Versión estenográfica de la intervención del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, con la participación de funcionarios del Gobierno Federal, gobernadora, gobernadores, legisladoras, legisladores, catedráticos y barras de abogados del país.
Muchas gracias.
Saludo de manera respetuosa y cordial a todas las personalidades reunidas en esta Cumbre, para analizar la justicia mexicana y a todas las personas que siguen esta transmisión. Especialmente agradezco la hospitalidad del Senado de la República.
Señoras y señores:
Agradezco al senador Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la invitación a participar en este Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”.
Estoy seguro de que su impulso para avanzar en una dirección de una reforma a la justicia, que haga de esta un derecho real y tangible para la ciudadanía, rendirá frutos.
Estamos reunidos en este espacio virtual, representantes de todos los poderes federales, así como de los poderes Ejecutivo y Judicial de las entidades federativas, con el propósito común de sentar las bases para un mejor sistema de justicia; uno que brinde a todas las personas sin distinción alguna, la posibilidad de acceder a una justicia moderna, eficiente y de calidad.
De manera particular, celebro que a través de este acto se reinicie el diálogo y se retomen los trabajos para la aprobación de la reforma con y para el Poder Judicial.
Esta reforma, elaborada al interior del Poder Judicial de la Federación y presentada como iniciativa por el Presidente de la República, responde a un claro compromiso del Estado Mexicano con la autonomía e independencia judiciales y su contenido permitirá consolidar la transformación de la justicia federal que está en marcha.
Aprovecho la ocasión para reiterar al Presidente de la República mi agradecimiento por la confianza depositada en el Poder Judicial, al haber hecho suya esta iniciativa de reforma. Y, al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, por su invaluable apoyo para hacer esto posible.
Tal como ha sido acordado con los grupos parlamentarios, la idea es que esta reforma sea analizada de forma independiente, de otras que puedan ser necesarias en materia de procuración y de justicia local, ya que se trata de una propuesta completa e integral de transformación del Poder Judicial de la Federación, con una funcionalidad propia que obedece a un diagnóstico interno con lo cual, además, se preservaría la intención original de que la reforma emane del propio Poder Judicial.
La justicia federal constituye en la práctica, la instancia final de las disputas y es, muchas veces, la última esperanza para las personas de obtener justicia.
La reforma que planteamos, pondrá la justicia federal al alcance de todas las personas, elevará la calidad de las sentencias a través de una mejor formación de las personas juzgadoras y de un fortalecimiento de la carrera judicial y permitirá que la doctrina constitucional y en materia de derechos humanos, permee de mejor manera a la labor de todos los operadores jurídicos.
Se trata de una reforma que elevará los estándares de excelencia y honestidad, que dotará de mayores herramientas contra la corrupción y que dará a las mujeres, la participación paritaria que les corresponde, en beneficio de toda la sociedad.
La iniciativa parte de la idea de que la reforma al Poder Judicial puede y debe darse desde adentro, y que para impartir una mejor justicia no es necesario modificar la estructura del Poder Judicial de la Federación, sino hacer ajustes a su funcionamiento, que tengan un impacto duradero y trascendente en la calidad de la justicia.
Así, el primer gran eje de la reforma es consolidar a la Suprema Corte como tribunal constitucional, con la finalidad práctica de que sus interpretaciones hagan realidad los postulados constitucionales en la vida de las personas.
Requerimos una Corte que resuelva menos asuntos, sólo aquellos que revistan importancia para el orden jurídico nacional y que permitan establecer pautas de interpretación constitucional sólidas y bien argumentadas; y orienten no sólo la labor de todos los jueces del país, sino de todas las autoridades, de todos los poderes y órdenes de gobierno.
Debemos dar a las sentencias de la Corte un peso moral y jurídico, que permita avanzar hacia una cultura de la constitucionalidad, característica de un pleno Estado de derecho.
Para ello, proponemos que las razones que justifiquen las razones de las sentencias de la Suprema Corte que sean aprobadas por una mayoría calificada, constituyan jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, sin necesidad de reiteración.
De esta manera, todas las sentencias del Tribunal Constitucional serán relevantes, y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales.
Asimismo, para que nuestro sistema de jurisprudencia sea mejor comprendido como un sistema de precedentes, se recoge el nuevo concepto de tesis que ha sido recientemente adoptado por el Pleno de la Suprema Corte, consistente en que en ella se dé cuenta de los hechos y argumentos que fundamentan un criterio para su aplicación a casos subsecuentes, esté mejor razonada.
En esta línea, se plantea modificar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo con revisión para permitir que la Corte resuelva menos asuntos y se enfoque en resolver sólo aquellos que entrañen violaciones directas a la Constitución, y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
La Corte debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales que absorben un porcentaje demasiado alto de sus recursos institucionales y de sus energías, sin beneficio tangible para la sociedad.
Lo anterior permitirá además fortalecer el federalismo, al darle mayor relevancia a la justicia constitucional local.
También, con la finalidad de descargar de trabajo al Tribunal Constitucional, se plantea la creación de plenos regionales como órganos permanentes encargados de unificar los criterios de los tribunales colegiados de su región, lo que permitirá un conocimiento más directo de las problemáticas locales en la resolución de los criterios.
El segundo gran eje de la reforma, es la expedición de una ley de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación que, por primera vez en la historia, reglamente un auténtico servicio profesional de carrera, en el que el acceso a todos los cargos jurisdiccionales se hará por concurso, se transforme el Instituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de llevar a cargo los concursos y de impartir una formación sólida y de vanguardia.
Queremos forjar en las aulas de la escuela judicial, un nuevo perfil de juez federal, con habilidades interpretativas y sensibilidad social.
En el rubro del combate al nepotismo y la corrupción, la iniciativa contempla la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que eleva a rango de ley las políticas públicas que hemos implementado para combatir este fenómeno, y que reforma el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan faltas, incluyendo medidas cautelares más eficaces.
Para que la justicia federal esté al alcance de quienes menos tienen, es esencial apuntalar la transformación de servicios de defensoría pública. Por ellos se prevé que sea también la Escuela Judicial la que capacite a los defensores públicos y que realice los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.
Asimismo se amplían los servicios de la defensoría para comprender el amparo familiar y cualquier otra materia de amparo que determine el Consejo de la Judicatura Federal, además de la penal y la laboral.
Los defensores públicos deben llegar a cada rincón del país para brindar una representación y asesoría de la máxima calidad, como verdaderos abogados de los pobres, de los desprotegidos y de os olvidados.
Finalmente, la reforma es una gran apuesta por saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres. Se contemplan medidas para alcanzar la paridad de género en todas las categorías de la carrera judicial, incorporando la perspectiva de género como principio transversal a todas las políticas públicas y estableciendo la paridad como principio de la carrera judicial, como criterio de desempate en los concursos y como política para el otorgamiento de nombramientos.
De igual manera, se establece que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la mujer, constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía.
La reforma con y para el Poder Judicial parte de un diagnóstico profundo y de un ejercicio autocrítico. Las medidas que proponemos están orientadas a los resultados y permitirán tener una mejor justicia al alcance de la población.
Esta reforma es necesaria para modernizar la justicia federal y en este momento, además, tiene un renovado sentido de urgencia, no sólo porque la pandemia por Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de un acceso a una justicia más moderna y de mejor calidad, sino porque es indispensable recuperar el tiempo perdido y llevar lo antes posible una justicia más cercana, con mayor sensibilidad social y humana, más eficiente y eficaz al pueblo de México.
Está ahora en manos de las y los legisladores analizarla y aprobarla. Estoy convencido de que los ejes que comprenden son los adecuados y van en la dirección correcta.
Sabemos en dónde estamos y sabemos a dónde queremos llegar.
Muchas gracias.
