Versión estenográfica del mensaje del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, al inaugurar el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, con la participación de miembros del Poder Judicial, funcionarios del Gobierno Federal, gobernadora, gobernadores, legisladoras, legisladores, catedráticos y barras de abogados del país.
Al ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado Carrillo.
Por supuesto, al doctor Alejandro Gertz Manero, primer fiscal general de la República. Bienvenido.
A la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y también senadora con licencia.
Al licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República.
Quiero saludar al ministro Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También saludamos con respeto, y saludo la participación del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado Rafael Anzures Uribe.
Y, saludo también que tendremos la participación del presidente de la CONAGO y el gobernador de Oaxaca, tanto de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y se iban a conectar otros gobernadores; y el gobernador Alejandro Murat, del estado de Oaxaca.
También estará el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien tiene un mensaje importante también en esta reunión nacional.
Quiero, a nombre de los coordinadores que están conectados, de los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, darles la bienvenida a nombre de esta Junta. Gracias por su participación, a todos.
También está el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra Álvarez.
Están también diputados, fiscales de todo el país, procuradores generales de los estados, magistrados y magistradas, y obviamente los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de las entidades federativas del país.
Habla muy bien del interés de todos.
También nos acompañan directores de escuelas de derecho, de distintas facultades, desde la UNAM, hasta universidades de provincia.
También quiero agradecer a todos los académicos, a los institutos que se han conectado desde la UNAM hasta el ITAM, hasta las universidades de distintas partes del país.
Muchas gracias.
Esta reunión tiene calculado más o menos durar dos horas. Les pido su tolerancia, porque va a ser muy importante.
También están barras y colegios de abogados de la Ciudad de México y de todo el país.
Les decía que tendremos una duración de aproximadamente dos horas. Se estima la participación de cada uno de los conferenciantes, de entre ocho, diez minutos cada uno; pero tampoco hay una restricción del tiempo, por eso bienvenidos todos a este Encuentro Nacional Digital.
Luego del discurso inaugural, le pediré a Julio Menchaca, como presidente de la Comisión de Justicia, quien modere la reunión.
Nuestro país enfrenta hoy en día, un importante reto en la transformación de la vida pública a nivel nacional.
Esta transformación no se va a detener y será, sin duda, un cambio profundo, un asunto radical de las estructuras del Estado. De otra forma, podría quedar solamente como una noble intención, y eso no lo vamos a permitir.
Por eso, esta reunión es única en su tipo, por la pandemia y por todo lo que estamos padeciendo.
Los nuevos principios y reglas del quehacer político, deben impulsar una forma nueva de relación entre las personas y las instituciones de la República. Los tres poderes, así como los organismos constitucionales autónomos, debemos estar a la altura del momento histórico de renovación que nos toca conducir en la actualidad.
Es evidente que no puede haber transformación del Estado, sin una profunda renovación del Poder Judicial y del aparato de justicia. Es hora de hacer frente a una de las principales demandas sociales: el acceso a la justicia para todas las personas.
No permitamos la simulación, no se trata de maquillar o disfrazar la realidad. La justicia en México ha vivido desde hace décadas, un cáncer terminal conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad.
Estos deleznables parásitos se han arraigado en las estructuras de los aparatos de procuración e impartición de justicia en todo el país, y creo que es el momento de terminar con ellos.
Aquí en el Senado, todos los senadores y las senadoras han presentado iniciativas en ese sentido, porque la justicia mexicana presenta desafíos de grandes dimensiones para todas las instituciones del Estado y para todos los operadores jurídicos.
De acuerdo con los últimos censos de impartición de justicia, federal y estatal, elaborados por el INEGI, el Estado tiene poco más de 5 mil órganos jurisdiccionales en todo el país, en toda la República; 4 mil 90 corresponden a juzgados y salas de tribunal de los Poderes Judiciales estatales; 915 corresponden al Poder Judicial Federal y alrededor de 150 pertenecen a tribunales agrarios, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a Tribunales Administrativos, Electorales y también Electorales locales.
Los órganos de justicia locales y del Poder Judicial Federal, de acuerdo con los censos citados, resolvieron durante el último año, dos millones 300 mil asuntos. De éstos, 2 millones 300 mil, la mitad fueron resueltos por órganos federales y la misma cantidad, por los órganos locales.
No obstante los poderes judiciales locales, reciben anualmente alrededor de 2 millones de asuntos nuevos, es decir, se resuelven menos asuntos de los que se reciben. Esto genera acumulación, rezago, reclamos legítimos por parte de la sociedad que demanda reglas procesales más ágiles, orientadas al cumplimiento de los principios de inmediatez, oralidad, concentración, publicidad, transparencia, celeridad, imparcialidad, independencia y sobre todo, con apego al principio de la verdad, para resolver con justicia las controversias planteadas.
De acuerdo con el INEGI, la cifra negra de delitos que se denuncian o que no concluyen con una averiguación o con una carpeta de investigación, se mantuvo entre 2012 y 2018, prácticamente en un 93 por ciento; lo cual se traduce en impunidad. Uno de los problemas centrales de nuestro país, y un gran obstáculo para su desarrollo es este: la impunidad.
También estimo que en el 2018 se cometieron, de acuerdo con estas mismas estadísticas, 33 millones de delitos en contra de 24.7 millones de víctimas de 18 años o más.
Ello le costó al país 1.5 de su Producto Interno Bruto, el equivalente a 286 mil millones de pesos, es decir, 783 millones diarios, para reforzar las medidas de prevención o en daños o pérdidas ocasionados por tales actos delictivos.
Asimismo, muestra la percepción de la sociedad, que tiene poca confianza en las policías municipales, ministerios públicos, procuradurías estatales y personas encargadas de juzgar.
El pueblo de México exige y merece una justicia de excelencia. Conscientes de esta crisis de legitimidad, en el 94 se realizó la última reforma integral a las competencias y a la organización del Poder Judicial de la Federación; cuyo objetivo se centró en consolidar a la Suprema Corte de Justicia como un verdadero tribunal constitucional, normativizando las controversias constitucionales y creando las acciones de inconstitucionalidad, que son hoy pilares esenciales de nuestra justicia constitucional.
Además, en el Consejo de la Judicatura Federal se depositó la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial.
Desde entonces, se reconoció la lejanía entre las demandas apremiantes de justicia de las personas y la indiferencia de los órganos de procuración y administración de justicia, para zanjar las distancias entre la sociedad y la garantía de sus derechos.
La adecuación integral del marco constitucional y legal pretendió sentar las bases para que el Estado estuviera en posibilidad de reconocer y proteger la dignidad humana, así como garantizar con eficacia y eficiencia el debido proceso y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los ejes de la consolidación sustantiva de toda democracia.
¿Qué ha impedido entonces el cumplimiento cabal de estos objetivos?
¿Cómo vencer el escepticismo y la desconfianza en la justicia, en nuestra?
¿Qué ha faltado para alcanzar la comunión entre la ciudadanía y sus jueces y juezas?
Sin duda, no hay respuestas simples. Necesitamos un debate técnico e informado, y una plena coordinación entre los poderes, las autoridades y la sociedad, para encontrar rutas claras y eficaces.
Las reformas que hoy nos convocan son de gran calado.
La reforma orgánica al Poder Judicial de la Federación, instrumentada con una visión autocrítica por la propia judicatura, y avalada por el Ejecutivo Federal, reconoce que los métodos de ingreso, adscripción, ratificación y permanencia en la carrera judicial exigen una profunda reingeniería, de forma y de fondo.
Como lo señalamos en octubre del año pasado, a lo largo de este primer cuarto de siglo se han realizado diversas reformas sustantivas y adjetivas, con la finalidad de otorgar seguridad y reforzar el Estado de Derecho; redimensionar el debido proceso en el orden constitucional y legal que se dio en el 2008 y 2014; el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos, que se dio en el 2011, y las modificaciones al juicio de amparo, en el 2013.
No obstante, ha quedado como asignatura pendiente la reforma que permita consolidar una judicatura ética, profesional, independiente e imparcial, sin distinción de fueros.
Seguro estoy que todas y todos en este foro coincidimos en que ningún esfuerzo de transformación de nuestro orden jurídico, por integral y vanguardista que sea, será suficiente sin una excelencia judicial.
Nunca más en la Judicatura Nacional debe haber cabida para malos jueces, ni para jueces, simplemente mediocres, que se conforman con el mínimo jurídicamente aceptable.
Sí, aspiramos a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente en la carrera judicial, que nos permitan tener al mejor juez, a la mejor jueza, juezas y jueces sensibles, con absoluta visión de igualdad e inclusión, capaces de reconocer las asimetrías que nos lastiman.
Que en sus resoluciones tengan la estatura ética de exigir a las autoridades que sean superados los rezagos de todos los grupos de situación de vulnerabilidad.
Juezas y jueces, conscientes de la realidad criminal del país y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas y en la sociedad, así como en la legitimidad de toda la Judicatura.
Juezas y jueces que sean sensibles a lo que constituye su papel en democracia y tomen en serio su obligación de trazar un puente entre la vida y el derecho, que protejan la constitución y los principios fundamentales de nuestro sistema democrático.
Eso esperamos. Estos perfiles no son del todo ajenos a nosotros, algunos incluso han llegado a pagar con su vida y la de sus familiares un desempeño de profesionalismo y de excelencia.
Esto no debe suceder más. Por ello hago un paréntesis hoy, aquí: hacemos el compromiso de presentar muy pronto una reforma con la experiencia de la Judicatura, que posibilite la protección eficaz a juezas, a jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Requerimos de un sistema judicial en que el mérito sea el factor esencial del ingreso y la promoción, desterrando para siempre el nepotismo y el favoritismo.
Un sistema judicial que permita gozar de niveles de confianza acordes con el preeminente lugar que ocupa en el entramado institucional. Este proceso de reformas, entre otras, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, debe irradiar en los valores que la motivan y en la armonía con el Pacto Federal, a la construcción de Judicaturas Estatales de excelencia, que fortalezcan su desempeño e independencia.
Yo confío mucho en que esto pueda ser posible. Esta asignatura fue dejada en el olvido por la reforma constitucional y orgánica de 1994. Por otro lado, no podemos seguir inertes contemplando que día a día, en las salas de audiencias, la realidad nos revela las asimetrías en la formación y capacitación de los distintos operadores jurídicos; la redacción ambigua de la codificación, y la consecuencia no prevista, materializada en la impunidad originada por la puerta giratoria.
De cara a esa realidad, se torna indispensable reevaluar la codificación nacional procesal penal, y las leyes relacionadas; pero, sobre todo, emprender la postergada tarea de elaborar elCódigo Nacional Penal, dejando de lado la dispersión de codificaciones penales sustantivas estatales, producto de un exacerbado federalismo y, así, abonar a que el Estado mexicano sea una unidad frente a la delincuencia, con todos los operadores, en todos los fueros, para recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del sistema penal.
Parece de la mayor importancia, sé que se está trabajando, la Fiscalía General ha trabajado profundamente sobre esto.
A seis años de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, debemos de recoger:
El trabajo jurisprudencial del Máximo Tribunal y de los tribunales colegiados de circuito para abonar a nuestra tarea.
La labor de los poderes federales y estatales.
El trabajo académico y académicas de todos los investigadores que han seguido puntualmente la reforma y continúan profundizando en la misma.
La experiencia de los operadores jurídicos.
Las miles de horas de trabajo en audiencia por parte de juezas, y jueces, y fiscales, juezas de control y de enjuiciamiento y de ejecución, de la alzada, repito, de fiscales, asesores de víctimas, defensores y primeros respondientes, sin distinción de fueros, que constituyen la más valiosa amalgama para corregir errores y reconducir con rumbo el gobierno y la justicia, hacia un objetivo común de combatir sin tregua la impunidad y la inseguridad, además de reparar el daño a las víctimas.
Finalmente, el complejo contexto originado por la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia que, en los órganos de administración y procuración de justicia, entre otros, se carece de los instrumentos legales que le permitan operar con herramientas tecnológicas modernas, para cumplir su función en un mundo que, a pasos acelerados, avanza sobre los rieles de la tecnología de la información y de la comunicación.
Sé que ya algunos tribunales han acudido a ellas: la propia Corte y el Tribunal Federal.
Las tecnologías de la información y de la comunicación conllevan beneficios tales como ahorro de recursos, celeridad, accesibilidad a grupos de situación de vulnerabilidad, transparencia y cuidado de la salud pública.
También el Tribunal Electoral ha acudido a este sistema de uso de tecnologías de la información.
No nos preguntemos qué destino le depara al futuro próximo a la impartición de justicia en nuestro país. Más bien, cuestionémonos sobre las consecuencias que tendría entonces nuestra omisión de resolver el presente con alto valor democrático.
Hoy están conectados cerca de 500 especialistas y expertos en materia jurídica, que forman parte del mundo jurídico de nuestra Nación. Muchas gracias. Y continuamos.
A todos, muchas gracias por su atención. Y a todos los senadores y senadoras que están participando, también muchas gracias.
--o0o--
Nunca más, en la judicatura nacional, debe haber cabida para malos jueces ni para jueces simplemente mediocres, que se conforman con el mínimo jurídicamente aceptable.
Aspiramos a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente en la carrera judicial, que nos permitan tener al mejor juez y la mejor jueza posibles.
Juezas y jueces sensibles, con absoluta visión de igualdad e inclusión, capaces de reconocer las asimetrías que nos lastiman; que en sus resoluciones tengan la estatura ética de exigira las autoridades quesean superados los rezagos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Juezas y jueces conscientes de la realidad criminal del país, y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas yen la sociedad, así como en la legitimidad de toda la judicatura.
Juezas y jueces quesean sensibles a lo que constituye su papel en democracia, y tomen en serio su obligación de trazar un puente entre la vida y el derecho; que protejan la Constitución y los principios fundamentales de nuestro sistema democrático.
Estos perfiles no son del todo ajenos a nuestra judicatura. Algunos, incluso, han llegado a pagar con su vida y la de sus familias un desempeño de excelencia.
Esto no debe suceder más. Por ello, hagoun paréntesis:
Hoy, aquí, hacemos el compromiso de presentar, muy pronto, una reforma —con la experiencia de la judicatura—, que posibilite la protección eficaz a juezas, jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal, de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Requerimos de un sistema judicial en que el mérito sea el factor esencial del ingreso y la promoción, desterrando para siempre el nepotismo y el favoritismo; un sistema judicial que permita gozar de niveles de confianza acordes con el preeminente lugar que ocupa en el entramado institucional.
Este proceso de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y restantes ordenamientos, debe irradiar —en los valores que la motivan y en armonía con el pacto federal—a la construcción de judicaturas estatales de excelencia, que fortalezcan su desempeño e independencia.
Esta asignatura fue dejada en el olvido por la reforma constitucional y orgánica de 1994.
Por otro lado, no podemos seguir inertes, contemplando que, día a día, en las salas de audiencia, la realidad nos revela las asimetrías en la formación y capacitación de los distintos operadores jurídicos; la redacción ambigua de la codificación, y la consecuencia no prevista, materializada en la impunidad originada por la puerta giratoria.
De cara a esa realidad, se torna indispensable reevaluar la codificación nacional procesal penal, y las leyes relacionadas;pero, sobre todo, emprender la postergada tarea de elaborar un código nacional penal, dejando de lado la dispersión de codificaciones penales sustantivas estatales, producto de un exacerbado federalismo y, así, abonar a que el Estado mexicano sea una unidad frente a la delincuencia, con todos los operadores, en todos los fueros, para recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del sistema penal.
A seis años de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, debemosrecoger:
El trabajo jurisprudencial del Máximo Tribunal y de los tribunales colegiados de circuito;
La labor de los poderes federales y estatales;
El trabajo de académicas y académicos que han seguido puntualmente la reforma;
La experiencia de los operadores jurídicos,
Las miles de horas de trabajo en audiencia por parte de juezas y jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución, de la alzada, de fiscales, asesores de víctimas, defensores y primeros respondientes, sin distinción de fueros, que constituyen la más valiosa amalgama para corregir errores y reconducir con rumbo el gobernalle, hacia el objetivo común de combatir la impunidad y la inseguridad, además de reparar el daño a las víctimas.
Finalmente, el complejo contexto originado por la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia que en los órganos de administración y procuración de justicia, entre otros, se carece de los instrumentos legales que les permitan operar con herramientas tecnológicas modernas, para cumplir su función en un mundo que, a pasos acelerados, avanza sobre los rieles de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Las tecnologías de la información y de la comunicación conllevan beneficios tales comoahorro de recursos, celeridad, accesibilidad a grupos en situación de vulnerabilidad, transparencia y cuidado de la salud pública.
No nos preguntemos qué destino le depara el futuro próximo a la impartición de justicia en nuestro país. Cuestionémonos sobre las consecuencias que tendría entonces nuestra omisión de resolver el presente con alto valor democrático.
Muchas gracias.
Al ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado Carrillo.
Por supuesto, al doctor Alejandro Gertz Manero, primer fiscal general de la República. Bienvenido.
A la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y también senadora con licencia.
Al licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República.
Quiero saludar al ministro Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También saludamos con respeto, y saludo la participación del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado Rafael Anzures Uribe.
Y, saludo también que tendremos la participación del presidente de la CONAGO y el gobernador de Oaxaca, tanto de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y se iban a conectar otros gobernadores; y el gobernador Alejandro Murat, del estado de Oaxaca.
También estará el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien tiene un mensaje importante también en esta reunión nacional.
Quiero, a nombre de los coordinadores que están conectados, de los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, darles la bienvenida a nombre de esta Junta. Gracias por su participación, a todos.
También está el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra Álvarez.
Están también diputados, fiscales de todo el país, procuradores generales de los estados, magistrados y magistradas, y obviamente los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de las entidades federativas del país.
Habla muy bien del interés de todos.
También nos acompañan directores de escuelas de derecho, de distintas facultades, desde la UNAM, hasta universidades de provincia.
También quiero agradecer a todos los académicos, a los institutos que se han conectado desde la UNAM hasta el ITAM, hasta las universidades de distintas partes del país.
Muchas gracias.
Esta reunión tiene calculado más o menos durar dos horas. Les pido su tolerancia, porque va a ser muy importante.
También están barras y colegios de abogados de la Ciudad de México y de todo el país.
Les decía que tendremos una duración de aproximadamente dos horas. Se estima la participación de cada uno de los conferenciantes, de entre ocho, diez minutos cada uno; pero tampoco hay una restricción del tiempo, por eso bienvenidos todos a este Encuentro Nacional Digital.
Luego del discurso inaugural, le pediré a Julio Menchaca, como presidente de la Comisión de Justicia, quien modere la reunión.
Nuestro país enfrenta hoy en día, un importante reto en la transformación de la vida pública a nivel nacional.
Esta transformación no se va a detener y será, sin duda, un cambio profundo, un asunto radical de las estructuras del Estado. De otra forma, podría quedar solamente como una noble intención, y eso no lo vamos a permitir.
Por eso, esta reunión es única en su tipo, por la pandemia y por todo lo que estamos padeciendo.
Los nuevos principios y reglas del quehacer político, deben impulsar una forma nueva de relación entre las personas y las instituciones de la República. Los tres poderes, así como los organismos constitucionales autónomos, debemos estar a la altura del momento histórico de renovación que nos toca conducir en la actualidad.
Es evidente que no puede haber transformación del Estado, sin una profunda renovación del Poder Judicial y del aparato de justicia. Es hora de hacer frente a una de las principales demandas sociales: el acceso a la justicia para todas las personas.
No permitamos la simulación, no se trata de maquillar o disfrazar la realidad. La justicia en México ha vivido desde hace décadas, un cáncer terminal conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad.
Estos deleznables parásitos se han arraigado en las estructuras de los aparatos de procuración e impartición de justicia en todo el país, y creo que es el momento de terminar con ellos.
Aquí en el Senado, todos los senadores y las senadoras han presentado iniciativas en ese sentido, porque la justicia mexicana presenta desafíos de grandes dimensiones para todas las instituciones del Estado y para todos los operadores jurídicos.
De acuerdo con los últimos censos de impartición de justicia, federal y estatal, elaborados por el INEGI, el Estado tiene poco más de 5 mil órganos jurisdiccionales en todo el país, en toda la República; 4 mil 90 corresponden a juzgados y salas de tribunal de los Poderes Judiciales estatales; 915 corresponden al Poder Judicial Federal y alrededor de 150 pertenecen a tribunales agrarios, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a Tribunales Administrativos, Electorales y también Electorales locales.
Los órganos de justicia locales y del Poder Judicial Federal, de acuerdo con los censos citados, resolvieron durante el último año, dos millones 300 mil asuntos. De éstos, 2 millones 300 mil, la mitad fueron resueltos por órganos federales y la misma cantidad, por los órganos locales.
No obstante los poderes judiciales locales, reciben anualmente alrededor de 2 millones de asuntos nuevos, es decir, se resuelven menos asuntos de los que se reciben. Esto genera acumulación, rezago, reclamos legítimos por parte de la sociedad que demanda reglas procesales más ágiles, orientadas al cumplimiento de los principios de inmediatez, oralidad, concentración, publicidad, transparencia, celeridad, imparcialidad, independencia y sobre todo, con apego al principio de la verdad, para resolver con justicia las controversias planteadas.
De acuerdo con el INEGI, la cifra negra de delitos que se denuncian o que no concluyen con una averiguación o con una carpeta de investigación, se mantuvo entre 2012 y 2018, prácticamente en un 93 por ciento; lo cual se traduce en impunidad. Uno de los problemas centrales de nuestro país, y un gran obstáculo para su desarrollo es este: la impunidad.
También estimo que en el 2018 se cometieron, de acuerdo con estas mismas estadísticas, 33 millones de delitos en contra de 24.7 millones de víctimas de 18 años o más.
Ello le costó al país 1.5 de su Producto Interno Bruto, el equivalente a 286 mil millones de pesos, es decir, 783 millones diarios, para reforzar las medidas de prevención o en daños o pérdidas ocasionados por tales actos delictivos.
Asimismo, muestra la percepción de la sociedad, que tiene poca confianza en las policías municipales, ministerios públicos, procuradurías estatales y personas encargadas de juzgar.
El pueblo de México exige y merece una justicia de excelencia. Conscientes de esta crisis de legitimidad, en el 94 se realizó la última reforma integral a las competencias y a la organización del Poder Judicial de la Federación; cuyo objetivo se centró en consolidar a la Suprema Corte de Justicia como un verdadero tribunal constitucional, normativizando las controversias constitucionales y creando las acciones de inconstitucionalidad, que son hoy pilares esenciales de nuestra justicia constitucional.
Además, en el Consejo de la Judicatura Federal se depositó la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial.
Desde entonces, se reconoció la lejanía entre las demandas apremiantes de justicia de las personas y la indiferencia de los órganos de procuración y administración de justicia, para zanjar las distancias entre la sociedad y la garantía de sus derechos.
La adecuación integral del marco constitucional y legal pretendió sentar las bases para que el Estado estuviera en posibilidad de reconocer y proteger la dignidad humana, así como garantizar con eficacia y eficiencia el debido proceso y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los ejes de la consolidación sustantiva de toda democracia.
¿Qué ha impedido entonces el cumplimiento cabal de estos objetivos?
¿Cómo vencer el escepticismo y la desconfianza en la justicia, en nuestra?
¿Qué ha faltado para alcanzar la comunión entre la ciudadanía y sus jueces y juezas?
Sin duda, no hay respuestas simples. Necesitamos un debate técnico e informado, y una plena coordinación entre los poderes, las autoridades y la sociedad, para encontrar rutas claras y eficaces.
Las reformas que hoy nos convocan son de gran calado.
La reforma orgánica al Poder Judicial de la Federación, instrumentada con una visión autocrítica por la propia judicatura, y avalada por el Ejecutivo Federal, reconoce que los métodos de ingreso, adscripción, ratificación y permanencia en la carrera judicial exigen una profunda reingeniería, de forma y de fondo.
Como lo señalamos en octubre del año pasado, a lo largo de este primer cuarto de siglo se han realizado diversas reformas sustantivas y adjetivas, con la finalidad de otorgar seguridad y reforzar el Estado de Derecho; redimensionar el debido proceso en el orden constitucional y legal que se dio en el 2008 y 2014; el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos, que se dio en el 2011, y las modificaciones al juicio de amparo, en el 2013.
No obstante, ha quedado como asignatura pendiente la reforma que permita consolidar una judicatura ética, profesional, independiente e imparcial, sin distinción de fueros.
Seguro estoy que todas y todos en este foro coincidimos en que ningún esfuerzo de transformación de nuestro orden jurídico, por integral y vanguardista que sea, será suficiente sin una excelencia judicial.
Nunca más en la Judicatura Nacional debe haber cabida para malos jueces, ni para jueces, simplemente mediocres, que se conforman con el mínimo jurídicamente aceptable.
Sí, aspiramos a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente en la carrera judicial, que nos permitan tener al mejor juez, a la mejor jueza, juezas y jueces sensibles, con absoluta visión de igualdad e inclusión, capaces de reconocer las asimetrías que nos lastiman.
Que en sus resoluciones tengan la estatura ética de exigir a las autoridades que sean superados los rezagos de todos los grupos de situación de vulnerabilidad.
Juezas y jueces, conscientes de la realidad criminal del país y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas y en la sociedad, así como en la legitimidad de toda la Judicatura.
Juezas y jueces que sean sensibles a lo que constituye su papel en democracia y tomen en serio su obligación de trazar un puente entre la vida y el derecho, que protejan la constitución y los principios fundamentales de nuestro sistema democrático.
Eso esperamos. Estos perfiles no son del todo ajenos a nosotros, algunos incluso han llegado a pagar con su vida y la de sus familiares un desempeño de profesionalismo y de excelencia.
Esto no debe suceder más. Por ello hago un paréntesis hoy, aquí: hacemos el compromiso de presentar muy pronto una reforma con la experiencia de la Judicatura, que posibilite la protección eficaz a juezas, a jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Requerimos de un sistema judicial en que el mérito sea el factor esencial del ingreso y la promoción, desterrando para siempre el nepotismo y el favoritismo.
Un sistema judicial que permita gozar de niveles de confianza acordes con el preeminente lugar que ocupa en el entramado institucional. Este proceso de reformas, entre otras, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, debe irradiar en los valores que la motivan y en la armonía con el Pacto Federal, a la construcción de Judicaturas Estatales de excelencia, que fortalezcan su desempeño e independencia.
Yo confío mucho en que esto pueda ser posible. Esta asignatura fue dejada en el olvido por la reforma constitucional y orgánica de 1994. Por otro lado, no podemos seguir inertes contemplando que día a día, en las salas de audiencias, la realidad nos revela las asimetrías en la formación y capacitación de los distintos operadores jurídicos; la redacción ambigua de la codificación, y la consecuencia no prevista, materializada en la impunidad originada por la puerta giratoria.
De cara a esa realidad, se torna indispensable reevaluar la codificación nacional procesal penal, y las leyes relacionadas; pero, sobre todo, emprender la postergada tarea de elaborar elCódigo Nacional Penal, dejando de lado la dispersión de codificaciones penales sustantivas estatales, producto de un exacerbado federalismo y, así, abonar a que el Estado mexicano sea una unidad frente a la delincuencia, con todos los operadores, en todos los fueros, para recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del sistema penal.
Parece de la mayor importancia, sé que se está trabajando, la Fiscalía General ha trabajado profundamente sobre esto.
A seis años de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, debemos de recoger:
El trabajo jurisprudencial del Máximo Tribunal y de los tribunales colegiados de circuito para abonar a nuestra tarea.
La labor de los poderes federales y estatales.
El trabajo académico y académicas de todos los investigadores que han seguido puntualmente la reforma y continúan profundizando en la misma.
La experiencia de los operadores jurídicos.
Las miles de horas de trabajo en audiencia por parte de juezas, y jueces, y fiscales, juezas de control y de enjuiciamiento y de ejecución, de la alzada, repito, de fiscales, asesores de víctimas, defensores y primeros respondientes, sin distinción de fueros, que constituyen la más valiosa amalgama para corregir errores y reconducir con rumbo el gobierno y la justicia, hacia un objetivo común de combatir sin tregua la impunidad y la inseguridad, además de reparar el daño a las víctimas.
Finalmente, el complejo contexto originado por la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia que, en los órganos de administración y procuración de justicia, entre otros, se carece de los instrumentos legales que le permitan operar con herramientas tecnológicas modernas, para cumplir su función en un mundo que, a pasos acelerados, avanza sobre los rieles de la tecnología de la información y de la comunicación.
Sé que ya algunos tribunales han acudido a ellas: la propia Corte y el Tribunal Federal.
Las tecnologías de la información y de la comunicación conllevan beneficios tales como ahorro de recursos, celeridad, accesibilidad a grupos de situación de vulnerabilidad, transparencia y cuidado de la salud pública.
También el Tribunal Electoral ha acudido a este sistema de uso de tecnologías de la información.
No nos preguntemos qué destino le depara al futuro próximo a la impartición de justicia en nuestro país. Más bien, cuestionémonos sobre las consecuencias que tendría entonces nuestra omisión de resolver el presente con alto valor democrático.
Hoy están conectados cerca de 500 especialistas y expertos en materia jurídica, que forman parte del mundo jurídico de nuestra Nación. Muchas gracias. Y continuamos.
A todos, muchas gracias por su atención. Y a todos los senadores y senadoras que están participando, también muchas gracias.
--o0o--
Nunca más, en la judicatura nacional, debe haber cabida para malos jueces ni para jueces simplemente mediocres, que se conforman con el mínimo jurídicamente aceptable.
Aspiramos a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente en la carrera judicial, que nos permitan tener al mejor juez y la mejor jueza posibles.
Juezas y jueces sensibles, con absoluta visión de igualdad e inclusión, capaces de reconocer las asimetrías que nos lastiman; que en sus resoluciones tengan la estatura ética de exigira las autoridades quesean superados los rezagos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Juezas y jueces conscientes de la realidad criminal del país, y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas yen la sociedad, así como en la legitimidad de toda la judicatura.
Juezas y jueces quesean sensibles a lo que constituye su papel en democracia, y tomen en serio su obligación de trazar un puente entre la vida y el derecho; que protejan la Constitución y los principios fundamentales de nuestro sistema democrático.
Estos perfiles no son del todo ajenos a nuestra judicatura. Algunos, incluso, han llegado a pagar con su vida y la de sus familias un desempeño de excelencia.
Esto no debe suceder más. Por ello, hagoun paréntesis:
Hoy, aquí, hacemos el compromiso de presentar, muy pronto, una reforma —con la experiencia de la judicatura—, que posibilite la protección eficaz a juezas, jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal, de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Requerimos de un sistema judicial en que el mérito sea el factor esencial del ingreso y la promoción, desterrando para siempre el nepotismo y el favoritismo; un sistema judicial que permita gozar de niveles de confianza acordes con el preeminente lugar que ocupa en el entramado institucional.
Este proceso de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y restantes ordenamientos, debe irradiar —en los valores que la motivan y en armonía con el pacto federal—a la construcción de judicaturas estatales de excelencia, que fortalezcan su desempeño e independencia.
Esta asignatura fue dejada en el olvido por la reforma constitucional y orgánica de 1994.
Por otro lado, no podemos seguir inertes, contemplando que, día a día, en las salas de audiencia, la realidad nos revela las asimetrías en la formación y capacitación de los distintos operadores jurídicos; la redacción ambigua de la codificación, y la consecuencia no prevista, materializada en la impunidad originada por la puerta giratoria.
De cara a esa realidad, se torna indispensable reevaluar la codificación nacional procesal penal, y las leyes relacionadas;pero, sobre todo, emprender la postergada tarea de elaborar un código nacional penal, dejando de lado la dispersión de codificaciones penales sustantivas estatales, producto de un exacerbado federalismo y, así, abonar a que el Estado mexicano sea una unidad frente a la delincuencia, con todos los operadores, en todos los fueros, para recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del sistema penal.
A seis años de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, debemosrecoger:
El trabajo jurisprudencial del Máximo Tribunal y de los tribunales colegiados de circuito;
La labor de los poderes federales y estatales;
El trabajo de académicas y académicos que han seguido puntualmente la reforma;
La experiencia de los operadores jurídicos,
Las miles de horas de trabajo en audiencia por parte de juezas y jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución, de la alzada, de fiscales, asesores de víctimas, defensores y primeros respondientes, sin distinción de fueros, que constituyen la más valiosa amalgama para corregir errores y reconducir con rumbo el gobernalle, hacia el objetivo común de combatir la impunidad y la inseguridad, además de reparar el daño a las víctimas.
Finalmente, el complejo contexto originado por la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia que en los órganos de administración y procuración de justicia, entre otros, se carece de los instrumentos legales que les permitan operar con herramientas tecnológicas modernas, para cumplir su función en un mundo que, a pasos acelerados, avanza sobre los rieles de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Las tecnologías de la información y de la comunicación conllevan beneficios tales comoahorro de recursos, celeridad, accesibilidad a grupos en situación de vulnerabilidad, transparencia y cuidado de la salud pública.
No nos preguntemos qué destino le depara el futuro próximo a la impartición de justicia en nuestro país. Cuestionémonos sobre las consecuencias que tendría entonces nuestra omisión de resolver el presente con alto valor democrático.
Muchas gracias.
