Versión estenográfica de las preguntas y respuestas en la Mesa 4. Aspectos Funcionales del Poder Judicial, del Parlamento Abierto a distancia respecto a la Reforma para y por el Poder Judicial.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Ahora abrimos el bloque de comentarios y preguntas de las legisladoras, de los legisladores; para lo cual si alguien desea hacer una pregunta a alguno de los ponentes o la ponente, le pido me lo pueda señalar levantando la mano para poder hacer una lista.
De entrada tenemos al senador Dante Delgado y después al senador Damián Zepeda.
Adelante.
SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Sí, gracias, senador Juan Zepeda.
Señores panelistas.
En el panel de esta mañana, que fue la tercer mesa, el doctor Miguel Carbonell dijo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles es un pendiente legislativo del Senado; y tiene razón.
Por eso Movimiento Ciudadano se pronuncia por evitar reformas legales, y mucho menos reformas constitucionales en abonos.
Es nuestra obligación exigir paquetes legislativos integrales.
Se nos plantea que se debe apoyar la reforma constitucional para y por el Poder Judicial, para después se aclaren las dudas y procedimientos, supuestamente impecables, que serán establecidos en las leyes reglamentarias que aún no están en el Senado, y que estoy seguro, fuera de las cuatro paredes de la presidencia de la Corte, casi nadie conoce salvo usted licenciado Jorge Nader Kuri, porque lo ideal sería que lo conocieran los jueces, los magistrados, los ministros, los académicos, y desde luego los senadores.
Aquí es muy importante el sentido común, porque nos apunta a que se debe simultáneamente legislar sobre los diferentes temas.
Precisamente por eso Movimiento Ciudadano planteó que no se aprobara la reforma constitucional hasta que no tuviéramos el paquete legislativo.
Una sola palabra en el texto constitucional le da un cambio sustantivo a lo que hoy nos han expuesto los expositores que representan a la presidencia de la Suprema Corte en su doble vertiente; presidente también del Consejo de la Judicatura.
Si no conocemos las leyes reglamentarias, ustedes nos quieren explicar en qué va a consistir, sería mucho más fácil que se diera a conocer adentro del Poder Judicial y a los senadores el paquete normativo.
Yo creo que el tema de las controversias, que precisamente usted, licenciado Jorge Nader Kuri, establece el mecanismo, y dice, es que ustedes los senadores pueden empezar a establecer que corresponda a los colegiados empezar a atender las diferencias que existan entre Poderes, para que la Corte nada más se dedique a la constitucionalidad.
La pregunta es, por qué hacemos una reforma mocha, cuando tendríamos que haber dispuesto que el sentido profundo del cambio sustantivo de esta reforma, es darle a la Corte una instancia de plena constitucionalidad y nos deje establecida, la propia reforma, cómo se van a distribuir las controversias, sobre todo en un momento tan difícil que vive el país, cuando vemos a un Ejecutivo que apabulla a las entidades federativas y municipios del país.
Es tal, espero que ustedes en la Corte se den cuenta y quienes son escuchas, que el Presidente de la República se ha atrevido a no recibir a 10 gobernadores, es inaudito.
Que les hayan echado gases lacrimógenos en las puertas de Palacio Nacional a la Asociación de Alcaldes que protestaban porque no se les daban recursos.
La pregunta es ¿cómo vamos a lograr paz y estabilidad en este país? Vamos a imaginar a futuro un correcto sistema de procuración de justicia y en el corto plazo no vamos a resolver la justicia, si es necesaria se aplique, cuando se están dejando lagunas.
Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Me da mucho gusto que un abogado particular conozca mucho más el contenido de las leyes que tendrán que ser remitidas, de aprobarse la reforma, que nosotros, los senadores.
Es increíble esto. La verdad, un sistema legislativo como el que quieren plantear no es el adecuado. Necesitamos paquetes integrales de legislación para ser discutidas y conocidas.
Celebro sus intervenciones, son impecables. Sin embargo, por qué nosotros vamos a creer en lo que ustedes dicen, en palabras bien expresadas, cuando ustedes saben que la aplicación de justicia no se hace sino cumpliendo el texto de la ley.
¿Es mucho pedir que eso sea lo que esté en la discusión? Se lo digo a mis compañeras y compañeros senadores de todas las fuerzas políticas acreditadas en el Pleno y sobre todo a los que tenemos que decidir, por el número que representamos, si se cumple las dos terceras partes de los votos necesarios para que proceda las reformas constitucionales.
En fin, creo que lo que se está haciendo en este momento es un ejercicio que llevará parches y que debe ser integral, porque están de por medio dos principios sustantivos: la constitucionalidad de la Suprema Corte en la que sí creo, por eso no es descabellado que pudiéramos tener una Sala de Constitucionalidad y la necesidad inmediata de darle fortalecimiento al federalismo, de darle su lugar a los estados y a los municipios y evitar que exista confrontación política y que esté en riesgo la viabilidad de la República.
Muchas gracias.
SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Gracias coordinador Dante Delgado.
Tiene la palabra el senador Damián Zepeda.
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES:Gracias compañero senador.
Doy inicio reiterando mi agradecimiento a todos los que han participado, por compartir su visión, porque ha sido interesante, aunque sí creo, sí comparto lo dicho por el senador Germán Martínez, en términos de que debimos de haber organizado algo mejor.
En este bloque, primero déjenme reiterar un comentario, no voy a repetir lo dicho, pero en todos los bloques hemos dicho lo mismo, al menos un servidor.
Para mí el gran tema es que México requiere un mejor sistema de justicia y con esto no se logra. Se puede avanzar en aspectos pequeños, pero yo soy de los que creo que los cambios hay que empujarlos.
Y particularmente con la composición actual del Poder Legislativo, si no se aprovechan las coyunturas específicas de un interés, en este caso particular, del Poder Judicial de hacer cambios, para hacer otros cambios necesarios y más positivos, nunca se avanza, nunca, porque las resistencias no se vencen más que cuando se genera un ambiente en donde hay distintos intereses genuinos, positivos, que buscan lograr transformaciones, si no, van a dormir el sueño de los justos y nunca se van a lograr esos cambios.
Por eso es que insistimos, su servidor, en que hay que ir por la Reforma ideal, no perfecta como alguien señalaba ahorita. Me queda claro que lo perfecto no se puede lograr, pero sí está muy evidente, ciertos temas de los cuales ahorita estamos hablando que no se están tocando los cambios que sí implicarían una mejora en la justicia.
Perdón. Pregunto: ¿me escuchan? Porque a mí se me corta mucho la imagen. Sólo saber si me estoy pudiendo comunicar. Ok. Muy bien.
Dicho eso, que es el tema principal de ir por verdaderos cambios, que cambien la justicia para los mexicanos, lo cual reitero, en este bloque de temas, en muchos temas podemos coincidir, cuando menos un servidor, y algunas otras inquietudes las quiero compartir.
A ver: lo primero que quiero señalar es, yo en lo personal, soy un aliado del servicio profesional de carrera, en cualquier instancia de gobierno, en este caso la carrera judicial.
Pero mi pregunta es si esta Reforma alcanza para resolver el problema que tenemos. Yo reitero el respeto por jueces, magistrados y los funcionarios, pero es falso que no exista la carrera judicial.
Hoy pues, o sea, ya existe en principio en la Constitución, nuestra Ley Orgánica ya prevé tanto el Instituto de la Judicatura con la del Poder Judicial, como la carrera judicial, como un esquema de restricciones y ratificaciones, y cambiar un párrafo constitucional no va a cambiar, digamos, en lo específico ello.
Tengo yo aquí en mis manos un estudio que hizo “Mexicanos contra la corrupción e impunidad”. Le llaman ellos “el déficit meditocrático”. Me imagino que conocen este ejercicio. Y entiendo que un exconsejero de la Judicatura también hizo mucho trabajo al respecto.
Ellos señalan cómo de 50 puestos que existen en el Poder Judicial de la Federación, sólo 11 participan en el procesamiento de los casos y la producción de las sentencias.
De esos 11, sólo cinco son parte de la carrera judicial; de esos cinco, tres con sencillos exámenes y dos con concursos de oposición. Y los que son concurso de oposición, el 87 por ciento son de convocatoria cerrada. Es decir, sólo pueden participar gente de adentro.
Entonces, mi pregunta es: ¿se cambia esto con esta Reforma? Porque yo veo un párrafo nada más que sí le da rango a la escuela, que sí cambia algunas palabras o principios, pero no hay un planteamiento integral de cambio a la carrera judicial.
Seguramente me van a contestar que las leyes secundarias es lo que hay que…, vean, bueno, por eso muchos de nosotros queremos ver todo el paquete completo, previo a otorgar el voto, en lo único que requieren, los votos de la oposición, que es la Reforma Constitucional. Tendrán pues que han pasado muchas reformas que después ya no se da un debate de fondo.
Entonces, mi pregunta en esto, siendo aliado de la carrera judicial: ¿esta Reforma Constitucional, logra el objetivo de verdaderamente tener un Poder Judicial profesional, donde ya no se den casos de nepotismo, en donde no tengamos problemas de preferencias, digamos, por la cercanía?
Segundo. La defensoría de oficio, la defensoría pública. Otra vez. La Constitución, en su artículo 20, apartado “B”, fracción octava, ya prevé el derecho a la defensa pública, no está naciendo con esta reforma, ya existe.
Lo que sí están haciendo aquí es subirlo a rango constitucional, el instituto, o sea el órgano. Una reforma de avanzada, sería darle autonomía y dependencia a la defensoría pública.
Yo les pregunto, ¿estarían de acuerdo con darle autonomía e independencia a la defensoría pública?
Porque, no hace sentido que si una parte que acusa, que es el Ministerio Público tiene autonomía e independencia, la parte que defiende no la tenga. O sea, no se cumple con un principio básico, elemental de sentido común de igualdad.
Y menos sentido hace, aunque funcione, digamos adecuadamente, menos sentido hace que esté colgada del Poder Judicial, que es el árbitro, que es el juez. O sea, hay un claro conflicto de interés, aunque funcionen separados.
Entonces por qué no ir, este es un ejemplo de avanzar a lo ideal, ¿por qué no ir? Vamos a tocar el tema (falla de audio de origen)…
SENADOR JUAN ZEPEDA: Senador Damián Zepeda, ya no lo escuchamos ahora sí.
SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Perdón, senador Zepeda, yo quiero aprovechar este lapso.
Yo tengo un compromiso a las 14 horas, entonces no deseo que se interprete que no quiero escuchar lo que me digan, pero la agenda estaba programada para terminar a las 2 de la tarde y entiendo, porque se desfasó la mesa anterior se prolonga. Pero tengo un compromiso inaplazable a las 14 horas.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Sin problema, coordinador Dante Delgado.
Y, esperando a ver si restablece la comunicación el senador Damián Zepeda, pregunto a las senadoras y a los senadores presentes, si alguien gusta hacer alguna pregunta, algún comentario a los ponentes.
SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Perdón, senador Zepeda, estaré atento a la respuesta que sobre lo que expresé den los compañeros que hoy nos hicieron el honor de transmitir el punto de vista del presidente de la Corte.
Muchas gracias.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Con todo gusto.
Creo que el senador Damián Zepeda está teniendo problemas de comunicación. Yo propongo que pasemos entonces…
¡Ah!, el senador Noé Castañón quiere formular una pregunta o comentario. Adelante, senador.
SENADOR NOÉ CASTAÑÓN: Gracias, senador Zepeda.
Simplemente, en continuidad a los comentarios hechos por el senador Germán Martínez, mi coordinador Dante Delgado e incluso el comentario hecho por el senador Damián Zepeda; encuentro una alta preocupación por esta reforma, por quien hoy está defendiendo esta reforma.
Me hubiera gustado ver otros puntos de vista, puesto que la repetición incluso de los ponentes desde ayer, ha sido reiterada. Conocemos claramente sus posturas.
Me preocupa, y en este sentido muy puntual la pregunta a los ponentes de hoy, respecto a la carrera judicial y a la especialización que se va a dar con este instituto, ¿por qué se sigue dejando a la Suprema Corte en sus nombramientos, fuera de este nuevo sistema?
¿Por qué en los nombramientos no se está incluyendo, solamente se incluye al Poder Judicial y se excluye a los funcionarios de la Suprema Corte?
Creo que una reforma integral debería de ser pareja y eliminar los vicios que tienen o lo que se quiere eliminar, tanto el Poder Judicial, también al interior de la Suprema Corte.
Sería cuánto, senador Zepeda.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, senador Noé Castañón.
Ya está el senador Damián Zepeda comunicado. Adelante, senador Damián Zepeda.
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES: Gracias.
Les pido una disculpa, estoy en mi oficina del Senado, pero la falla de internet, se trabó el Webex. Estoy ahora en mi celular, pero aquí mismo en la oficina.
Bien, entiendo que se escuchó la primera parte del planteamiento integral de la carrera judicial, y me quedé en defensoría pública, según lo que me informan.
Lo que comparto, es que éste es un ejemplo perfecto de cómo deberíamos de avanzar a temas y reformas que se requieran.
Una reforma que pudiera resultar en un beneficio directo a la ciudadanía, partiría del fortalecimiento a la Defensoría Pública; y un aspecto elemental, y les pregunto si estarían de acuerdo, y si siguen esta lógica de pensamiento, la Defensoría Pública debería tener otra dependencia… (falla de origen)
(falla de origen)…las partes que investiga y acusa, tiene autonomía, tiene independencia, tiene cierto rango la otra de las partes, que es la que defienden (falla de origen)
SENADOR JUAN ZEPEDA: Senador Damián Zepeda, le sugiero que cancele su video y nada más utilice el audio, porque lo estamos perdiendo por falta de señal.
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES: Estarían de acuerdo en darle autonomía e independencia a la Defensoría Pública, bajo el principio elemental de que tenga la misma condición quien acusa que quien defiende, por ejemplo, en materia penal.
El ministerio público tiene autonomía, tiene independencia, en ese sentido, que si ambas partes deben participar en condiciones de igualdad, una la tenga y otra no.
Más aún, menos sentido hace y conflicto de interés, incluso, aunque en el funcionamiento me puedan decir que son entes distintos, en fin, la dependencia del Poder Judicial es un conflicto de interés, porque existe quien acusa, quien defiende y quien imparte justicia; no hace sentido que quien defienda dependa de quien imparte justicia.
Ni qué decir en el nivel local, y esto le daría una mejor defensa a los mexicanos.
Por último, sumado a lo que ya había dicho, en materia de adscripción y ratificación, preguntarles: ¿qué tendríamos que hacer?
Quisiera que partieran de la base que hay disposición del Legislativo de ir por una reforma a fondo.
¿Qué tendríamos que hacer para mejorar el sistema de adscripción y de rotación? O si piensan que al día de hoy está funcionando, digamos, a la perfección, y que no habría nada que moverle o garantizar para que se tomen estas decisiones basados en criterios objetivos.
Muchas gracias por sus respuestas.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, senador Damián Zepeda.
Pregunto a las senadoras y lo senadores presentes, si alguien desea hacer uso de la voz.
Si no es el caso, daríamos paso a este bloque de respuestas por parte de nuestros panelistas, en el orden en el que se les dio la palabra para su primera intervención en su exposición, así que tiene la palabra el doctor Alejandro Sergio González Bernabé.
Adelante.
DOCTOR ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ: Muchas gracias, senador Juan Zepeda.
Voy a referirme a una de las partes de la exposición del señor senador Damián Zepeda, relacionado con la preocupación que dice tiene respecto de los concursos abiertos.
En relación a ello, quiero manifestar que el artículo 94 constitucional ya establece el mandato expreso de que deba haber concursos abiertos.
Leo la parte correspondiente del artículo 94, dice: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género”.
Es decir, ya está en la Constitución, ya está en la Constitución; y lo que falta es el trabajo legislativo en la ley ordinaria, para que se regulen estos concursos abiertos.
No obstante eso, ahora que se implementó el tema de la reforma laboral, se logró la designación de los jueces y juezas para que ejerzan la función de jueces de distrito en materia laboral, precisamente a través de un concurso abierto, no obstante que la ley ordinaria no ha sido complementada, porque no se ha realizado el trabajo legislativo.
El Consejo de la Judicatura Federal realizó, a través de acuerdos generales, un mecanismo que permitió la designación de juezas y jueces a través de concursos abiertos y no solamente desde los titulares, sino de los secretarios y secretarias y de las actuarias y actuarios.
Se inscribieron más de mil personas y de esa inscripción de más de mil personas, se fueron seleccionando, a través de exámenes muy rigurosos de conocimientos generales, después de exámenes teóricos, prácticos y orales, hasta llegar a la determinación de quiénes podrían ocupar los cargos de actuarios, secretarios y jueces.
Entonces, creo que en el texto constitucional está ya la disposición, falta a lo mejor el trabajo legislativo correspondiente. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que se logre avanzar en ese sentido.
En relación a lo que el señor senador Dante Delgado comentaba, creo que tiene que ver con la, perdón por lo que voy a decir, pero en lo particular me invitaron para participar en este foro y lo agradezco muchísimo, este Parlamento, y me dijeron: tienes que participar en estas mesas.
O sea, en la estructura, en la organización del evento, nosotros no tuvimos intervención alguna. A mí me llegó la invitación el viernes por la noche, el fin de semana lo preparo y no tengo nada que ver en la estructura para el funcionamiento de este evento.
Y la postura que yo expuse en mi exposición, valga la redundancia, es estrictamente jurídico-jurisdiccional. Es totalmente apartado de aspectos políticos, porque no me corresponden.
Yo, como juzgador, traigo una camiseta puesta como tal y la aportación que yo pudiera hacer es precisamente en esa calidad de juzgador. Sería irresponsable de mi parte meterme a cuestiones que desconozco, como pudieran ser las de tipo político.
Y luego, el señor senador Noé Castañón, que preguntaba por qué se excluye a los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esto de la carrera judicial.
En temas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta ahorita la carrera judicial inicia con el cargo de actuario, de secretario y los secretarios, en un concurso interno, son los que pueden aspirar a ser jueces de distrito.
Pero dentro de la categoría de carrera judicial, también está considerada la de secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que busca la reforma, según yo la entendí, es que no solamente en estos cargos cúspide rija la carrera judicial para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial de la Federación, sino también se abre para los que ahora se denominan oficiales administrativos, que son el grueso del personal que integran los órganos jurisdiccionales.
Y es donde actualmente no se requiere mayor cosa que, por decirlo en palabras coloquiales, saber manejar un equipo de cómputo, tener un grado de responsabilidad bueno, pero el conocimiento jurídico no es exigible.
Eso ha permitido, desafortunadamente, que haya demasiada discrecionalidad de apertura en los titulares para nombrar al personal administrativo de manera libre y ha generado, por desgracia, desafortunadamente, estos temas de nepotismo tan marcados, que se han señalado ya en estas mesas y en otras anteriores, y en artículos, y en documentos específicos y que el Consejo de la Judicatura Federal detecto y ha caminado ya en ese sentido.
Tenemos ahorita ya acuerdos generales con la idea de que la meritocracia pernee en el Poder Judicial de la Federación desde estos cargos que son hasta cierto punto menores.
Entonces, sí están contemplados, al hablar de oficiales, según yo lo entiendo, al hablar de oficiales judiciales ahora para el Poder Judicial de la Federación; quedan contemplados también los oficiales jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Donde entiendo que existe la diferencia es que para que lleguen a esos puestos, en la Corte, no tienen necesariamente los ministros qué buscarlos de los cientos o miles de la lista, que ya aprobaron los exámenes por el Instituto de la Judicatura Federal.
La Corte tiene un trabajo súper especializado y se le ha dado la confianza a los señores ministros de que ellos elijan a su cuerpo de trabajo.
Ayer escuchaba en una Mesa, que alguno de los compañeros decía: “bueno, es que no está el piso parejo porque a nosotros sí nos van a obligar, los jueces y magistrados, a seleccionar al personal de una lista y parece que a los señores ministros no”.
Tal vez eso sería una cuestión que tendría que pensarse, que mediarse y ver si es necesaria también la selección de los señores ministros de esa lista.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias magistrado, por su contestación.
Le damos la palabra el doctor Jorge Nader Kuri. Adelante.
DOCTOR JORGE NADER KURI: Muchas gracias.
Pues yo agradezco mucho los comentarios que se han hecho porque nos periten formular mejor las reflexiones.
No solamente es un principio general conocido que la Constitución establece mínimos y las legislaciones secundarias los desarrollan.
Creo que no tiene ningún sentido acudir a algunos cuantos ejemplos, pero, por ejemplo, tomo el de la Ley de Amparo. La Ley de Amparo se llama Ley Reglamentaria, en los artículos 103 h 107 de la Constitución. En materia de controversias y de acciones, la ley respectiva se llama Ley Reglamentaria, de las fracciones 1 y 2 del artículo 105.
Es decir, ciertamente las instituciones constitucionales establecen mínimos, que luego se regulan en leyes secundarias.
Por lo tanto, siempre que se analiza una Reforma Constitucional, se tiene que tener en mente que posteriormente o al mismo tiempo, dependiendo cuál sea la política legislativa que se esté siguiendo, se tiene que atender una legislación secundaria.
Ha habido ocasiones en México en que primero se legisla en materia constitucional y posteriormente en materia secundaria, como, por ejemplo, ocurrió en junio de 2008, en donde se reforma 10 artículos de la Constitución para establecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y tiempo después se emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional, ejecución penal y las leyes secundarias. Es decir, en ese momento se optó por reformar la Constitución y luego ocuparse de las leyes secundarias.
Desde luego, el Poder Legislativo y Soberano, nada más faltaba, para decidir si legisla primero en reformas constitucionales y posteriormente atender la ley secundaria, o se hace todo en un paquete. Sobre eso, la única opinión que prevalece es la del Poder Legislativo, desde luego.
Solamente, yo sí insisto en que el principio general es que la norma constitucional es reglamentada por la Ley Secundaria.
Pero, además, en la iniciativa de reformas constitucionales, que nos convocó a la discusión del día de hoy, hay un transitorio tercero. El transitorio tercero de la iniciativa dice: “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir o realizar las reformas (inaudible) secundaria correspondiente, a efecto de homologarla con lo previsto por este decreto.
Entonces, el señalar que la reforma constitucional debería de ser seguida de una reforma secundaria, no solamente lo diseñé o lo expuse derivado de este principio general; sino después de la lectura de este artículo tercero transitorio del decreto de reformas constitucionales que ha establecido este Parlamento Abierto.
Ahora, ¿cuáles son las leyes secundarias que se tienen que reformar? ¿Cuáles son las leyes secundarias que se tienen que emitir?
Bueno, este decreto de reformas o esta iniciativa de reformas, recoge en sus primeros párrafos de la exposición de motivos, que entre el 21 de octubre de 2019, el Senado de la República con representantes del Congreso de la Unión, emprendió una serie de trabajos denominadas Una Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, que se estableció un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia, etcétera.
Y, de estos trabajos derivó esta iniciativa de reforma constitucional y también, conclusiones que hablaban de la necesidad de expedir nuevas leyes y de reformar otras, que fueron las que yo comenté.
Así que esto creo yo que es además, un tema de conocimiento generalizado, porque se difundió mucho en redes y en medios electrónicos, y esa es la razón por la que yo comenté que será muy importante ver las formas y desde luego si el Constituyente permanente decide reformar la Constitución, será muy interesante ver la forma en la que este diseño constitucional o estos mínimos constitucionales, pueden aterrizar en una legislación secundaria.
Y, refiriéndome a las otras dos participaciones, creo que hablar particularmente lo que comentaba el senador Damián Zepeda; creo que hablar de la autonomía de la defensoría pública, es una gran aportación, es una gran idea, que además, sería congruente con la autonomía de la Fiscalía General de la República.
No existe hasta la fecha, ninguna razón que justifique que la defensoría pública se encuentre dentro del Poder Judicial, más que temas organizacionales y presupuestales, desde luego. Pero nada riñe con la idea de apoyar que la defensoría pública sea autónoma.
Esta es una idea que me parece muy pertinente, que se ha expresado en muchas ocasiones con anterioridad. Y, creo que bien también se podría pensar en relación con ello.
Finalmente, decirles que yo independientemente de que como lo expresé al principio de mi intervención, creo que esta es una reforma que no es perfecta, creo que esta es una reforma que establece muchas áreas de oportunidad y que establece todavía algunos ámbitos de duda o de reflexión que vale la pena que se consideren y que se integren; no por eso la considero una mala reforma.
Creo que es una reforma transitable. Creo que es una reforma que en mucho sentido puede merecer un análisis, puede merecer desde luego el trabajo legislativo que la adapte, que la ajuste, que la complemente y que pueda hacer transitable el establecimiento de pasos para una mejor justicia.
Y en última instancia, algo que ha comentado mucho también el senador Damián Zepeda, en el sentido de que si nosotros creemos que es una reforma que verdaderamente va a beneficiar el quehacer de la justicia, creo que en buena medida sí.
Creo que además, si se complementa y en particular si se introduce el tema de la digitalización de los procedimientos o de la tecnologización de los procedimientos; creo que en concreto y en particular, esto puede establecer pautas muy concretas para que la ciudadanía reciba un beneficio constante y sonante.
Imaginemos que en México podemos tener, en el corto plazo, una justicia al acceso de cualquier persona desde su computadora, utilizando el internet, con todo lo que eso suponga en cuanto acceso a la justicia, el ahorro de recursos humanos y materiales.
Desde luego, con los cuidados necesarios, pero la tecnología nos ha enseñado todos los días, y nos seguirá enseñando en el futuro, que cada día es más confiable y que cada día puede establecer mejores incentivos para que pueda acudirse a ella y que pueda compaginarse algo tan heterogéneo como es el derecho y la justicia, con lo concreto de la tecnología.
Con los ajustes pertinentes, con los complementos necesarios, desde luego que sí, esta reforma podría causar beneficios concretos a la ciudadanía, a los justiciables, a quienes están esperando que los Tribunales en realidad hagan efectivo el derecho a la jurisdicción a que se refiere el artículo 16.
Muchísimas gracias por su atención, vuelvo a agradecer esta invitación que me honró mucho y que me permitió haber estado en contacto con ustedes y desde luego escuchar a mis colegas y sus intervenciones inteligentes e interesante todo.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, doctor.
Tiene la palara el maestro Arturo Guerrero para su ronda de respuestas.
DOCTOR ARTURO GUERRERO: Muchas gracias, senador.
Trataré de ir atendiendo los planteamientos en el orden en el que fueron propuestos.
En primer término, el senador Damián Zepeda hacía referencia a la falta de un mejor sistema de justicia; analizaba esta iniciativa de reforma y apuntaba varios temas.
En efecto, hay varios temas en la agenda que pueden quedar pendientes.
El tema de la justicia local al que se ha hecho alusión, (inaudible) centrales, el debate respecto a la justicia constitucional local que de alguna manera se adelantó con lo que pasó con la Ciudad de México, pero que queda por completo pendiente; la agenda de justicia ciudadana, fortalecer el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversia, debate sobre justicia restaurativa, un poco también en la línea de lo que manifestaba la licenciada Zavala.
Creo que hay varios temas que han quedado por completo de lado.
Ahora, el tema acá, más allá de si esta reforma resuelve todos los problemas, es si resuelve de alguna manera los problemas del Poder Judicial de la Federación o puede apuntalar la labor del Poder Judicial de la Federación.
Acá entiendo que es una cuestión de política parlamentaria y de tiempos que son ajenos.
Ahora, planteando la discusión o centrándola en esta mesa, voy a los siguientes puntos que todos creo que tienen para reflexiones bastante interesantes.
El segundo planteamiento que hacía el senador es, si esta reforma alcanza en el tema de la carrera judicial; si realmente está cambiando algo.
Me parece que aquí el planteamiento es muy interesante y me gustaría atenderlo en dos niveles: primero, en un nivel respecto a qué tipo de Constitución queremos.
Esto es un tema que abordo cotidianamente en clases, en conferencias, porque me parece que es un debate bastante interesante.
Tenemos tradiciones constitucionalistas, como las de Estados Unidos, en las cuales 27 enmiendas han bastado para 250 o 270 años de estabilidad democrático-institucional.
Tenemos países en los cuales, a partir de la apertura de la democracia han tenido constituciones que se han modificado 50-70 veces, dependiendo, por ejemplo, en los casos de España, Alemania.
En México tenemos una Constitución que, salvo un periodo primero de relativa paz, después de 1917 hasta 1921, y un par de periodos normales también de cuatro o cinco años, nuestra Constitución se ha reformado cada dos años en promedio, y de 1997 para acá se reforma cada año y hemos tenido hasta 13, 14 decretos de reforma constitucional en un año; y hay decretos de reforma constitucional que han modificado hasta 52 artículos de la Constitución.
Nuestra Constitución es una Constitución de detalle, porque a veces las leyes nos saben a poco, porque todas las plataformas o todas las ideologías políticas, de alguna manera tratan de plasmar en la Constitución.
Este es un tema, digamos, de debate constitucional bastante interesante.
Acá el punto es si definir absolutamente todas las categorías a nivel constitucional, o si eso de alguna manera podría coartar eventualmente el desarrollo de la carrera judicial.
Aquí creo que esto me lleva al siguiente plano.
En la Constitución se hacen dos cambios a los que ya hice referencia y que quiero retomar de forma muy breve, y uno adicional al que no me referí, pero que creo que tampoco es menor.
El primero es que se hace una referencia a que la escuela judicial participa en los concursos para todas las categorías y en la actualización.
El hecho de que participen todas las categorías, implica evitar que se vayan generando estos sistemas de excepciones y de alguna manera acotar el margen de discrecionalidad del propio Poder Judicial de la Federación en su facultad autorregulatoria, para definir qué tipo de cargos requieren de concursos para el acceso a los mismos.
Por otro lado, hay una remisión a las disposiciones normativas aplicables, que se introducen en el texto constitucional, ya no es la ley orgánica.
Esto lo que hace precisamente es, mientras pongo un núcleo mínimo, que es concurso público para las categorías de la carrera judicial a nivel constitucional; por otro lado, establezco que el Consejo también tiene esta facultad regulatoria.
Es una combinación entre establecer un núcleo mínimo de acceso a cargos públicos, y por otro lado dar una cierta flexibilidad para que se vayan modificando estos parámetros.
Claramente hay muchos temas que se tienen que ver en legislación secundaria, pero hay muchos otros que se están abordando actualmente a la facultad autorregulatoria del Consejo; y el Consejo, por ejemplo, ha ido trabajando para ampliar la carrera judicial y para introducir estos concursos públicos en todas las categorías.
El hecho de establecer a nivel constitucional que la Escuela Judicial participa en concursos precisamente en todos los niveles, fortalece esta visión de acceso estrictamente en términos meritocráticos.
Hoy hay una carrera judicial que cuenta con muchísimas personas, que en efecto han llegado donde han llegado, a partir del mérito, de la formación, de concursos y de procesos sumamente rigurosos de selección.
El tema es que los pequeños espacios de discreción que se han generado son los que han llegado a generar estos huecos, que eventualmente se han ido magnificando y el estudio al que hacía referencia el senador y los trabajos de un exconsejero de la Judicatura Federal, evidenciaron perfectamente este problema.
Ha habido casos, por ejemplo, de personas que tienen muchos familiares dentro del Poder Judicial de la Federación, se han ido creando estas redes clientelares.
Justamente la idea es transformar por completo esto introduciendo este requisito de meritocracia, a partir de los concursos en todas las categorías.
Entonces, a pesar de que parece una referencia quizá menor, lo cierto es que cambia por completo el eje rector de la carrera judicial y este tema me parece que es bastante relevante.
El siguiente planteamiento, el que se hizo referencia, fue lo de la defensoría pública, si tiene que estar en el Poder Judicial de la Federación, si tiene que reconocerse a nivel constitucional, pese a que ya hay una referencia al derecho a contar con una defensa pública en el artículo 20 constitucional.
Acá se ha discutido mucho sobre cuáles son las posturas, si hay una postura de la Suprema Corte, si hay una postura de Agenda Ciudadana, a mí me gustaría centrarme en estándares internacionales, porque creo que son los que nos dan una pauta sobre cuáles tienen que ser los contenidos de índole constitucional, es decir, una discusión en términos de derecho, de democracia y equilibrio de poderes.
Y al respecto me remito al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 sobre garantías para la independencia judicial de las y los operadores de justicia.
Esta revisa en este informe de la Comisión Interamericana de los párrafos 43 y siguientes, hay una referencia específica al tema de las defensorías pública y dentro de ese informe van a encontrar dos cuestiones: una primera, que es la recomendación del Sistema Interamericano de las Defensorías Públicas que están reconocidas a nivel constitucional, que es el tema que se está buscando acá, y eso aquí lo pueden encontrar, párrafos 43 y siguientes.
Lo segundo, es una reflexión respecto a si las defensorías públicas tendrían que estar en el Poder Judicial de la Federación o tendrían que ser autónomas y empieza la Comisión Interamericana con un debate bastante interesante, diciendo, a ver, aquí hay modelos híbridos.
Hay algunos que tienen la defensoría pública en el Poder Ejecutivo, otros en el Poder Judicial, otros lo tienen con independencia técnica, otros lo tienen con autonomía completa.
La Comisión Interamericana dice: lo importante acá es que exista una autonomía técnica y de gestión, que esté regulada a nivel legislativo y evidentemente sí hay una limitante que pertenezca al Poder Ejecutivo.
Ese sería el planteamiento, por ejemplo, respecto a qué pasaría con la Fiscalía, por qué la Fiscalía no. Lo que pasa es que en un juicio hay dos hipótesis en un procedimiento penal, la hipótesis de acusación y la hipótesis de defensa.
Respecto de la acusación y defensa, claramente tiene que haber una distinción. No obstante, acá no se está hablando de un conjuntar ambas posturas dentro de una misma institución, sino el tema de la defensoría pública, que lo que sostiene son hipótesis de defensa, a partir de una protección de los derechos humanos y garantizando el acceso a la justicia.
Entonces, aquí es un tema de qué tipo de modelos y qué se pretende y adicionalmente sí existen las salvaguardas para que se garantice esta autonomía técnica y de gestión.
El crear un órgano autónomo adicional implica que este órgano autónomo entra al debate de selección, de presupuesto, de muchas otras cuestiones, de cuáles van a ser esas salvaguardas, de qué tipo de límites y contrapesos institucionales va a tener, es un debate bastante relevante, pero lo interesante es contar con un instituto de defensoría, que tenga una autonomía y que claramente no esté contaminado con una cercanía al Poder Ejecutivo y mucho menos a la Fiscalía.
Por otro lado, respecto al tema de las adscripciones, si actualmente funciona el esquema de rotación del personal judicial. Acá hay un tema también crucial.
Durante 25 años en la actividad del Consejo de la Judicatura Federal no se había planteado una política de adscripciones que pusiera las reglas claras y que de alguna manera le generara, al propio Consejo de la Judicatura, como órgano encargado de este tema, límites, que le pusiera casos específicos de actuación.
Y acá se estableció una política de adscripciones a Partir de los estándares y ahí se pueden revisar, para ver cuáles son los criterios. Los criterios de dónde se desprende, estos son los informes de la relatoría de Naciones Unidas de 2009 a la fecha, específicamente el Informe de Independencia Judicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos de la Corte Interamericana, algunos a los que pertenecen los del tribunal constitucional contra Perú, rebelión Trujillo, Apis, (Inaudible) contra Venezuela, Tribunal Constitucional y Corte Suprema contra Ecuador.
Algunos más recientes como López Lone contra Honduras, estoy aludiendo algunos, pero bueno, básicamente estos son los casos específicamente sobre los que se construye esa propuesta.
Y a partir de ahí es que se obtienen los límites por los cuales podría ser trasladado un juez o una jueza. Aquí no hay un estándar tan definido, más allá de que se pongan reglas claras en este tipo de movimiento.
Lo que se hace acá, es obligar a una política al respecto. Es decir, que el Consejo de la Judicatura deba determinar cuáles van a ser las reglas del juego para este tipo de asuntos.
Y acá es done está lo importante. Lo importante es que justamente se tenga que arreglar esta facultad, de modo que se evite la arbitrariedad. Aquí, el tema central es justamente obligar a que se tenga que hacer algo al respecto para que no haya apertura total y por lo tanto ausencia de reglas que pongan en riesgo la independencia judicial y que pongan en riesgo entonces a las y los juzgadores.
Y, por último, el senador Noé Castañón hace un planteamiento muy interesante respecto a: ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda fuera? Y, perdón, entiendo que eran 10 minutos y ya es lo último que me falta. Solicito al senador Zepeda. Gracias.
¿Por qué la Suprema Corte queda fuera del tema de la carrera judicial? Acá, después de revisar temas de estándares constitucionales, el único que encuentro, que me parece bastante relevante, es un pronunciamiento de la Comisión de Venecia, en las recomendaciones al proceso de Reforma Constitucional de Moldavia, que es de 2018, y en el que dice lo siguiente. El documento está en inglés, en una traducción libre. Lo que dice, es:
“Limitar el acceso a la Suprema Corte de candidatos de cortes inferiores, puede conducir al aislamiento y promover opiniones conservadoras y rígidas”.
Acá, lo cierto es que se puede debatir también mucho al respecto, pero el tema es que, con la selección de ministras y ministros, lo que se está haciendo es un debate respecto a qué tipo de perfiles se quieren en la Suprema Corte.
Evidentemente, se buscan equilibrios y acá hay muchas discusiones que se pueden tener en torno a la igualdad de candidatas y candidatos para llegar al máximo tribunal de nuestro país.
Pero, el tema de los equipos de trabajo se puede llegar a poner ciertas reglas, pero de alguna manera condicionarlo a la carrera judicial, implica una cierta continuidad o implica de alguna manera ponerlo en un mismo saco que el resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Y acá, si lo que se busca es una Corte que precisamente sea de vanguardia, que esté transformando, que esté cambiando criterios, me parece que esta opinión de la Comisión de Venecia es bastante relevante para evitar justamente a una Corte que de alguna manera aísle al Poder Judicial de la Federación y que continúe replicando los criterios que tradicionalmente han sido parte del Poder Judicial de la Federación.
En muy resumidas cuentas, si lo que queremos es una Suprema Corte que mantenga estos criterios del Poder Judicial de la Federación, a lo mejor ponerlo en el mismo cajón de carrera judicial, podría ser la postura correcta.
Si lo que buscamos es una Corte que de alguna manera esté transformando, esté cambiando, esté contando con ideas novedosas y con otro tipo de perfiles, acá la discusión entonces estaría más bien a la idoneidad de quienes pueden llegar a la Suprema Corte y no tanto en ponerles las mismas reglas a la formación de sus equipos de trabajo.
Creo que he dado algún tipo de respuesta o alguna reflexión a los planteamientos.
Le agradezco muchísimo el tiempo.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias a usted, maestro Arturo Guerrero. Le agradecemos su participación.
Realmente los ponentes que fueron aludidos ya hablaron. Sin embargo, le quiero pedir a nuestra querida licenciada Paola Zavala, y toda vez que ella puntualizó muy claro que el tema que exponía no tenía que ver con esto, pero pedirle que nos dé un mensaje final, aunque sea breve.
LICENCIADA PAOLA ZAVALA SAEB: Sí senador. Muchas gracias por la palabra.
Hay dos cosas a las que sí me gustaría reaccionar, que creo que tienen que ver bastante con la propuesta de la sociedad civil, que vine a exponer esta mañana, sobre reinserción social, y la primera tiene que ver con lo que dijo también el senador Damián Zepeda, sobre la autonomía de la defensoría pública.
Y aquí es muy importante, en el tema que estuve platicando con ustedes, traté de exponerles que quienes están en la cárcel son personas pobres, y eso es fundamental.
Son personas que no tienen una defensa adecuada y personas que incluso pueden tener condenas muy amplias porque nadie les hizo una apelación o un amparo para reducir la sentencia y eso rompe sus filas, rompe su entorno, rompe sus familias, rompe sus hijos y genera más violencia.
Entonces, dado a los datos que les expuse, el tema de la Fiscalía es muy importante porque yo quiero pensar que si esa defensoría fuera autónoma tendría, sin duda, se fortalecería, tanto en recursos como en número de defensores.
Y, quiero darles unos datos que me parecen muy fuertes.
La semana pasada, México Evalúa presentó su publicación, que se llama “Hallazgos al sistema penal 2019”, y ahí establece datos muy fuertes.
La media de los defensores de oficio, atienden 163 casos. Entonces, si ustedes saben el trabajo que en realidad tiene un defensor, evidentemente no los atiende. Son casos que se pasan y lo que tienen de respuesta es que el 98 por ciento de las sentencias son condenatorias. Muy diferente, a cuando tú tienes acceso a un abogado privado, que te puede defender, que puede dedicarle tiempo a eso.
Entonces estamos ahí, es un tema importante. Estamos generando la criminalización de la pobreza y sobre todo la inequidad social.
Y, en ese sentido, también me gustaría reaccionar a lo que dijo el senador Dante Delgado, sobre si esta reforma al sistema judicial va a ser suficiente.
Y yo no sé si va a ser suficiente para el sistema judicial. Yo creo que no, y parto del hecho de que el 93 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.
Entonces, con el mejor del sentido que le puedan dar a la reforma y de dotar más jueces, más defensores, más ministerios públicos y todo; ¿a cuánto podemos aspirar a tener en impunidad? ¿Bajarlo 10 por ciento, 15 por ciento? ¿Que el 80 por ciento de las víctimas puedan ver a sus victimarios en la cárcel es nuestro objetivo?
No lo sé. Yo creo que el objetivo de fondo tiene que estar también acompañado de prevención, lo vuelvo a repetir. Entonces, sí pedirles senadoras, senadores, que no nos dejen solos a la sociedad civil.
No hay trabajo de reinserción social con las personas que salen de prisión. Lo que hemos hecho, lo hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, por eso todas las que nos dedicamos a esto firmamos la propuesta.
Hay una oficina en la Secretaría de Gobernación que lleva asuntos postpenales, de manera bastante general, y no le da, porque no hay trabajos, no hay metodologías, no hay una política transversal. El Presidente muchas veces ha dicho que hay que atender las causas, pero están atendiendo las causas sueltas: unas becas, programas para jóvenes; pero no hay transversalidad, no hay integralidad que en realidad nos pueda ayudar a generar políticas de prevención, no sólo de oportunidades, sino de prevención del delito.
Y, yo con esto acabo, pidiéndoles de verdad que no nos dejen solos, que nos pongan atención en este tema de prevenir, aunque nos lleve más años; porque nos va a llevar más años prevenir que meter a la gente a la cárcel.
Muchas gracias y es todo. Muchas gracias por el foro.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, licenciada.
Senador Germán.
SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Nada más es, no sé cuál sea el mecanismo para hacer llegar a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones Dictaminadoras, la relatoría o las conclusiones que este Foro ha tenido.
Yo hago mías, son para mí algunas dudas o algunos de los grandes debates que se dieron aquí, sobre reglamentación y no eliminación de la reclamación, para impugnar el desechamiento de los amparos directos, sobre todo lo que está ya en la parte final de la fracción IX del artículo 107.
Yo también tengo una conclusión de aquí, que la designación de los jueces y los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura, pudieran revisarse. Entiendo claramente que no es un derecho a la defensa, como lo dijo bien don Arturo Guerrero.
Y, tercero, yo asumo como una conclusión el necesario debate de la autonomía del Instituto de la Defensoría Pública y de la Escuela, en virtud de que esa designación va a nombrarse por lo menos unos 200 magistrados, si se convierten los unitarios en colegiados.
Ese poder inmenso de designación debe estar sujeto a algunas reglas.
Yo me quedo con esas tres, las haré esas tres conclusiones, o dudas o debates o aproximaciones, como le quieran llamar.
Les agradezco a todos los que participaron.
Mi reclamo no es a ninguno de los tres que están aquí, ni a ninguno de los de ayer, con altísimas cartas, credenciales académicas para participar; simple y sencillamente lo digo a la mesa y agradezco mucho el tiempo, señor presidente Zepeda.
SENADOR JUAN ZEPEDA: Sí, senador Germán Martínez.
Los ponentes, la dinámica, la metodología de estos dos días de trabajo en estas cuatro mesas, fue organizada y pactada por la Junta de Coordinación Política, al igual el tema de la relatoría y la conclusiones.
Ustedes saben que estas sesiones se han transmitido por el Canal del Congreso, pero seguramente estas inquietudes que el senador Germán Martínez ahora nos acaba de expresar, quedarán registradas, sin duda.
El senador Damián Zepeda también pide la palabra para hacer una puntualización.
Adelante, senador.
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES: Gracias, senador. Igualmente.
Miren, creo que escuchando un poco lo que comentan y otros ponentes, yo regreso a mi conclusión. Es más que evidente que se requiere un análisis más profundo al respecto.
Creo que lo que escuchan en ocasiones de nosotros, son posturas a veces a la defensiva porque no se está dando ese espacio, porque ya se quiere votar mañana en comisiones o pasado, porque ya se quiere pasar al Pleno, y porque vemos quienes estamos convencidos de que el sistema de justicia en México, con todos los formidables hombres y mujeres que tienen, todavía deja mucho que desear el sistema en general, estamos convencidos de que deberíamos impulsar algo mucho más profundo.
Escuchando ahora incluso el intercambio, es evidente.
No somos ajenos a los distintos modelos de Constitución. Yo soy abogado y, de preferir, preferiría una Constitución muy limpia, muy menor que establecería derechos básicos.
Sin embargo, la realidad, la realidad de la cual no puede estar ajena el Legislador, es que la construcción de consensos para los cambios, tiene numeralia, y eso implica que cuando es una reforma constitucional requiere un mayor consenso, y cuando es una reforma de ley secundaria no.
Y si vemos la historia reciente, eso lleva a que la construcción de los debates y los consensos en reformas constitucionales generan mejores productos normalmente, precisamente porque se escucha la pluralidad de ideas y luego la mayoría se aplica para leyes secundarias.
Lo digo porque el diálogo que tenemos no sólo lo tenemos entre nosotros y ustedes, sino es un diálogo con la ciudadanía que nos está escuchando, y tiene que entender el por qué de cada una de las posiciones y de los problemas que queremos resolver.
Sobre los temas particulares. Uno de los temas que nos ha alarmado a todos, y entiendo si ya no me contestan, simplemente lo dejo, es lo que hemos visto en estos estudios de nepotismo, de algunos casos de preferencias.
No son estudios míos. De hecho hoy, uno de los impulsores de la reforma, tuvo esa investigación y sí ha sido alarmante, particularmente los casos de nepotismo al interior del Poder Judicial, por supuesto sin generalizar, y por eso son las preguntas de, oigan, qué podemos hacer, esto alcanza o no alcanza, porque quisiéramos resolver el problema.
En relación con los concursos abiertos, conozco perfecto que existen, el problema es que el 87 por ciento son cerrados, al final, en la implementación.
Entonces, por eso otra vez la pregunta es qué podemos hacer para cambiar la realidad. Entonces, hacia allá van. Espero que nos entiendan y nos comprendan, de alguien que comparte la visión de carrera judicial, en términos de la defensoría y entiendo los razonamientos, pero también no soy ajeno, por ejemplo, el comentario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde sí habla de la separación del Poder Ejecutivo y también de la recomendación de que se cuente con un organismo autónomo.
De hecho, si nos vamos en estricto sentido, pues si la Fiscalía ya no depende del Ejecutivo, entonces esta complicación de que estuviera el Ejecutivo, ya ni siquiera aplica.
No, la verdad de las cosas es que lo ideal es que ambas tengan esa fortaleza, esa autonomía, esa independencia y a mí no deja de llamarme la atención que uno de los argumentos a favor de esta reforma que se está planteando, es que el Poder Judicial se especialice en lo que le corresponde y luego no se quiera soltar una materia que claramente no es de impartición de justicia, sino que es de defensoría pública de los ciudadanos, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial.
Por último, ojalá que conozcan algunas de las ideas que tenemos. Miren, en autonomía e independencia, por ejemplo, particularmente, consejero, mi respeto para usted por supuesto, entiendo que los nombramientos vienen de otra manera al interior, pero muchos de nosotros creemos que el Consejo no debe estar integrado políticamente.
O sea, esta facultad del Ejecutivo de nombrar un consejero de la Judicatura, pero como por qué, si toma decisiones de nombramientos de jueces y magistrados, qué tiene que andar haciendo el Poder Ejecutivo en ello.
Y la del Legislativo que sí, sí se justifica, por esta función de representantes ciudadanos, pues debería ser por dos terceras partes. Cómo es posible que se le dé dos terceras partes a nombramientos de órganos reguladores y no al órgano que decide los nombramientos de jueces y magistrados. Hacia allá van distintas propuestas que hemos hecho.
Igual el tema de idoneidad de los ministros. Ministras de la Corte y otros casos más.
Muchas gracias, de veras se los valoramos, sus participaciones, y bueno, la ciudadanía que sepa que es un tema muy importante que ojalá le diéramos el tiempo y la apertura necesaria.
Gracias.
SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Muchas gracias senador Damián Zepeda.
Con esta participación estamos concluyendo esta cuarta mesa. Agradecemos por supuesto que la participación de cada uno de los ponentes, nuestra ponente el día de hoy, damos por supuesto gracias a los senadores y las senadoras que acompañaron estas mesas de trabajo.
También a las personas que nos han estado acompañando en la transmisión de este día y para que podamos cerrar esta jornada de trabajo, cedo la palabra al Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, al maestro José Manuel del Río, para que continúe con el cierre de este evento.
Adelante José Manuel.
MAESTRO JOSÉ MANUEL DEL RÍO: Gracias Presidente, gracias senador Juan Zepeda, muchísimas gracias por su participación.
Ahora tendrá el uso de la palabra el senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Él, en representación del senador y presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, cerrará este ciclo de paneles, que tiene muy buenos resultados, como las conclusiones que ha señalado claramente el senador Germán Martínez. Adelante, por favor, senador Cristóbal Arias Solís.
SENADOR CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS: Muchas gracias maestro José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica.
Quiero agradecerle al senador, al doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación, que me haya solicitado que fuera el conducto para, en su nombre, el mío propio, en mi calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, que conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos, que preside la senadora Ana Lilia Rivera, habremos de avocarnos a la presentación, en su momento, del proyecto de dictamen respectivo a los integrantes de las comisiones, para analizar, valorar, discutir y, en su caso, aprobar, lo que tiene que ver con esta iniciativa de reforma para el Poder Judicial.
En principio, considero que éste ha sido un buen ejercicio el que se haya logrado abrir, con el apoyo de la Junta de Coordinación Política, con el apoyo firme, decidido del presidente, del senador Ricardo Monreal, este Parlamento Abierto respecto a la reforma para y por el Poder Judicial de la Federación.
Han sido dos días muy intensos y agradecemos mucho la participación de los ponentes, de alta calidad, prestigio, conocimiento, experiencia, y desde luego el interés de las senadoras y de los senadores, que creo que las aportaciones vienen a contribuir, a enriquecer el conocimiento y a mejorar, seguramente pues todo el proyecto que se pueda elaborar.
Quiero simplemente terminar, agradeciéndole, primero, a la senadora Sylvana Beltrones, que fue quien conducto la tercera mesa, sobre Mecanismos de Control Constitucional, en la que participaron los ponentes doctor Manuel Carbonell, doctor Enrique Rabell, doctora Fabiana Estrada, doctor José Manuel Alba de Alba. Muchas gracias por su participación.
Y lo mismo, saludar a nuestro estimado colega, senador Juan Zepeda, que condujo la cuarta mesa, sobre Los Aspectos Funcionales del Poder Judicial, en la que participaron el maestro Alejandro Sergio González, Bernabé, Juan Silva Meza, el maestro Arturo Guerrero Zazueta, el doctor Jorge Nader Kuri, y la licenciada Paola Zavala. A ella, a ellas, a todos ellos, les manifestamos nuestro profundo reconocimiento.
Y, con estas palabras, pues damos por terminado, por clausurados, estos trabajos del Parlamento Abierto para la Reforma para y por el Poder Judicial de la Federación.
Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias maestro Del Río.
