiliados e incluso, en caso de duda razonable, deberá organizar un recuento para consultar a los trabajadores el sentido de su decisión.
Así también, para depositar un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión integral que, acorde con la Ley Federal del Trabajo, es cada dos años, el sindicato deberá consultar a los trabajadores para que aprueben los términos de lo negociado por las comisiones revisoras o negociadoras.
En estos casos, el Centro Laboral podrá verificar que se cumpla con las nuevas reglas democráticas, es decir, que se haya puesto a disposición de los trabajadores el contenido de su contrato colectivo y que las votaciones se hagan en forma libre y auténtica.
Y hay que precisar que, de detectarse inconsistencias sobre hechos sustantivos del procedimiento, el Centro deberá ordenar que se reponga en términos de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
¿Cómo llevar a cabo más de medio millón de contratos colectivos de trabajo, toda esta legitimación que ordena el artículo 11 transitorio de la multicitada Reforma Laboral?
Hay que advertir que tenemos hasta el primero de mayo de 2023 para legitimar todos los contratos existentes. Acorde con los estudios de la Secretaría del Trabajo, existen 560 mil contratos colectivos a nivel nacional, 532 de los cuales corresponden al ámbito local y 28 mil al ámbito federal.
De estos, las tres cuartas partes, como ustedes ya lo han precisado, se consideran contratos de protección, que son celebrados a espaldas de los trabajadores.
Por ello es que se estima que sólo 140 mil contratos colectivos pasarán pro este procedimiento de legitimación, es decir, aprobados por los trabajadores mediante voto personal, libre, secreto y directo.
En eso consiste precisamente el desafío que tiene frente a sí este Centro Laboral y la intensa y extensa coordinación que tendrá que establecer con las secretarías del Trabajo de las entidades federativas, con las propias juntas locales de conciliación y con cada uno de los sindicatos que tienen hoy contratos colectivos depositados en las juntas Federal y locales.
En cuanto a los méritos para aspirar al cargo de Director General del Centro Laboral, menciono en forma sintética lo siguiente:
De mi experiencia y trayectoria profesional destaco más de 20 años de ejercer como abogado postulante, principalmente en materia laboral, tanto en conflictos individuales como colectivos y, en menor grado, en materia civil y administrativa.
Asimismo, me he desempeñado, poco más de 18 años, en el servicio público y en instituciones de educación superior autónomas por ley.
En lo que hace al sector público, destaco mi experiencia en la Contraloría General de la Ciudad de México, en donde, de 2001 a 2008,ocupé el cargo de Director General de Legalidad y Responsabilidades, en la que tuve bajo mi cargo siete direcciones de área, entre ellas la Dirección Jurídica Contenciosa, la de Normatividad y Recursos de Inconformidad y, por supuesto, la de Responsabilidades Administrativas, incluyendo una dirección que creamos de Supervisión de Procesos para el área central y las más de 50 contraloría internas adscritas a dicha dependencia, para agilizar los procedimientos disciplinarios, las investigaciones y darle solidez a las resoluciones.
Asimismo, durante tres años estuve a cargo de un programa de estímulos, de apoyos para estudiantes de bachillerato, denominado “Prepa Sí”, con más de 200 mil becarios en esta Ciudad de México.
En lo que hace al sector académico, fui profesor de asignatura y funcionario universitario en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es mi alma mater y además abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cargo del que me separé para incorporarme como Subsecretario del Trabajo en el Gobierno Federal, desde donde he tenido el honor de colaborar en la transformación de la política laboral en este país.
De todo lo anterior, di cuenta puntual en el currículum que debe haberse remitido a esa Cámara de Senadores. Por eso, solamente agrego en este año y medio los siguiente, que hemos estado en la Subsecretaría.
En materia de inspección federal hemos transformado el enfoque y la calidad de la labor de inspección, haciéndola más estratégica y empleando todos los medios tecnológicos y bases de datos disponibles, logrando con ello incrementar la eficiencia en las visitas de inspección, pasando de un 57 por ciento de visitas efectivas en 2018, a un 85 por ciento en 2019…
MODERADOR: Licenciado Alfredo Domínguez, ¿perdió comunicación?
ALFREDO DOMÍNGUEZ MARRUFO: ¿Sí me escucha?
MODERADOR: Sí, adelante, continúe por favor.
ALFREDO DOMÍNGUEZ MARRUFO: Una disculpa por la falla de la señal de internet.
Estaba hablándoles sobre el combate a la subcontratación ilegal. Por primera vez, decía, en la historia, se creó un grupo de trabajo interdisciplinario entre la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Sistema de Administración Tributaria, el INFONAVIT y la Unidad de Inteligencia Financiera, para combatir la subcontratación abusiva a través de la inspección federal del trabajo y se han realizado ya más de 4 mil 700 inspecciones y siete mega operativos, con lo que hemos logrado la detección y sanción de empresas con esquemas muy agresivos y nocivos de subcontratación ilegal.
En lo que hace al registro de asociaciones, al cierre de marzo de este año, comento, el 86 por ciento de los sindicatos con registro federal ya adecuaron sus estatutos a las reglas del nuevo modelo laboral.
En los 16 primeros meses de esta administración, tenemos un promedio de 19 registros por mes, lo que es casi cinco veces mayor al promedio de cuatro registros mensuales que se tuvieron en las seis administraciones anteriores.
Dentro del ámbito de acción de la subsecretaría a mi cargo, además de las áreas de inspección y registro, tengo bajo mi dirección a la Unidad de Funcionarios Conciliadores, que participan en las negociaciones de revisión de contratos colectivos celebrados entre sindicatos nacionales y las empresas de las ramas industriales de competencia federal, como son las automotrices, metalúrgicas, mineras, telecomunicaciones, química y aeronáutica, entre otras, en donde hemos hecho esfuerzos importantes por revitalizar el diálogo y la concertación entre las representaciones sindicales y de los empleadores, para mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores y a la vez cuidar la productividad y la competitividad de los centros de trabajo.
Asimismo, tengo a mi cargo la Unidad de Trabajo Digno, que coordina las 43 oficinas de representación en las entidades federativas, así como las direcciones generales de Capacitación y Concertación, y de Previsión Social.
De igual forma, me toca conducir la colaboración institucional e interinstitucional tanto con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como con las autoridades del trabajo de las 32 entidades federativas, para coadyuvar en la atención de los conflictos de carácter colectivo relevantes en los que se requiere apoyo y coordinación para encontrar alternativas de solución.
Así pues, desde el primer día de mi gestión en el Gobierno de México, nos hemos dado a la tarea de promover el diálogo social y productivo con las organizaciones sindicales y con los organismos empresariales, lo cual ha posibilitado en este año y medio y con todo el apoyo de todo este gobierno y de los factores de la producción, logros tan importantes como recuperar los salarios mínimos en nuestro país, como no sucedía en 40 años, e impulsar la reforma al nuevo sistema de justicia laboral, e incluso mejorar el sistema de pensiones de los trabajadores.
Finalmente, la colaboración e involucramiento en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, fundamentalmente en lo que se refiere a la interlocución con el Poder Judicial de la Federación y con los gobiernos estatales, específicamente con las secretaría del Trabajo y Desarrollo Económico de las entidades federativas, así como con las juntas de Conciliación y Arbitraje de todo el país, al igual que las acciones de sensibilización con sindicatos, asociaciones de abogados e instituciones académicas y desde luego con los organismos empresariales, me da el respaldo profesional para presentarme como parte de esta terna, de lo cual me siento muy honrado.
Estoy convencido que, si bien el objetivo central de la Reforma Laboral es transformar las condiciones laborales de millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, también lo es coadyuvar a brindar estabilidad y certeza a los empleadores y a promover la competitividad de las empresas.
La representatividad y legitimidad de las organizaciones sindicales al igual que la negociación colectiva genuina, implica involucrar realmente a las y los trabajadores no sólo en la vida de sus organizaciones sindicales, sino también en los procesos productivos de sus centros de trabajo.
Así, de ser designado como titular del Centro Laboral, desempeñaré mi labor con absoluta autonomía, independencia e imparcialidad, ofreciendo piso parejo a todas las partes, privilegiando el diálogo y la conciliación en todo momento y garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos, individuales y colectivos, y la defensa de las libertades en todas sus dimensiones, libertad de asociación y de expresión y el derecho al voto personal, libre, directo y secreto, comprometiéndome a realizar mi labor con absoluto compromiso y responsabilidad.
Muchas tracias.
Es cuánto.
